A la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo lugar el secuestro de un grupo de estudiantes normalistas que, 11 años después, continúa sin ser esclarecido. Los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que desaparecieron en circunstancias caracterizadas por su opacidad, siguen siendo una deuda del Estado mexicano. Después de una década y no obstante la variedad de estrategias surgidas desde los tres poderes de la Unión, el Estado no ha logrado superar su déficit en tres compromisos insoslayables: seguridad, justicia y educación.
En dichos ámbitos el Estado mexicano ha demostrado una y otra vez sus limitaciones para aclarar las causas profundas de esta inaudita acción y para cumplir con sus encargos fundacionales: la seguridad de la ciudadanía y la procuración de justicia. En el mismo sentido –y sin ignorar que la educación nacional ha tenido momentos luminosos– existe una deuda histórica de los sucesivos gobiernos nacionales para atender en forma consistente el complejo ámbito educativo y especialmente para responder a las demandas de los sectores más necesitados de la sociedad, entre los que destaca el medio indígena y campesino. Las normales rurales han sido, desde su fundación y a lo largo de un siglo, portadoras de una tradición educativa de izquierda que ha dado forma a su identidad crítica y emancipadora.
Tal es el marco en que se inscribe la obra La orfandad institucional: el caso Ayotzinapa, firmada por Angélica Cuéllar, Analy Loera y Christian Ascencio, (México, UNAM-Tirant lo Blanch, 2024) quienes ofrecen un riguroso esfuerzo de sistematización de información y análisis, el cual pone de relieve el compromiso de un amplio y destacado grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
A través de un completo recorrido, plasmado en cuatro capítulos, el libro ofrece una detallada reconstrucción de las diversas dimensiones del caso: el contexto sociopolítico a partir del segundo gobierno de Acción Nacional; el estigma del normalismo rural y el papel del partido predominante en México a lo largo del siglo XX. Asimismo, el libro disecciona el concepto de verdad histórica refiriendo sucesos y datos cruciales que permiten conocer las inconsistencias y contradicciones de un hecho social en que prevalecieron la opacidad y la desinformación.
Entre las múltiples aportaciones de la obra se encuentra la construcción y adaptación de categorías e interpretaciones de gran pertinencia para el análisis sociojurídico. Es el caso del concepto de orfandad institucional, referido al abandono, por la autoridad, de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En este abandono se alude a la extrema burocratización y sesgo en los procedimientos jurídicos. Decir orfandad institucional evoca a Ayotzinapa pero, sin duda, lleva a caracterizar un entramado judicial que no ha logrado responder a las demandas sociales en nuestro país.
Hoy con el magisterio nuevamente en las calles, las escuelas parcialmente cerradas y miles de niños lejos de las aulas, se evidencian problemas de un orden más profundo. Si bien algunos son de carácter estructural, debe reconocerse que también ha surgido una nueva problemática que hoy confronta a maestros con el segundo gobierno de la Cuarta Transformación y que demanda urgente atención de las instituciones.
La orfandad institucional nos recuerda la confluencia de ángulos que hoy adquieren plena vigencia. La responsabilidad del Estado para garantizar la ausencia de riesgos para la sociedad en su conjunto; la exigencia social de contar con un sistema judicial justo y eficiente, y la urgencia de concretar el compromiso para que la educación llegue a cada rincón geográfico y sector social del país. Todas ellas son deudas que a nadie conviene seguir postergando.
* Investigador del IISUE-UNAM
