Transcurrido un mes después de haberse iniciado, terminó el paro de la Secc. 34 del SNTE, misma que agrupa al magisterio federal. Los maestros regresan a clases para terminar a marchas forzadas el ciclo escolar con la entrega de evaluaciones, y las graduaciones incluidas. Regresan sino con las manos vacías con los logros magros y poco significativos. Si se exceptúa el aumento salarial que en el mes de mayo de cada año es automático y este se entrega a todo al magisterio y no solo a los que se movilizan, el 9 % asignado este año no representa más allá de 700 pesos quincenales si este se pagara tomando como base las percepciones generales a aquellos docentes que perciben un salario mensual de 16 mil pesos. Será menos si solo impacta al sueldo base

 Los paristas se incorporaron a la movilización acudiendo al llamado de la CNTE. La demanda que pudiéramos considerara como central que los movilizó fue la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, relacionada con el régimen de las pensiones. A esta se sumó la del aumento salarial y una tercera fue la eliminación de la Unidad del Sistema de Carrera de las maestras y maestros. Ese feo y barroco aparato no es otra cosa que el USICAM. Órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y de gestión de la SEP, pero que los maestros no quieren. En teoría, vino a sustituir a la Carrera Magisterial y quitar el aspecto punitivo que cesaba a los maestros que reprobaban las evaluaciones. La CNTE le llama la ley PEÑA-AMLO. Su aplicación depende del manejo discrecional y a veces arbitrario de los funcionarios que estan a cargo de él en los estados. Y es que aquí está buena parte del manejo y distribución del presupuesto educativo. El dichoso USICAM regula el ingreso y promoción vía evaluaciones y dictámenes escalafonarios de los maestros, los cuales se quejan de la burocratización, la inequidad e injusticia con las que aplica la normatividad y toma sus decisiones.

De todas éstas demandas la más tangible, se podría decir que la única fue la del aumento salarial, que no se pagó en el monto demandado y se anunció para el magisterio en general y a nombre del CEN del SNTE que tiene la titularidad y representación legal de los maestros. En lo relacionado a las pensiones y a la abrogación del USICAM, la respuesta es la misma que la CNTE en el mar de bloqueos a calles y edificios de la capital y las negociaciones, calificó como “pura paja”: consistente en la creación de comisiones interdisciplinarias para su estudio. Al parecer, como última respuesta se consiguió que los beneficios económicos resultado de las promociones y recategorizaciones de los maestros sea el soberano y sagrado críiterio de la antigüedad. 

El paro de los maestros en Zacatecas se prolongó una semana más que el resto de los estados. Y la razón por la que permanecieron cerrada las escuelas fue básicamente porque el acuerdo de pagar las becas de los hijos de maestros, firmado como resultado del paro de febrero pasado, sigue sin cumplirse. No es tanto el dinero que se requiere, pero, el gobierno del estado que argumenta no tener recursos atribuye esta prestación al gobierno federal y como no se erradica no se ha pagado.

Tras un ms de paro, una semana más que el resto de los estados que pararon, los maestros zacatecanos que participaron con el sacrificio y desgaste que implicó tomar casetas, acudir a marchas aquí y en la ciudad de México, cerrar presidencias municipales y bloquear dependencias publicas volvieron a las aulas con logros poco tangibles. Al iniciar el paro  la presidenta Sheinbaum ya había anunciado una rebaja en los años de jubilación. Ahora nos enteramos que finalmente por decreto quedó en que: para los profesores en 2020 podrán jubilarse a los 50 años y las mujeres maestras a los 55; tres años después a los 56 y 54 y para 2034 a los 55 y 53 años, respectivamente. A estos logros se agregaría la reforma o abrogación del USICAM que pudiera darse y paren de contar.

Los maestros movilizados fueron por lana y aunque no resultaron del todo trasquilados, las conquistas no son tan tantas como para lanzar vítores y echar las campanas al vuelo.

El mayor logro fue quizá participación masiva de cientos de maestros jóvenes que hicieron su debut en el paro de febrero y ratificaron su espíritu de lucha en este mayo y junio convocados por un Comité que sorpresivamente gano la Sección gracias al abstencionismo de dos tercios de los afiliados y a la división de los hermanos adversarios: los que antes apoyaron Gordillo y ahora están o estaban con Zepeda.   

Conceptos como la justicia, la democracia y la política se encuentran actualmente muy devaluados, gracias a la desafortunada actuación de muchos políticos que han transitado en la vida pública de México. Sumamos a lo anterior, el ejercicio indebido de personas desprovistas de toda ética que han tenido la oportunidad de servir al pueblo para trascender positivamente en la historia de esta gran Nación y han desaprovechado su momento y su paso por la vida. Así las cosas, la pobreza, el desempleo y la inseguridad son producto de prácticas desafortunadas y de acciones corruptas que se han ejercido desde sexenios anteriores por los distintos partidos políticos y sus actores, en detrimento de la República Mexicana. Algunos políticos siguen aplicando las enseñanzas de Nicolás Maquiavelo quién murió el 21 de junio de 1527, desde entonces, el fin ha justificado los medios para acceder al poder, permanecer en él y engañar al pueblo, aunado a sistemas de control que han emergido del clero y los medios de comunicación. Hoy quiero defender a la política, aunque estoy consciente que ella misma se salvaguarda; con tal fin, permítanme recuperar las ideas iniciales que proponía Aristóteles sobre esta práctica. De acuerdo con el filósofo griego, en política el hombre obra siempre con el fin de lograr lo que es bueno; para este gran pensador, quién considera las cosas en su origen y principio, ya se trate de la ciudad u otra cosa, es el que logra una visión más clara sobre ellas, de ahí la importancia de que los políticos estudien y se preparen en todos aquellos órdenes en los que pretenden incursionar, la improvisación no debe tener cabida en el ejercicio político, eso lo agrego yo. Uno de mis párrafos preferidos del texto La Política de Aristóteles, es el que se refiere a la prevención: “el capaz de prever debido a su inteligencia es el que la naturaleza erige en amo y señor, y el capaz de realizar tal previsión concurriendo corporalmente es el súbdito, esclavo por naturaleza; de aquí que amo y esclavo tienen el mismo interés”; hoy tenemos que hay muy pocos intelectuales y existen en abundancia los esclavos. Aristóteles afirmaba que el hombre es el mejor de los animales cuando se ha perfeccionado y, cuando se aleja de la Ley y de la justicia, es el peor de todos. Traducido a nuestra realidad tenemos que el cúmulo de hombres y mujeres que se han alejado de la Ley y que actúan fuera de la justicia, han edificado un sistema antijurídico en donde prevalece el miedo, la irracionalidad y la desesperanza. Aristóteles sentencia que la injusticia armada es lo más peligroso; el hombre nace provisto de armas que debe emplear con inteligencia y prudencia, pudiéndolas usar también teniendo a los peores fines; por lo tanto, continúa Aristóteles, si no es virtuoso, será la más impía y salvaje entre las bestias. Para defender a la política, me asisto también del maestro Giovanni Sartori, cuyo legado seguirá vigente por mucho tiempo; al referirse a los políticos, intelectuales y tecnócratas en su obra La Política, Sartori señala que en esencia, el problema consiste en cómo el saber (el que sabe) se relaciona con el poder (el que manda) y, en este contexto, describe cuatro combinaciones posibles: 1. Poder sin saber. 2. Saber sin poder. 3. Los que saben tienen también el poder. Y, 4. Los que tienen el poder también saben. En esta tesitura, Sartori afirma que, hasta el advenimiento de la sociedad industrial, los que tenían el poder, poco o nada sabían; y los que sabían, poco o nada podían. Paradójicamente tenemos pues que vamos actualmente en la vía correcta: el detrimento de la política obedece precisamente a que los que llegan al poder no saben qué hacer con él (como en los dos últimos sexenios priistas) y, los que han acrecentado un nivel intelectual por medio del estudio y el esfuerzo, poco o nada pueden hacer ya que no son invitados a participar activamente en la toma de decisiones; visto de esta forma, si la política está degradada ante los ojos de la sociedad, es porque hemos permitido el secuestro de ella por individuos que muy poco saben, por lo que desde mi percepción, llegó la hora de que los intelectuales optemos por la incursión en la vida política del país, no como un sector privilegiado, maiceado y sectorizado, sino como una verdadera posibilidad de cambio, esta última, como aspiración demandada hasta el hastío por el pueblo de México.

Álvaro García Hernández

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El Estado mexicano experimentó, a partir de los tempranos noventa, una importante transición política que provocó, a su vez, sendas transiciones en materia democrática y, menos estudiada pero más concreta, una transición jurídica. Ésta última pasó, desde el ámbito Constitucional, que modificó la integración de los Poderes públicos, desde el Poder Legislativo, hasta el Judicial y los mecanismos de acceso al poder, hasta la operación del aparato gubernamental en distintas materias. A partir de entonces se crearon, como una innovación de la ingeniería constitucional, los órganos constitucionales autónomos, varios de ellos, recién desaparecidos en las reformas que se legislaron a finales del año próximo pasado, como propuesta de lo que se conoció como Plan C. Como consecuencia de dichas reformas nos encontramos ante un reordenamiento jurídico de dimensiones aún desconocidas, pues las reformas realizadas no se agotan en sí mismas y poco a poco producirán la necesidad de otras adecuaciones normativas, desde reglamentos internos y manuales, hasta leyes adjetivas y, pasando por la legislación subnacional. 

Particularmente nos interesa atender los retos que en materia administrativa habrán de venir. La desaparición de los órganos autónomos, así como la nueva dinámica de conformación de los órganos del Poder Judicial, incidirán en la distribución, creación y derogación de atribuciones para diferentes entes. Partamos, por ejemplo, de la modificación normativa que tendrá que venir en relación a la competencia en materia de garantía del acceso a la información pública y la transparencia. Las instituciones tendrán que fortalecer a sus órganos internos de control o equivales (una tarea, por demás, siempre pendiente), para que puedan hacerse cargo de las atribuciones que a partir de ahora tendrán como autoridades garantes. Ello en lo que hace a los órganos constitucionales autónomos prevalecientes, a los gobiernos estatales y los poderes judicial y legislativo, en ambos niveles de gobierno. Pero no solo eso, como es sabido, este derecho es lo que se conoce como un “derecho llave”, es decir, que permite, a través de su ejercicio la facilitación del ejercicio de otros; por tanto, no termina su impacto ahí, sino que además, tendrá repercusiones en otras dinámicas en trámites y procedimientos de carácter administrativo.

Otras tantas materias corren la misma suerte: telecomunicaciones, competencia económica, mejora regulatoria, energía e hidrocarburos. A ello habrá que sumar la transformación interna que vive el Poder Judicial, tanto a nivel federal, como en más de la mitad de las entidades. 

Estamos en un punto en el que, los textos y tratados que se escribieron durante el período han quedado, en muchos sentidos, obsoletos. Es, en toda forma, un nuevo orden administrativo, tanto por lo sustancial como por lo adjetivo, y más aún, como se escribió hace décadas, por el estilo muy mexicano de proceder y gestionar el conflicto en el ámbito jurídico y especialmente en lo que se conoce como la sede administrativa. El reto va más allá del Estado, sus instituciones y operadores, implica un desafío importante para el gremio del derecho, y más allá: para la sociedad en su conjunto. Entre más pronto entendamos esto, más rápido nos adaptaremos y mejoraremos el régimen que nos ha quedado de esta etapa post-transición. 

@CarlosETorres_

Por motivos políticos la Dra. Jenny González Arenas, a la sazón secretaria general del SPAUAZ, y algunos de sus seguidores, e.g. Juan Antonio Pérez o el Dr. Antonio Guzmán Fernández, tiene la tendencia a interpretar de manera sui generis la realidad. ¿Cuáles son esos motivos políticos y cuáles las lecturas divergentes de la circunstancia universitaria? La conducción autoritaria del SPAUAZ, para poder instrumentarlo como elemento decisivo en la lucha por la rectoría es el principal objetivo político. Imaginar la existencia de “toda una estructura desde el Estado que busca lo que tuvo en administraciones anteriores: un rector subordinado y una universidad sin autonomía” (Proceso, 12/05/25) o que “Jenny es una amenaza para el agotado sistema de grupos políticos que ha dominado la dinámica universitaria en las últimas cuatro décadas” (Pórtico, 9/06/25) son las “interpretaciones” ofrecidas como parte de una narrativa que busca posicionar un producto político: la candidatura de la actual secretaria general del SPAUAZ. A lo que el Dr. Guzmán Fernández añade, en entrevista en InfoTV9Zac (6/06/25) con Paco Carlos Infante la presencia de “grupos porriles pagados”. Como se ve se tiene una estructura muy bien enlazada: se tiene una institución y sus fondos que se manejan de manera discrecional y un discurso en el que cualquier critica se debe leer como “traición” o “provocación de un grupo porril pagado desde rectoría”. Lamentablemente no pueden demostrar, de manera documental, que existe tal pagó a los grupos que postulan o la supuesta “conspiración” desde gobierno del Estado para impedir que Jenny González llegue a la rectoría. Guzmán Fernández aceptó, o imaginó, que llamó al secretario general interino, Armando Flores de la Torre, para sugerirle que interviniera en los procesos de la Comisión Electoral. Si lo hizo, como presume el ex rector Fernández, fue una violación de la autonomía de la comisión. No presenta pruebas de sus dichos, por cierto. ¿Qué sí se puede documentar? Que la secretaria general del SPAUAZ, dra. Jenny González Arenas violó los derechos de una gran cantidad de agremiados y que un grupo, al que por motivos claramente políticos se nombra “porril”, impidió y logró se reestablecieran esos derechos. Juan Antonio Pérez afirma, en Pórtico (9/06/25) que “Los procesos legales, administrativos, penales y laborales están perdidos desde antes de ser iniciados, pero nunca creyeron que podían ganar”. Esto es falso. Veamos por qué. Se demandó por la integración del padrón electoral para decidir respecto a la reforma estatutaria. Se ganó, pues se demostró que el criterio utilizado por la Dra. Gonzáles Arenas estaba mal y conculcaba derechos. Las diferentes tomas del polideportivo quedan plenamente justificadas con ese resultado. ¿Con qué elementos señala el docente Pérez que se perdió? No se sabe. Otro ejemplo. La dra. González Arenas decidió que el Dr. Alberto Vélez Rodríguez no debía ser delegado porque era funcionario. O eso adujo en una reunión en la unidad de Ingeniería. Así que ordenó que no se le reconociera. Se demandó y se logró la reinstalación. ¿Qué hizo la Dra. González? Desacato la sentencia y se amparó para no pagar las multas. Puso un amparo y alegó que en lo que se resolvía el Dr. Vélez no sería reconocido como delegado. Actitud muy interesante, pues cuando ella ganó la demanda por la comisión mixta, y se interpuso un amparo, no suspendió las sesiones de la comisión. Doble rasero, incoherencia pragmática. Hay más demandas laborales: una por información y otra para que se convoque a la Asamblea General y se elija nuevo representante sindical, pues la Dra. González ya no lo es de acuerdo a estatuto. Y otra más de naturaleza penal por administración fraudulenta, equiparable a fraude. Como se puede ver sí se han ganado demandas, una se perdió y otras más están en curso. ¿Es un acto “porril” demandar a la autoridad? No, es la legitima defensa en contra de actos que se presumen arbitrarios. ¿Son acoso? Tampoco, pues se resuelven por la vía legal, con plazos y lugares establecidos por la autoridad y mediante el uso de argumentos. Decir que son “acoso” constituye una forma de victimizarse cuando las auténticas victimas del acto arbitrario son quienes demandan. ¿Fueron interpuestas por la rectoría? Pues deberían demostrarlo, porque demandaron los mismos agremiados en uso de sus derechos constitucionales contra actos arbitrarios de los dirigentes. De nuevo, es una manera de fingirse víctima del rector cuando lo que hay es un conflicto sindical iniciado por medios poco prudentes de dirigir el sindicato. Lo que hay es, de acuerdo a los documentos, es un conflicto sindical resultado de los actos arbitrarios de una dirigente mal asesorada, que no estudia de modo adecuado la norma o que prefiere subordinar su gestión a los objetivos políticos de su grupo. No hay “crisis” del sistema de grupos, hay crisis en uno de esos grupos, el que perdió por lanzar una mala candidata. Ni siquiera con el rector preso pudieron ganar, así que decir que la dirigente sindical era popular es una ilusión. Lo que el nuevo rector debe ponderar es si vale la pena negociar con un grupo que sólo conoce el chantaje y que nada tiene que ofrecer, excepto su desmedida ambición