El próximo domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará al Congreso de la Unión, por medio de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, su primer informe de gobierno. Posteriormente, desde el Palacio Nacional, emitirá un mensaje a la nación, que se transmitirá por radio en cadena nacional. Hay expectación y dudas por lo que expondrá acerca de la inseguridad y el desempeño de la economía, rubros que comienzan a deprimir hasta a quienes más confiaban en él.
Ya que la situación sobre violencia e inseguridad es la que más trastorna estos días a la sociedad, conviene echar un vistazo a las estadísticas de la barbarie.
De entrada, es poco alentador que el Presidente de la República reconozca que una de las mayores dificultades que enfrenta su gobierno es la inseguridad: “Un grave problema es la inseguridad y la violencia. Eso es lo que más me preocupa, porque se dejó crecer, se atendió mal, en el mejor de los casos no se aplicó una estrategia correcta”, dijo ayer jueves en su conferencia de prensa mañanera.
Sí, poco alentador debe ser que violencia e inseguridad sean reconocidas como el mayor problema de México. ¿Pero de qué sirve reconocerlo si los resultados de las estrategias para erradicarlas poco o nada han logrado?
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) indican que de enero a junio de este año se registraron 17 mil 138 víctimas de homicidio doloso, o sean 94.68 asesinatos diarios.
La anterior cifra es ascendente desde 2015, cuando en el primer semestre de ese año se contaron 6.68 casos por cada 100 mil habitantes; 7.47 casos en el mismo periodo de 2016; 9.6 en 2017; 11.21 el año pasado y en este 2019, año que ya apunta a ser el más violento desde 1997, la tasa de homicidios dolosos ascendió en seis meses a 11.59 asesinatos.
Ante esta escalada, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está muy lejos de resolver una de las principales promesas con las que cautivó el 2 julio del año pasado a 30 millones 113 mil votantes que representaron 53.19% de los sufragios emitidos.
Si los pasados meses ya fueron demasiado cruentos, este agosto tiende a ubicarse entre los peores, con los 28 asesinatos cometidos la madrugada del pasado martes en Coatzacoalcos, Veracruz, una entidad tristemente caracterizada por la barbarie criminal y la mayor impunidad, aparentemente propiciada por gobernadores reiteradamente acusados de corrupción.
Bajo este funesto panorama, debe quedar poco aliento para el optimismo de quienes votaron por la Cuarta Transformación.
Cierto es que nadie debería, sensatamente, tener la esperanza de que en meses o uno o dos años se superara totalmente la oleada criminal que asuela al país. Decenios de descomposición social, de corrupción e impunidad no podrían superarse mágicamente en poco tiempo.
Lo más seguro es que tampoco, ninguna persona bien intencionada, haya pensado, después del arrollador triunfo electoral de la coalición de partidos Juntos Haremos Historia, que la oleada criminal alcanzara la magnitud ahora registrada y nunca antes vista. Esto es lo que comienza a desesperanzar y a desesperar a la sociedad.
Hora es de que las poses de autosuficiencia del Presidente queden atrás. Ante los nulos resultados en el combate a la violencia provocada por los cárteles de la droga, es irrazonable continuar el discurso de que las estrategias contra la violencia son acertadas y todo es cuestión de esperar. ¿Esperar qué?
Por lo visto, el Plan Nacional de Desarrollo no puede ser eje del combate a la delincuencia. La asistencia a grupos económicos vulnerables tiene sus bondades; quizás sean remediaciones redituables a largo plazo, pero nada garantiza que al resolver o atenuar los problemas del “pueblo bueno” se disolverá la criminalidad.
Es posible que la Guardia Nacional logre mejorar las estrategias, apaciguar a la delincuencia organizada, pero cuánto tiempo habrá que esperar para tener buenos resultados.
La rendición del primer informe de gobierno deberá ser, además de realista, la oportunidad de anunciar cambios en la forma de gobierno.
No logrará el Presidente una verdadera gobernanza sin abandonar el autoritarismo y su desenfado, a veces cercano a la irresponsabilidad, de los que hace gala.
Involucrar verdaderamente a la sociedad, lograr la plena participación ciudadana de todos los sectores en los planes de gobierno es imprescindible. México no puede gobernarse solo con buenas intenciones mesiánicas. La lucha contra el crimen exige un cambio de rumbo y todos debemos sumarnos a un nuevo esfuerzo.
*Titular de la Coordinación Estatal de Planeación
