Este jueves, la mesa de negociación entre la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y el Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ) concluyó sin acuerdos para resolver el movimiento huelguista, ya que la administración central rechazó el pago de la prestación por 25 años de servicio con el argumento de que esta solo se contempla para docentes que ingresaron antes de 1991.
Al respecto, Sonia Viramontes, integrante del Comité Ejecutivo, afirmó que la prestación está integrada en el contrato y en este momento se adeuda a 388 profesores y la administración central tiene opciones viables para pagarla a través de tres conceptos que suman un monto de más de 800 millones de pesos.
Se refirió al impuesto que cobra el gobierno del estado a los ciudadanos para destinarlo a la universidad corresponde a un monto de 289 millones de pesos, pero no se ha erogado a la institución y entonces es necesario que el rector lo exija.
Además de ese recurso, expuso que el año pasado la federación aportó un apoyo extraordinario que el gobierno del estado no dio a la BUAZ en 2033 por concepto de 265 millones de pesos, junto con la devolución por timbrar a tiempo el impuesto (190 millones de pesos), alcanza un monto total de 844 millones de pesos.
“Si los recuperamos de gobierno del estado se podrían utilizar para pagar muchas cosas y los 388 docentes que están esperando el pago de sus 25 años de servicio no quieren ceder porque hace muchos años que se les promete algo y luego se les niega en las oficinas”, agregó.
Es decir, Viramontes indicó que hay mucho recurso de donde pueden hacerse los pagos de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y entonces propuso que se discuta la manera en que puede pagarse esa prestación.
En respuesta, Noé Rivas, contralor interno de la BUAZ, respondió que la postura de la institución es que no se reconoce esa prestación y que la mesa de negociación para discutir el ejercicio de recurso podría darse en el momento en que se levante la huelga.
Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ, cuestionó que no se reconozcan las prestaciones que se demandan porque, si las autoridades las reconocen, a partir de ello se pueden definir estrategias para pagarlas, incluso movilizarse para que el gobierno del estado asigne más recursos.
Entrevistado sobre este tema, el rector Rubén Ibarra Reyes explicó que no hay manera de pagar esta prestación, ya que no se contempla en el Contrato Colectivo de Trabajo de los profesores que ingresaron a la institución después de 1991.
Además de que no la incluye el contrato, mencionó que esta prestación implica el pago de un millón de pesos para cada docente que alcanza más de 25 años de servicio, lo que significa que tendría que pagar 380 millones de pesos que, en la situación financiera actual de la universidad, no es posible.
“No procede la demanda de la cláusula de los 26 años porque en el contrato está claro que hay un corte generacional: los que entraron antes del 91 y los que entramos después Yo soy de los que entramos después del 01 y yo estaría en el supuesto de que no tenemos este derecho”, explicó.
Desde su perspectiva, el Contrato Colectivo no es ambiguo y es claro en ese sentido, ya que este documento se modificó para quienes ingresaron después de 1991 y para ellos no corresponde esa prestación.
Ibarra Reyes recordó que en el contrato se contempla la creación de un fondo con aportación de los docentes, el gobierno del estado y el gobierno federal para costear esa prestación de los 25 años, pero no se concretó y por lo tanto no es posible ejercer 380 millones de pesos más para pagarla.
“Entonces la mesa de negociación se atora, porque el SPAUAZ reclama ese derecho y porque nosotros estamos convencidos de que no es cerrazón para encontrar una salida, sino que debemos hacer un estudio del Contrato Colectivo para revisar qué tenemos y qué sí podemos llegar a tener, un estudio financiero sólido para esclarecer los derechos que tenemos quienes no tenemos jubilación dinámica”, concluyó.
