Las fichas de búsqueda de tres menores de edad fueron publicadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) este lunes 27 de mayo.
Ruth Azucena Sánchez Rayo, de 20 años de edad, y Dulce Priscila, de solo 6 meses de edad, se encuentran como no localizadas desde este domingo 26 de mayo; fueron vistas por última vez en el municipio de Fresnillo.
Con fecha del jueves 23 en la ciudad de Zacatecas, se reportó la última localización de Belén Guajardo Rodríguez (31 años), María Guadalupe Mota Guajardo (10 años) y Jorge Mota Guajardo (9 años).
Estas dos fichas de búsqueda siguen los lineamientos del Protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda y localización inmediata de mujeres, adolescentes y niñas que se encuentran en inminente peligro de ser víctimas de delito; y de la Alerta Ambar, sistema de alerta temprana para la búsqueda y localización de menores de 18 años que se encuentren en inminente riesgo de daño grave.
Cristela Trejo Ortiz, abogada defensora de los derechos de las infancias y acompañante de familiares de personas desaparecidas, explica que el protocolo ALBA implica una amplia coordinación entre los tres ordenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, que debe evaluarse en su impacto y funcionamiento, ante el aumento de las desapariciones de niñas y mujeres en el estado de Zacatecas.
El saber cómo se aplican estos mecanismos, cuál es el proceso de toma de decisiones del Comité que está a cargo de activar el protocolo ALBA, y estudiar bajo qué condiciones no se ha emitido de manera inmediata la alerta AMBER (cuando correspondía hacerlo), es fundamental para prevenir la victimización de las mujeres e infancias que podrían ser víctimas de delitos como la trata y el trabajo forzado, por parte de entes u organizaciones criminales; o de violencia intrafamiliar y otras situaciones de vulneración, ante las cuales también se requiere un acompañamiento y seguimiento puntual, enfatiza la abogada.
Una evaluación desde un ente ciudadano de la aplicación y los resultados de estos mecanismos, es necesaria ante el incremento de casos de desapariciones en poblaciones desprotegidas, explica Cristela Trejo.
También, debe darse una postura pública de las autoridades de cuáles son las obligaciones de las instituciones (no solo de la FGJEZ), para realmente cumplir con la obligación del Estado “de prevenir y atender estos fenómenos sociales en contextos de alta peligrosidad, como es la desaparición y no localización de niños, niñas, adolescentes y mujeres.”
Incorporar las lecciones sobre las fallas en los mecanismos, investigar la efectividad de las estrategias de prevención y de atención inmediata; además de revisar, mediante una profunda reflexión e indicadores puntuales, la puesta en marcha de la perspectiva de los derechos humanos de las infancias y de las mujeres, es una deuda inaplazable ante estos atroces delitos y eventos que lastiman a personas en situación de alta vulnerabilidad, concluye la abogada y activista.
