El pasado 18 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 25 y 73 de la Constitución presentada ante el Congreso el 18 de febrero de 2025 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de Simplificación y Digitalización, la cual tiene como propósito homologar trámites y requisitos, así como, disminuir el número de los mismos y abatir la duplicidad de funciones entre órdenes de gobierno; terminar con el exceso indiscriminado de requisitos y de la entrega repetida de documentos.
De igual manera, con la simplificación administrativa, digitalización y homologación de trámites, requisitos, tiempos de resolución y procesos de atención, se ahorrará tiempo, dinero y se evitará la repetición de traslados costosos de personas, a veces de largas distancias por caminos peligrosos e intransitables. Asimismo, se promueve la transparencia, se reduce la burocracia, se vencen barreras de algunos funcionarios que retardan los asuntos, se abate el intermediarismo en los trámites “coyotaje” y los posibles actos de corrupción que persisten en la administración pública de los tres órdenes de gobierno.
Las reformas tienen sentido, ya que, de acuerdo a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en México, el INEGI, informó que en promedio existen 7,000 trámites a nivel federal, 523 a nivel estatal y 144 trámites en lo municipal. Una persona realiza durante su vida aproximadamente 486 trámites, lo cual representa un exceso de burocracia, de tramitología y de carga recaudatoria para los demandantes de los servicios. De igual manera, con ello, se obstaculiza la inversión y se promueve la informalidad.
Por otro lado, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, el 83% de los encuestados consideró que es frecuente los hechos de corrupción y el 14% la sufrió al realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios.
Con la reforma constitucional y la nueva ley nacional que se derive en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios se facilitará la accesibilidad de todas las personas a servicios públicos, se disminuirán los costos de trámites, se impulsará la inversión y la formalidad.
En síntesis, la reforma al artículo 25 dispone: A fin de contribuir al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas practicas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
Mientras la reforma al artículo 73, faculta al Congreso a expedir la ley nacional que establezca los principios y obligaciones a los que deben sujetarse los órdenes de gobierno en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
- Diputado Federal por Zacatecas.