Hace ya 37 años en Bogotá, Colombia, se decretó el 30 de marzo como un día para conmemorar a las trabajadoras del hogar. Ocurrió en el marco de un congreso internacional del que surgiría la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), unión de sindicatos y organizaciones de la región, proactivos en la lucha por los derechos de este segmento laboral. Participaron entonces once países, México entre ellos.
Una de las finalidades de asentar esta fecha en los anales de la historia, fue poner los reflectores sobre la trascendencia social de un contingente de trabajadoras que resultan claves para sobrellevar el día a día de las familias, pero que a su vez son uno de los más ignorados y frágiles en términos de garantías laborales.
Hoy como entonces, sigue siendo pertinente mantener el foco en el tema, porque como problema social es crítico y tiene vigencia en todas las sociedades. Cierto que la agenda política de las naciones y los organismos internacionales ya consideran la protección de este sector laboral, pero las políticas públicas y las particulares normativas que se han generado en las dos últimas décadas, aun son insuficientes para solventar los numerosos aspectos que reportan déficit: los salarios, desde luego, que suelen ser más bajos que el promedio, incluso si se comparan con otros rubros informales; el cuadro de prestaciones, la jornada laboral, la organización y el respeto a la dignidad humana.
Observando solo el caso mexicano, el programa piloto que arrancó el año 2019 no ha conseguido la incorporación al régimen de seguridad social obligatorio, ni siquiera del 3% del total de empleados y empleadas de los hogares. Mas aún, después de Guatemala y Bolivia, México es el tercer país con menor registro formal para esta categoría de trabajadores.
Los datos previos contrastan con Uruguay, Chile y Brasil que en el extremo opuesto han logrado formalizar más del 28% de los empleados de casas particulares. Uruguay, en concreto, es un caso ejemplar que supera el 53%, y cuenta con una elevada tasa sindicalización en el ramo. Con todo, la vulnerabilidad jurídica y social del sector es también ahí preocupante.
Volviendo a México, sí se han dado pasos hacia la regularización de este sector laboral, en los términos de la legislación del trabajo vigente, que, aunque imperfecta, presenta algunas ventajas. Pero esos pasos son sumamente lentos y los avances se enfrentan con resistencias culturales, inercias y prácticas de fuerte arraigo social, de la parte patronal. Incluso la renuencia a presionar por su registro parece venir de las propias trabajadoras, quienes han manifestado temor de perder su empleo si exigen la firma de un contrato, o mejores condiciones laborales; prefiriendo en muchas ocasiones, continuar realizando acuerdos orales sin un documento que establezca con claridad los términos del empleo. Destaca a su vez el hecho de que ellas mismas no asumen su actividad como una actividad con valor social, que merezca todas las garantías previstas en la legislación. Esto como resultado de la discriminación y la falta de reconocimiento que pesa sobre el trabajo doméstico, sea o no remunerado, pero también debido a la naturalización de estas labores como intrínsecamente femeninas y su falsa consideración como quehaceres de menor importancia.
Las trabajadoras del hogar son, generalmente, mujeres de hogares con muchas carencias materiales y con bajos niveles de educación formal, que además de realizar trabajos de cuidados en su entorno familiar incursionan en el empleo doméstico como una opción de fácil ingreso, donde no se les exige, en apariencia, instrucción escolar. Lo eligen aun a sabiendas de que es un trabajo precarizado, que si bien permite contribuir a solventar las necesidades cotidianas difícilmente significará una mejora sustancial en sus condiciones de vida.
Estas dinámicas impiden el reconocimiento del trabajo doméstico remunerado como algo más que una ayuda para mantener el orden de los hogares, soslayando que se trata de una actividad laboral digna, fundamental para el funcionamiento de la sociedad y que por ende debe ser debidamente regulada para proteger a las trabajadoras.
Así, la discriminación social y cultural que padecen las trabajadoras del hogar impacta de manera directa en sus condiciones laborales, por ello un cambio legislativo resulta insuficiente si no se acompaña de un verdadero cambio social.
Fuentes
Artza, Larraitz (2022) Imaginar una seguridad social para las trabajadoras del hogar en América Latina, Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar.
Las afirmaciones vertidas por las trabajadoras del hogar, a que se refiere este texto, proceden de un levantamiento de datos a través de entrevistas a profundidad, realizadas para conocer su perspectiva sobre el empleo que realizan. La investigación corresponde al proyecto “Incidencia de procesos regionales en la precariedad y vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas en Zacatecas”, perteneciente al programa de Estancias posdoctorales por México, CONAHCYT (SECIHTI).
