En sesión de la Comisión Permanente de la LXV Legislatura de Zacatecas, este 28 de enero se propuso modificar el Código Penal en materia de delitos de tránsito para clarificar conductas relacionadas con el manejo de vehículos bajo el influjo de alcohol o drogas. Además, se planteó una reforma al Código Penal sobre feminicidio, incorporando agravantes. Finalmente se planteó la creación de una comisión especial para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de garantizar que las actividades del 8 de marzo se desarrollen de forma pacífica y respetuosa.
Durante el desahogo de la sesión, el diputado Martín Álvarez Casio presentó una propuesta para modificar el Código Penal de Zacatecas en relación con los delitos de tránsito, con el objetivo de aclarar y ajustar la clasificación de ciertas conductas viales.
La iniciativa de decreto está encaminada a dar claridad y certeza jurídica en artículos que tipifican conductas por el manejo de vehículos automotor bajo el influjo de alcohol o algún narcótico, que prohíben rebasar invadiendo carril, en curva, pendiente, columpio, elevación de terreno o lugares sin visibilidad, y que prohíben estacionarse sobre la carretera, sin luces, sin abanderamiento, en curva o columpio, comportamientos que, sentencia, por su naturaleza no merecen una sanción criminal sino administrativa.
El objetivo pues de la reforma, según explico el diputado en el pleno, es eliminar la confusión jurídica que genera la doble sanción (penal y administrativa) por las mismas infracciones, buscando simplificar el proceso y asegurar una respuesta más eficiente y adecuada a la gravedad de cada infracción.
Asimismo, Álvarez Casio presentó una iniciativa para modificar el Código Penal de Zacatecas en relación con el feminicidio, con el objetivo de agregar agravantes a este delito debido al creciente número de casos de violencia de género que han afectado gravemente a la sociedad, especialmente a las mujeres. La propuesta busca actualizar la legislación en consonancia con la evolución de la violencia y las necesidades de protección de las mujeres, incorporando nuevas agravantes que tomen en cuenta la edad de la víctima, su vulnerabilidad, discapacidad, situación de subordinación en la función pública y desventaja social.
La propuesta también resalta la importancia de combinar cambios legislativos con políticas públicas integrales que aborden la reeducación de género y la participación activa de diferentes sectores de la sociedad, como autoridades, organizaciones sociales, instituciones educativas, profesionales de la salud y las familias.
“A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de treinta a cincuenta años de prisión y multa de trescientas a trescientas sesenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometió el delito. La pena aumentará hasta en un tercio, tratándose de víctima menor de edad, embarazada, adulta mayor, con discapacidad o que pertenezca a pueblos indígenas o afromexicanos, así mismo, cuando el sujeto activo sea servidor público y haya incurrido en la conducta aprovechando tal carácter”.
Finalmente, y en asuntos generales, Renata Libertad Ávila Valadez expresó su firme compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Recordó los hechos lamentables ocurridos el 8 de marzo de 2024, que marcaron profundamente a la sociedad zacatecana y la lucha histórica por la igualdad, justicia y respeto a los derechos de las mujeres. En este contexto, recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a diversas autoridades, destacando violaciones a derechos fundamentales que no deben quedar impunes ni ser olvidadas.
Ávila Valadez propuso la creación de una comisión especial de seguimiento para garantizar que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asegurando la reparación integral del daño a las víctimas, las garantías de no repetición y la disculpa pública solicitada. Esta comisión especial tendría un enfoque plural, con participación de legisladores, expertos en derechos humanos, organizaciones civiles y representantes del movimiento feminista, buscando transparencia, evaluación y colaboración interinstitucional en la implementación de las medidas.
Subrayó que la creación de esta comisión no solo es un acto político, sino un compromiso ético con las mujeres y con la sociedad zacatecana, resaltando la importancia de trabajar por una cultura legislativa que prevenga violaciones y garantice justicia. Finalmente, reiteró el compromiso de asegurar que la marcha del 8 de marzo de 2025 sea un evento libre de violencia, y que no se repitan los hechos ocurridos en 2024, destacando la responsabilidad de la legislatura en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
