En el marco del proceso electoral para la designación de magistraturas en Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) organizó el Foro de Debate entre las candidaturas a las magistraturas del Primer y Segundo Cargo de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El evento fue moderado por Jorge Chiquito Díaz de León.
Durante el foro, los candidatos abordaron temas clave relacionados con el derecho familiar, como la valoración de la idoneidad para la custodia de menores, estrategias para hacer la justicia familiar más ágil y accesible, y la garantía de que las sentencias respondan al interés superior de la niñez.
Inicialmente en su intervención, Norma Araceli Pérez Jiménez destacó su trayectoria de 25 años en la carrera judicial, 17 de ellos como jueza en diversas materias. Señaló que busca fortalecer el sistema de justicia con base en su experiencia profesional, personal y académica.
José Abelardo Moreno Gómez, con 27 años de experiencia profesional y 24 en el ámbito judicial, expuso su formación académica que incluye un doctorado y varias maestrías. Subrayó su compromiso con el servicio a la sociedad y su deseo de continuar apoyando a las familias desde una magistratura.
Por su parte, Silvia Priscila Esparza Rodarte compartió su formación en Derecho Electoral y Civil, así como su trayectoria judicial desde 2005. Actualmente es jueza en el juzgado tercero familia y expresó que su motivación principal es proteger a las familias, especialmente a niñas, niños y mujeres.
Durante el primer bloque temático, enfocado en Derecho General, Moreno Gómez respondió cómo garantizar que la segunda instancia judicial no se convierta en un trámite meramente formal. Señaló que esta etapa debe ser un espacio de justicia sustantiva, donde se revisen a fondo las resoluciones de primera instancia.
Para lograrlo, afirmó que es indispensable que los magistrados cuenten con una formación sólida, ética profesional y sentido humano, lo que permitirá emitir resoluciones bien fundamentadas, que protejan los derechos de las personas apelantes.
Esparza Rodarte abordó el valor de la argumentación jurídica como herramienta de legitimidad judicial. Destacó la importancia de emitir resoluciones claras, bien fundamentadas y con lenguaje accesible, permitiendo que cualquier persona entienda los motivos de la sentencia. Para ella, la argumentación debe explicar cómo se aplica el precepto legal al caso concreto y garantizar que la resolución sea comprensible y oportuna.
Por su parte, Pérez Jiménez explicó cómo su actuación como juzgadora reflejaría los valores constitucionales más allá de la literalidad de la norma. Indicó que, aunque la primera aproximación a una ley es su interpretación literal, muchas veces es necesario ir más allá y aplicar principios constitucionales, tratados internacionales y precedentes judiciales. Afirmó que el juzgador debe tener conciencia de las herramientas jurídicas disponibles para emitir resoluciones justas.
Posteriormente en el segundo bloque basado en Derechos Humanos, Impartición de Justicia e Independencia Judicial, Esparza Rodarte fue cuestionada sobre cómo impulsar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Propuso una justicia más cercana y sensible, en la que los jueces se comuniquen directamente con las partes, escuchen sus emociones y expliquen de forma clara el proceso. Planteó que esta cercanía puede agilizar los procedimientos y fomentar la conciliación, disminuyendo la carga emocional y económica de los litigantes.
Pérez Jiménez al responder cómo integraría la perspectiva de género en su labor, señaló que esta visión ya no es opcional, sino una exigencia constitucional y legal.
Explicó que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares obliga a juzgar con perspectiva de género, lo que implica detectar situaciones de vulnerabilidad y aplicar medidas de protección efectivas. Subrayó que este enfoque no se limita a mujeres, sino que debe extenderse a personas mayores, con discapacidad o en contextos de discriminación, a quienes se debe garantizar una resolución que incluya acciones de protección real.
Finalmente, Moreno Gómez reflexionó sobre si el derecho debe tener una función transformadora de la sociedad. Afirmó que existe una relación bidireccional: el derecho transforma a la sociedad, pero también la sociedad moldea al derecho.
En el tercer y último bloque temático, se abordaron cuestiones relacionadas con el derecho familiar. Los candidatos discutieron cómo valorar la idoneidad de los solicitantes de custodia de niños, niñas y adolescentes, destacando la importancia de analizar tanto la evidencia presentada como la posibilidad de ordenar pruebas adicionales para obtener más información.
Un aspecto clave fue la importancia de escuchar al menor, ya sea en audiencias especiales o de manera directa, para conocer sus deseos sin que esto sea determinante para la sentencia, pero sí un elemento importante en la decisión.
Respecto a la agilidad y accesibilidad de la justicia familiar, se propusieron diversas estrategias, tales como la mejora en la capacitación de los jueces, abogados y la sociedad en general, con un enfoque en la difusión y profesionalización del sistema judicial familiar. También se mencionó la necesidad de acercar la justicia a la gente y de aplicar un trato más cercano y sensible para lograr una mayor eficacia.
Finalmente, se habló de la importancia de garantizar que las sentencias respondan a los intereses superiores de la niñez, no solo siguiendo formalismos jurídicos, sino atendiendo de manera prioritaria los derechos de los menores en casos de custodia, alimentos y otros temas relacionados.
Escuchar a los niños y contar con el apoyo de profesionales como psicólogos y tutores fue considerado esencial para asegurar que las decisiones judiciales favorezcan el bienestar del menor, especialmente en procesos como divorcios o disputas de custodia.
