A estas alturas ya es sabido que quedó aprobado el conocido Plan B. Sin embargo, las repercusiones siguen siendo un tema pendiente por aclarar en toda su magnitud. Entre todas, hay una que, particularmente para este espacio de opinión, es de suma trascendencia, no sólo para garantizar procesos electorales apegados a los principios que, reconocemos, caracterizan a nuestra democracia, sino, además de ello, por sus impactos en la democracia, ya no como método para la definición del quién toma las decisiones, sino por el contenido, alcance y sentido mismo de las decisiones. Nos referimos a las repercusiones al modelo de fiscalización electoral, pues reconocido está que, el financiamiento opaco e ilegal de las campañas políticas, ha resultado en gobiernos (legislaturas, funciones, roles políticos o constitucionales) cooptados aún antes de constituirse, justo por compromisos inconfesables (hasta que no estallan las cloacas). Sin capacidades para realizar esta tarea de parte de la agencia electoral mexicana, nos encontraremos ante el agravamiento de un problema que por sí nos aqueja y acosa: el financiamiento ilegal, del que hay de todos los tipos, desde extrayendo recursos públicos para la compra de impunidad, hasta la cada vez más presente (y creíble) denuncia de financiamiento por parte del crimen organizado, pasando por el establecimiento de compromisos a través de recursos inyectados a las campañas electorales, por parte del poder económico u otros poderes fácticos a saber. Sostengo que es esta una de las causas, acaso la más, entre las reprochables al sistema, que nos han llevado a la crisis institucional-democrática, partiendo de la nula capacidad del Estado para garantizar un pleno ejercicio de rendición de cuentas, a la altura de la exigencia social.
En el recuento que realiza el Informe (1) que hemos venido citando, se destacan las siguientes repercusiones: se elimina la obligatoriedad del informe de capacidad económica que es un tipo de declaración patrimonial de las personas candidatas, lo que permite hacer un seguimiento de la disponibilidad de recursos propios para el pago de determinados gastos de campaña. Así mismo, se limitan las sanciones en la materia, cito textualmente: “Lo anterior conlleva a que las personas precandidatas puedan ser omisas en la presentación de los informes de gastos de campaña-precampaña, sin que exista una sanción inhibitoria. Es decir, se está dejando sin efectos la sanción consistente en la negativa o cancelación del registro de candidatura ante omisiones en la presentación de informes de precampaña o apoyo ciudadano. Así mismo, esta propuesta implicaría que, ante el rebase de tope de gastos de campaña, no pueda aplicarse la sanción máxima, consistente en la nulidad de la elección. Situación que hace ineficaz al sistema de fiscalización, además de ser contraria al texto del artículo 41 constitucional, permitiendo que en la contienda democrática se impongan presiones económicas a la voluntad popular” (página 108 del Informe).
Era de esperarse la primera parte. La cancelación del registro, como medida disciplinaria por la falta de presentación de un informe a tiempo, ha resultado contraproducente para los partidos políticos y sus actores en precampaña y campaña, así como para el INE y sus homólogos en lo local, por su conflictividad. Sin embargo, en lo que se refiere a la anulación de la elección, por rebase de los topes de campaña, ha sido causa y propuesta sostenida históricamente por quienes en su tiempo compitieron contra el partido hegemónico. La eliminación, esta posibilidad infiere a dudas y cuestionamientos al respecto: ¿para qué eliminar una sanción de esta naturaleza? A menos de que pretendas violentar el límite de gasto en la elección, no hace sentido, pues la medida no es solo proporcional, sino idónea; de otra forma, como ha resultado con otro tipo de penalizaciones, violentar la norma sale barato.
Notas:
1. Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/147695
@CarlosETorres_
