¿Cuál es el principal problema organizativo del Sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Quedó de manifiesto en el último intento de suplantación de las bases sindicales por parte del comité ejecutivo con su “paro general”. Se puede formular de la siguiente manera: los agremiados al sindicato no hacen funcionar los órganos de gobierno y decisión. La Asamblea General no logra el quórum, en la Coordinadora de delegaciones resulta imposible conjuntar a dos terceras partes de los representantes. Situación que se repite en todas las Asambleas Delegacionales de más de 20 integrantes, e incluso a veces en las pequeñas. En resumen, el SPAUAZ no funciona de acuerdo a sus principios estatutarios. Y está dividido. ¿Por qué? De nuevo, la inoperancia de los órganos de gobierno impide que los conflictos internos se resuelvan mediante los arreglos institucionales estipulados en los estatutos, y se prolongan indefinidamente. Lo que ocasiona debilidad ante la patronal y pone en riesgo la titularidad del contrato. Por ende, del irresuelto problema de organización se transita a la polarización y con esto a la posibilidad de una escisión en el SPAUAZ. Y esto retroalimenta la inoperancia, pues ante situaciones de enfrentamiento interno los agremiados se alejan y recurren a la patronal, porque allá sí les resuelven. Así, se genera una espiral viciosa. En este diagnóstico, con ciertos matices, están de acuerdo casi todos los grupos de opinión al interior del sindicato, y respecto de su solución existen diferentes propuestas en el plexo del mismo. Se reitera, el problema es cómo lograr que las personas participen en el SPAUAZ, pues este se postula como sindicato democrático, incluyente, que representa los intereses de todos sus agremiados y busca su bienestar. Existen dos posturas muy claras. Por un lado, están aquellos que consideran a los agremiados criminales, pues al ausentarse de las sesiones convocadas por los órganos de gobierno cometen un delito que amerita un castigo. No buscan incentivar la participación sino generar coerción para doblegar voluntades a través de sanciones que van desde una problemática “suspensión temporal” de derechos sindicales, hasta una ilegal expulsión del sindicato, que en su banal lenguaje burocrático denominan “baja”. Véanse los artículos 12 y 26 fracción XVbis del “Proyecto de Reforma Estatutaria Integral” del Grupo Plural. Sin embargo, no contemplan castigos para los funcionarios sindicales que incumplan sus deberes, dejan eso en la indefinición, lo que equivale a arbitrariedad y manejo político. Por el otro, se ubican aquellos que consideran prudente conceder a los agremiados el beneficio de la duda, pues las ausencias no son un crimen ni están, de necesidad, injustificadas. Así, desde esta visión, que recoge los principios estatutarios, pues se debe representar y beneficiar a todos (“para todos todo, para nosotros nada”) sin criminalizar conductas que no constituyen delito, la propuesta es incentivar a los sindicalizados a participar en los órganos de decisión. Tales incentivos serían bonos concedidos a quienes asistan a todas las reuniones convocadas por las diferentes asambleas delegacionales o la Asamblea general. Por supuesto, al contrario de la primera postura, esta última se funda en una lectura de los principios estatutarios, como ya se mencionó, en particular de los contenidos en los Estatutos vigentes en las fracciones I de los principios básicos y A de la declaración de principios. Para expresarlo sintéticamente: los incentivos buscan mejorar el bienestar de los agremiados a la vez que inculcan la participación. ¿Qué idea de bienestar subyace a los castigos? Corresponde al Grupo plural argumentar su idea de criminalizar las ausencias. Es, por otra parte, muy sencillo establecer la idea de bienestar que sustenta la propuesta de los incentivos desde un punto de vista de la teoría del bienestar. Si los incentivos no se otorgan, porque la gente no logró cumplir los requisitos en un primer momento, nadie pierde: ni derechos, ni dinero, ni tiempo. Pero si se llegan a otorgar, entonces algunos ganan y nadie pierde, lo que configura un optimo de bienestar de Pareto. Además, se reconoce que no son los docentes los culpables de la falta de participación, sino los dirigentes sindicales que no saben, no pueden y no quieren comunicarse de manera abierta con sus bases. De manera que, congruentes con esta idea, se proponen multas y sanciones de todo tipo a los líderes que no presenten programa de trabajo, que lo presenten y no lo cumplan, que no informen los resultados de sus acciones o que no los haya, que no sean eficientes y eficaces. Los sindicalizados tienen trabajo por hacer en la universidad, los líderes tienen descarga para realizar labores definidas, no cumplir con estas es robar al gremio. Ausentarse de una reunión es el resultado de una contingencia o un juicio sumario contra quienes no saben organizar la defensa y se les paga para ello. Para concluir: la propuesta es oponerse a la criminalización de los miembros del SPAUAZ, contribuir a su bienestar y exigir más a los líderes sindicales. Muchas veces, desde la burocracia sindical, los dirigentes vindican sus salarios y privilegios, para dejar en el olvido las responsabilidades que les competen. Contra esto los sindicalizados democráticos y críticos debemos alzar la voz.
El Spauaz en su laberinto. Para todos todo, para nosotros nada
