El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha emitido un comunicado expresando su preocupación por la posible reestructuración de sus funciones, las cuales podrían ser transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
José Luis Guardado Pérez, docente investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacateca (BUAZ), respaldó la propuesta, argumentando que el Inegi puede realizar las mismas tareas con la misma eficiencia.
Señaló que la racionalización del gasto público es crucial para reducir el déficit presupuestal, y que la información proporcionada por el instituto es confiable y respetada. Además, criticó los altos sueldos y el derroche de recursos en los organismos autónomos, destacando que la eficiencia gubernamental debe ser prioritaria.
El Coneval ha instado al Senado de la República a considerar que, al no ser un órgano autónomo constitucional y no existir funciones duplicadas con el Inegi trasladar sus competencias podría poner en riesgo la credibilidad de las cifras sobre pobreza y la evaluación de políticas sociales.
El Consejo enfatiza la necesidad de garantizar un modelo de gobernanza técnica e independiente, como el que ha mantenido durante 19 años, para asegurar la calidad de las mediciones.
Además, solicita certidumbre sobre los derechos laborales de sus trabajadores y los recursos necesarios para cumplir con las actividades programadas para 2025. Por lo que reitera su compromiso con una medición confiable de la pobreza y la evaluación de los programas sociales para proteger los derechos de la población.
El debate sobre la posible desaparición de organismos autónomos, como el Coneval, y su integración a otras instituciones del gobierno, es un tema que ha generado diversas opiniones. Ante esto, Guardado Pérez, ofreció su visión para el medio sobre el reciente posicionamiento del Coneval en relación con la posible reestructuración de sus funciones y su integración al Inegi.
Según Guardado, en el contexto de la propuesta para reducir el número de órganos autónomos, es fundamental analizar la cuestión desde una perspectiva de eficiencia gubernamental y resultados, más que desde un enfoque defensivo de los propios organismos.
En primer lugar, Guardado reconoció el trabajo realizado por el consejo a lo largo de los años, señalando que la información generada por este organismo ha sido valiosa y útil para el diseño de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la medición de la pobreza.
No obstante, señaló que las funciones desempeñadas por el Coneval podrían ser asumidas igualmente por el Inegi, debido al prestigio y la capacidad técnica que esta institución ha demostrado en la recolección y manejo de datos estadísticos.
“La información que nos ha proporcionado el Inegi es confiable, de calidad, y la manejamos como verdadera. No he escuchado críticas sobre la información que nos da”, comentó.
Guardado también subrayó que, si bien el Coneval ha jugado un papel clave en la medición de la pobreza, la eliminación de este órgano no tendría que implicar una pérdida de calidad en las funciones de monitoreo y evaluación de políticas sociales, siempre que se tomen las medidas adecuadas en cuanto a la transición.
“Creo que se puede hacer. Si la eliminación del Coneval implica una mayor racionalidad en el gasto del gobierno, es algo que podría justificarse”, destacó, refiriéndose a la necesidad de reducir los gastos operativos en organismos autónomos que, en su opinión, han generado una «casta dorada» de funcionarios con sueldos elevados que no siempre corresponden a su rendimiento.
El académico fue claro al señalar que el debate sobre la desaparición de algunos órganos autónomos no solo afecta al consejo sino también a otros como el INAI, que han sido criticados por los altos costos de operación y su falta de control sobre los recursos. Guardado enfatizó que el objetivo debe ser garantizar la eficiencia en la administración pública, reduciendo estructuras burocráticas que no justifican su existencia a pesar de los altos presupuestos que gestionan.
“No es justificable que haya un sector de burócratas con sueldos altísimos, que realmente no están cumpliendo con una función vital. Esas funciones pueden ser realizadas desde otras esferas del gobierno”, aseguró.
Así pues, respaldó que la reestructuración puede ser una oportunidad para hacer más eficiente el gasto público, siempre que se definan bien los mecanismos de integración y se mantenga la calidad en la medición de la pobreza. “Lo más importante es que se preserve la independencia técnica y la calidad en las mediciones, algo que el Inegi ha logrado en sus años de experiencia”, indicó.
Finalmente, Guardado concluyó que las discusiones sobre la eliminación de órganos autónomos deben ser vistas desde una perspectiva racional y no política, ya que algunos críticos del gobierno podrían oponerse por razones ideológicas. Según el académico, la reestructuración de organismos es un paso necesario para reducir el déficit presupuestal y mejorar la eficiencia del gobierno.
“El gobierno tiene que ser racional en sus estructuras y gastos. No se puede seguir gastando en organismos que no justifican su existencia cuando ese dinero puede ser destinado a rubros de mayor necesidad”, agregó.
