Una regla no escrita en la política mexicana, legado del arreglo político postrevolucionario que dio lugar al régimen del partido hegemónico, establecía por costumbre, como ya se dijo, que las transformaciones de carácter institucional procedían al inicio del sexenio, como resultado de la campaña política, la mayor de las veces con cierto distanciamiento del gobierno que culminaba. Pocas veces esta regla se incumplió, y cuándo así sucedió la reacción del electo siempre fue de mesurado desacuerdo. Así pasó cuando, por ejemplo, José López Portillo, estatizó la banca y procedió a ciertas reformas ya prometidas por su sucesor, Miguel De la Madrid, quién tuvo que solicitarle a su antecesor le permitiera incidir en las primeras y lo acotó con respecto a las segundas, especialmente las relativas al combate a la corrupción. Nos referimos a 1982.
A estas alturas, para nadie debe ser una sorpresa el que la elección de 2018 dio lugar a una nueva etapa en la historia política de México. El resultado trajo una nueva expresión electoral que favoreció, con números aún superiores a los obtenidos en aquella elección, a la coalición gobernante en 2024. Esta nueva etapa tiene marcadas diferencias con las recientes costumbres y reglas no escritas de la vida pública en la etapa que conocimos como transición a la democracia, y también con la del régimen que la antecedió. Dichas diferencias se acentuaron aún más en la contienda electoral y posterior a ésta. Las candidaturas de la coalición que encabezó Claudia Sheinbaum, hoy virtual presidenta, tuvieron como principal propuesta profundizar el programa del gobierno saliente no solo en lo social sino también en una propuesta reciente en la agenda: la de reconfigurar el diseño del sistema político y democrático del país, con el que convivió y gobernó todo el período anterior, si bien, dejando siempre latente la distancia que tenía con éste, que, además, no sobra decirlo, contribuyó a diseñar, reformar, implementar y establecer, como oposición.
El resultado de la elección, presumiblemente les otorgó la representación casi suficiente en el Constituyente Permanente para remodelar dicho diseño. Y aunque la votación les favoreció con un porcentaje menor a la representación que tendrán en el Congreso de la Unión, las reglas son las reglas. Chico favor se hacen quiénes llaman a su desconocimiento “para salvar a la democracia”. No está de más recordar que la democracia no tiene futuro si no se respetan las reglas del juego, y ésas son las reglas vigentes.
Tal es el caso pues que estamos frente a una demanda cierta e innegable y un resultado electoral inobjetable, por tanto, habrá que aportar propuestas que atiendan esta realidad, con audacia para que dichas aportaciones sean innovadoras, técnicamente sustanciales y políticamente capaces de dotarse de legitimidad social. Ir en defensa de las instituciones sin estas herramientas solo polarizará un debate perdido para quienes defiendan el estatus quo.
Se puede reformar, para mejorar, sin duda, a los Poderes Judiciales; no deben dejarse fuera a las Fiscalías. Puede también explorarse la vía para reducir el tamaño y costo de los órganos constitucionales autónomos; cabe analizar la posibilidad de fusionar instancias, de evitar la duplicidad de funciones análogas o complementarias y sistematizar el funcionamiento de muchos de dichos institutos, sin menoscabo de derechos, garantías y beneficios para la sociedad. Ignorar lo anterior o negarse a dialogar al respecto solo traerá como consecuencia la imposición de una fuerza política que es imposible de vencer por la vía de los votos y la legitimidad democrática hoy. Viene pues y toca hacer una reconfiguración institucional que, con prudencia, seriedad y responsabilidad, sea gradual, no unilateral desde la coalición ganadora en las urnas y que considere que, el equilibrio en el ejercicio del poder conviene justo a los no potentados, esto es, a los más vulnerables, los que menos tienen: a los más pobres.
@CarlosETorres_
