La denuncia de abuso sexual infantil contra una institución de educación privada en días recientes ha reavivado la discusión sobre la respuesta que deben ofrecer las instituciones educativas ante este tipo de señalamientos y las condiciones perpetúan la impunidad al enfrentar instituciones poderosas.
De acuerdo con los protocolos oficiales, las escuelas tienen la obligación de actuar con una postura proactiva y empática ante las denuncias de abuso sexual infantil, priorizando siempre el interés superior de la niñez.
Los comunicados del colegio han negado cualquier irregularidad y han insistido en que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) no encontró pruebas que sustenten la acusación. Además, numerosos comentarios de apoyo respaldando la buena trayectoria de la escuela y el impacto positivo en la vida de los estudiantes se siguen acumulando en publicaciones de las denuncias.
Sin embargo, los protocolos de protección infantil establecen que las instituciones educativas deben reportar cualquier sospecha de abuso sin esperar a que haya pruebas concluyentes. También destacan la importancia de evitar la revictimización de las infancias denunciantes y sus familias.
En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014) establece claramente que cualquier persona que conozca un posible caso debe avisar de inmediato a la autoridad para que se investigue y se apliquen las medidas de protección correspondientes:
“Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido… violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes” (Ley General DNNA, México, Art. 12, 2014).
Expertos en abuso infantil han enfatizado que la tendencia a dudar de los testimonios de los niños, especialmente de aquellos con autismo, puede impedir que se les brinde la protección necesaria.
Ante la gran cantidad de comentarios en respaldo a la institución privada y desacreditando a la madre denunciante, una psicóloga señaló en una transmisión en redes sociales que los niños con autismo son más vulnerables a sufrir abuso sexual y que, a menudo, sus testimonios se descartan bajo prejuicios erróneos sobre su capacidad de percibir y comunicar lo ocurrido.
Un estudio publicado en el Journal of Autism and Developmental Disorders respalda esta información, indicando que las personas con autismo tienen hasta tres veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual que la población neurotípica.
Además, la literatura sobre abuso infantil confirma que cuando un niño informa directamente sobre el abuso y presenta conductas sexualizadas inadecuadas para su edad, el riesgo de que la denuncia sea verídica es significativo:
“La falsa denuncia intencional se sitúa en un 6% de todos los casos de abuso sexual. Ninguno de estos casos fue intencionado por parte del menor, sino que las falsas denuncias provenían, principalmente, de progenitores no custodios (15%)”, según una investigación de Pereda y Arch, publicada en 2009 por Cuadernos de Medicina Forense.
Asimismo, se ha documentado que el abuso sexual en la niñez suele manifestarse en problemas emocionales y de comportamiento, incluyendo el rechazo a la escuela. Estudios han señalado que los niños víctimas pueden presentar desde depresión y ansiedad hasta fobia o negativa a asistir al colegio. Las pesadillas y enuresis, pueden ser otros síntomas.
En este contexto, el respaldo incondicional al instituto educativo por parte de figuras públicas ha sido señalado como una estrategia que minimiza la gravedad del caso y perpetúa la impunidad. Entre los defensores de la institución se encuentran políticos y comunicadores con amplio alcance, quienes han amplificado la versión del colegio, sin darle voz a la madre denunciante.
El ex alcalde y empresario Cuauhtémoc Calderón, por ejemplo, manifestó públicamente su confianza en la escuela y replicó la postura de basarse en su experiencia personal para defender la reputación del instituto.
Mientras la discusión pública continúa, el caso sigue su curso en instancias legales. La madre denunciante ha hecho un llamado a otras posibles víctimas a sumarse a la denuncia ante la Secretaría de Educación de Zacatecas.
