En la mañanera de este pasado viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso un caso que, aseguró, simboliza las razones estructurales detrás de la reforma al Poder Judicial: el prolongado y millonario litigio fiscal de Grupo Salinas. La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, denunció que este conglomerado empresarial ha acumulado un adeudo de 74 mil millones de pesos, es decir equivale al 184% de los ingresos proyectados para Zacatecas o, dicho de otro modo, lo que el estado recaudaría en casi dos años completos.
Durante los últimos 16 años, un adeudo fiscal superior a los 74 mil millones de pesos ha permanecido sin saldarse por parte de Grupo Salinas, el cual enfrenta al menos 32 juicios activos que abarcan todas las instancias del Poder Judicial. De acuerdo con el especialista Galeano, el caso tiene procesos abiertos desde 2008 y se ha caracterizado por una estrategia legal diseñada para aplazar indefinidamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esta táctica incluye el uso sistemático de recursos de revocación, juicios de nulidad, amparos, así como recusaciones e impedimentos contra ministros, con el objetivo de obstaculizar resoluciones definitivas. Tan solo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concentran tres juicios que involucran más de 26 mil millones de pesos, cifra que representa aproximadamente una tercera parte del total adeudado.
El detalle de los juicios es el siguiente: 3 juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 juicios delicados en Tribunales Colegiados de Circuito, que suman más de 20 mil millones de pesos, 11 juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por 8 mil millones de pesos y 13 procedimientos en trámite ante el SAT, que representan otros 20 mil millones de pesos.
La Procuradora explicó que el grupo ha desplegado una estrategia legal intensiva para postergar indefinidamente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, utilizando todos los recursos procesales posibles: desde amparos hasta 7 recusaciones contra ministros de la Suprema Corte, argumentando supuestos conflictos de interés, a pesar de que los fallos han ratificado la legalidad de los procedimientos fiscales.
La presidenta Claudia Sheinbaum usó el caso de Grupo Salinas como ejemplo de por qué es necesaria la reforma al Poder Judicial, señalando que las críticas a la elección popular de jueces vienen de quienes se beneficiaban de un sistema de privilegios y corrupción. Afirmó que ministros salientes permitieron retrasos judiciales que favorecieron a poderosos, y urgió a la Corte a resolver juicios fiscales pendientes antes del 1º de septiembre. Si no lo hacen, exigirá que los nuevos ministros reciban expedientes completos.
Además, anunció reformas para agilizar procesos y evitar abusos del amparo, sin eliminarlo, y criticó las maniobras legales que retrasan la justicia.
Asimismo, se confirmó que TV Azteca ya no recibe recursos por concepto de publicidad oficial desde el año pasado. “¿Por qué?, pues porque debe impuestos. ¿Cómo le vamos a pagar nosotros a quien le debe impuestos al erario?” afirmó.
Al realizar un ejercicio comparativo con la Ley de Ingresos del estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal vigente, aprobada por la 65 Legislatura local, se advierte la magnitud del adeudo. De acuerdo con dicho ordenamiento, se estima que el gobierno estatal percibirá durante el presente año un total de 40 mil 122 millones 468 mil 266 pesos por concepto de ingresos ordinarios y extraordinarios, provenientes de fuentes como participaciones federales, aportaciones, impuestos estatales, derechos, productos y aprovechamientos.
Esta proyección presupuestaria resulta especialmente significativa cuando se compara con la deuda atribuida al citado grupo empresarial, la cual asciende a aproximadamente 74 mil millones de pesos. El contraste evidencia que el monto que adeuda dicha empresa representa casi el doble de lo que Zacatecas planea recaudar en todo un año. Para dimensionar aún más esta relación: la deuda equivale al 184 por ciento de los ingresos estatales proyectados, o dicho de otro modo, lo que el estado recaudaría en casi dos años completos.
Grupo Salinas respondió de forma enérgica a los señalamientos, acusando al Estado mexicano de llevar a cabo una campaña de acoso sistemático, presión política y extorsión fiscal en su contra. En un comunicado, el grupo empresarial afirma que las declaraciones de la Procuradora Fiscal, representan una forma de autoritarismo que busca silenciar voces críticas al poder, utilizando a las instituciones fiscales y judiciales como instrumentos de intimidación.
El comunicado denuncia que los supuestos adeudos fiscales son producto de resoluciones ilegales, cobros dobles y abusivos por parte del SAT, con el fin de cubrir déficits financieros ocasionados por lo que califican como obras faraónicas del sexenio anterior (AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya). Acusan que la cifra de 74 mil millones de pesos, mencionada por el gobierno, no es más que una medida para desviar la atención pública de errores administrativos y del creciente endeudamiento del país.
Grupo Salinas también sostiene que se intenta presionar a los juzgadores desde la “tribuna presidencial”, en lo que consideran un intento por interferir ilegalmente en las decisiones judiciales. Califican la reforma al Poder Judicial como una farsa electoral judicial cuyo verdadero fin sería controlar políticamente a los críticos y opositores del régimen.
El mensaje final del comunicado es de resistencia: afirman que seguirán defendiéndose con libertad, y que no permitirán ser silenciados por lo que consideran un uso autoritario y político de las instituciones del Estado.
