■ Ley de Planeación establece que los programas rigen sólo por el periodo de mandato, dijo
■ “El gobierno solito se cuece en su misma salsa”, asevera el investigador de la Universidad
Las ofrecimientos futuristas a 30 o 40 años, como el referido a un plan hídrico estatal que ha divulgado el candidato priísta a la gubernatura Alejandro Tello Cristerna en la presente campaña electoral, “son una tomada de pelo” desde el punto de vista jurídico, pues la Ley de Planeación establece que los planes y programas rigen solamente por el periodo de mandato, ya sea de Presidente de la República o gobernador de una entidad –esto es seis años- o en el caso de presidentes municipales –tres-, entonces “si nos ofrecen un plan hídrico para el 2050 nos están tomando el pelo”, dijo Álvaro García, docente-investigador en la Unidad Académica de Derecho y coordinador de Monitor Ambiental Ciudadano.
Existe un problema de origen respecto de la planeación explicó, pues de acuerdo con el artículo 26 Constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo sólo es obligatorio para la administración pública federal, mientras que el sector privado y el sector social “solamente convergen con responsabilidad social”.
“Es decir, el gobierno solito se cuece en su misma salsa”, de tal manera que puede acotarse a sí mismo pero el mercado no tiene acotación y quienes en él funcionan, sí puede hacer proyecciones a 30, 40 o 100 años.
“En estricto sentido a la lectura del texto constitucional los artículos 25 y el 26, las empresas van por la libre en el desarrollo nacional, es decir no hay quien los sujete a parámetros establecidos de carácter ambiental o sociológico. La Constitución solamente obliga en materia de desarrollo nacional a mismo Estado y a la administración pública”, reiteró.
Para Álvaro García es necesario cambiar de estrategia, reformar la Constitución para que tanto el sector privado y el social “tengan responsabilidad respecto al desarrollo nacional y de esa manera poderlos sujetar a parámetros socioambientales”, de otra manera las empresas que persiguen sólo su interés económico seguirán afectando a las comunidades y al estado, al saquear sus recursos naturales, sea el agua, los minerales o los productos agrícolas o silvícolas, prácticamente sin recibir sanción alguna o sin intervenir en la remediación de los daños.
Se requiere una mayor solidaridad del sector social y el sector industrial “porque de otra manera el gobierno solito nos engaña diciendo que al 2030 va a resolver el problema de la pobreza, y en 2030 no sabemos si un nuevo partido esté gobernando -y de qué características-, y si realmente la pobreza le interese como un elemento a solucionar”.
Por ello reiteró son “tomadas de pelo”, aberraciones jurídicas, los ofrecimientos que “los candidatos con el ánimo de allegarse votos ofertan, aprovechándose de la ignorancia de la ciudadanía”.
Se requieren reformas constitucionales y a la Ley de Planeación actualmente en vigor, de la que la correspondiente zacatecana es una copia, para que puedan proponerse programas regionales, porque no es lo mismo el semidesierto que los cañones, ejemplificó.
“Y donde se vean estas cuestiones de la carencia del agua y el asunto del aprovechamiento de la minería. Y que de alguna manera la sociedad se vea beneficiada, porque ya basta de saqueo, desde a Colonia hasta el 2016 ha sido puro saqueo para el estado de Zacatecas”.
Comentó que como organización, Monitor Ambiental Ciudadano está trabajando para presentar un documento ante la Organización de las Naciones Unidas, donde se denunciará que todas las declaraciones y posturas que se han ofertado a nivel internacional en materia ambiental, no son tomadas en cuenta por las autoridades federales y locales, pues siguen permitiendo la violación a derechos constitucionales a un medio ambiente sano, al agua y a la salud.
Se manifestará asimismo un pronunciamiento en exigencia de que pare el saqueo de los recursos naturales de Zacatecas, pero asimismo el de la riqueza cultural de la gente.
“Hemos hecho ya algunas propuestas para modificar, adicionar o reformar la Constitución, y también la particular del estado, conjuntamente con los sistemas de planeación que solamente rigen para el propio gobierno dejando fuera y de manos libres a los industriales, a los empresarios, que son los que vienen a afectar los intereses ambientales de Zacatecas”.
