Las telecomunicaciones se han vuelto un sector esencial para las personas y la seguridad de las naciones. En hechos como el conflicto entre Rusia y Ucrania las comunicaciones satelitales se volvieron definitorias para ambos lados. Demuestran su alcance y el peligro de que no existan alternativas públicas. Recordemos el enfrentamiento entre el gobierno ucranio y Elon Musk por el uso de los satélites de Starlink en el frente, así como las presiones que el empresario ejerció sobre le gobierno.
En México, como en casi todo el mundo, las telecomunicaciones iniciaron de la mano del Estado. Los despliegues de infraestructura, como en otras industrias, como la electricidad, son tan complicados y tan costosos, que ninguna empresa privada los llevaba a cabo de manera nacional. Al inicio del neoliberalismo, esta industria fue una de las que se privatizaron como manual de libro de texto alrededor del mundo. México no fue la excepción. Se privatizó la industria, no sin antes haber sido modernizada y digitalizada con inversión estatal.
Durante años, el país sufrió abusos y las tarifas más altas de toda la OCDE. Se volvió una industria extractiva y nunca se logró la cobertura universal que, por cierto, era uno de los compromisos que se habían establecido al momento de la privatización. De manera repetitiva, se limitó al Estado en diversas ocasiones, pero al buen estilo neoliberal, se limitaba una vez que había realizado las inversiones y desplegado la infraestructura que la IP nunca quería hacer. Los dos ejemplos más claros de esto son la licitación de fibra óptica del Estado (CFE) que el calderonato llevó a cabo y que un consorcio de empresas privadas (GTAC) ganó. Licitación que fue fuertemente cuestionada por la ASF, que estableció que la CFE podía llevar a cabo la actividad (que ya estaba realizando) y que sería mucho más rentable para el Estado (4.5 veces más) continuar haciéndola que cederlo a un privado. El otro son las reformas del peñato donde se obligó a la CFE a ceder infraestructura, contratos y concesión para uso y disfrute de la IP. De igual manera, los peñistas se aseguraron de poner en la ley una prohibición expresa al Estado para ofrecer servicios de telecomunicaciones (Internet y telefonía móvil) donde existiera un competidor privado, limitando la capacidad estatal para presionar los precios a la baja y dejando al libre mercado todo. El resultado es que México se estancó en la reducción del precio de datos móviles y en cobertura poblacional.
Para 2018, tan solo 74 por ciento de la población tenía cobertura, y sólo 65 por ciento podía utilizar los servicios de telecomunicaciones. Lo mismo podía observarse en EU, donde la población no contaba con servicios a precios accesibles. Ambos países iniciaron programas con metas similares. En 2019, México inició con Internet para todos, en 2021, como parte de la Ley de Infraestructura aprobada; en EU se destinaron 42.5 mil millones de dólares (70 veces el presupuesto anual de Internet para Todos en México) para el programa Internet For All, el cual tiene la intención de proveer Internet de banda ancha para toda la población de EU. Los resultados de ambos programas no pueden ser más diferentes, aunque en su esencia ambos tienen el mismo objetivo, garantizar el acceso a internet de todos los ciudadanos.
En EU, el programa tiene dos vertientes. Una es subsidios a los hogares de 30 dólares por mes (75 dólares si se encuentran en tierras nativas) para contratar planes de banda ancha con proveedores autorizados. El otro es hacer un despliegue de infraestructura para aumentar la cobertura y, así, conectar los hogares de ese país; para ello se incentiva a las empresas para que hagan dicho trabajo. Con esto se pretende acabar con lo que se conoce como desiertos de banda ancha, donde, si acaso, existe sólo un proveedor con precios exorbitantes. Los resultados a casi cuatro años de que Biden inició el programa son nulos, ni una sola casa ha sido conectada. En cambio, en México, se llevó Internet a más de 16 millones de personas nuevas, alcanzando a 94.7 por ciento de la población, y el acceso de 85 por ciento.
Ahora se ofrecen tarifas muy atractivas para los servicios tanto de telefonía como de Internet. ¿Cuál es la principal diferencia en ambos modelos? En México se utilizó a la empresa estatal para anclar el proyecto. Contar con una herramienta implementadora de la política pública permitió llevar a cabo de manera más rápida y eficiente un proyecto de esta envergadura. En EU, se espera el proyecto empiece a construirse a finales de 2025, mediados de 2026. Es decir, seis años después de la aprobación del presupuesto, podría comenzar a hacerse algo.
A pesar de los montos de inversión, no contar con una herramienta implementadora de políticas públicas como las empresas estatales, supedita la concreción de los programas de gobierno a la buena voluntad de la IP. Probablemente sea cancelado, ya que Elon Musk ha expresado su rechazo.
Por eso ahora en la revisión y propuesta de la nueva ley de telecomunicaciones, se vuelve esencial el fortalecer el rol de las empresas estatales para garantizar precios justos, y lograr los objetivos de cobertura y acceso universal. Supeditar el acceso a derechos, a que el incentivo sea correcto para las empresas, mantendrá y profundizará la desigualdad. Un ejemplo más de por qué el rescate de las empresas públicas (primer piso de la 4T) y consolidación (segundo piso) ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental del desarrollo del país.
