■ Autoridades, sin garantizar la seguridad de la población y de los defensores sociales
■ Se está dando seguimiento a los avances de la investigación realizada por la Fiscalía estatal
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) lamentó y reprobó el asesinato de la activista Paulina Gómez, localizada sin vida en el municipio de El Salvador, en días pasados.
Al respecto señaló que las autoridades son las únicas responsables de garantizar la seguridad es de la población en general, y por lo tanto también de los defensores sociales, sin embargo, no están cumpliendo con esto.
Es por esto que los organismos defensores de derechos humanos hacen un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales para que garanticen la vida y la integridad personal de todos los defensores de derechos humanos en el país, tanto de la sociedad civil como de organismos públicos.
María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión, señaló la importancia de que funcione en todo el país el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, así como la necesidad de que se establezca un mecanismo de carácter estatal.
Afirmó que que están dando seguimiento a los avances de la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de la activista y se conozca su verdad legal e histórica.
En cuanto al hecho sucedido el domingo, donde se encontró sin vida al imputado por el asesinato de Gómez dentro del centro penitenciario, dio a conocer que se inició una queja oficiosa por el presunto suicidio.
En ese sentido, una vez que se haga la investigación correspondiente se dará una recomendación pertinente, sobre todo dirigida a mejorar y fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia de las personas privadas de la libertad “a fin de que cualquier circunstancia que ponga en peligro su integridad personal o su vida puedan ser atendidas de manera inmediata” y evitar que se pierdan vidas.
Dicha recomendación no sería la primera emitida por la CDHEZ hacia los centros penitenciarios, pues previamente se les solicitó evitar que en las cárceles distritales se ingresen mujeres, tras la violación de las garantías individuales de una reclusa.
