El problema generalizado de México tiene su origen en diversos factores; inseguridad, pobreza, educación, corrupción, falta de transparencia, impunidad, entre muchas otras, pero dos de ellos –a mi parecer los principales- guardan una relación estrecha y envisten a toda clase de institución publica o privada, atacando de fondo su estructura corrompiéndola fatalmente.
El primer elemento del binomio, Robert Klitgaard lo ha definido con una ecuación: “Corrupción= Poder monopólico + discreción – rendición de cuentas; ecuación posteriormente revisada y aumentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Corrupción = (Poder monopólico + Discreción) – (Rendición de cuentas + Integridad + Transparencia). Esta supone la utilización desviada, desleal o perversa de potestades públicas o privadas para satisfacer intereses particulares del titular y/o de uno o varios terceros relacionados con el mismo; aunque es importante decir que la corrupción política es la mas grave por el hecho de traicionar los principios morales y la justicia social.
Para completar el binomio nos encontramos con la impunidad, definida como la falta de castigo; consiste en un tema complejo que involucra a dos sectores; instituciones de seguridad y justicia. La impunidad está íntimamente relacionada con la desigualdad en el acceso a la justicia, falta de capacidad institucional y organizacional y un desprecio a los derechos de los ciudadanos.
Cuando los países enfrentan problemas estructurales y funcionales en estos dos ámbitos (corrupción e impunidad), estamos en la antesala de un fenómeno que retroalimenta inseguridad, violencia, más corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.
El contexto global por el que pasa nuestro país frente a la corrupción e impunidad es lamentable. México ocupa el lugar 103 de 175 países medidos a nivel mundial; en América ocupa el lugar 22 de 32; de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) + México ocupa el 5 de 6; del G20, ocupa el lugar 17 de 19; de la OCDE el lugar 34 de 34; y para darnos una idea de lo que a México le cuesta anualmente esto, es el 10 por ciento de su PIB o 45 veces el presupuesto de la UNAM. Respecto de la impunidad, el estudio reciente “Índice Global de Impunidad 2015” que realizaron la Universidad de las Américas Puebla, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y el Inegi, arrojó que de 59 países evaluados (todos ellos miembros de la ONU), México ocupó el lugar 58, apenas por debajo de Filipinas y lo superan Colombia, Turquía y Rusia; Croacia y Eslovenia son los países donde la impunidad es escasa. En términos reales, en México hay sólo 4 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando la media es 17 y hay 355 policías por cada 100 mil habitantes, cuando la media es de 322; nos sobran policías y nos faltan jueces.
Haciendo un análisis profundo de lo señalado en el párrafo anterior, nos encontramos con un fenómeno que tiene su particularidad en nuestro país. Comparando el Barómetro Global de Corrupción 2013 y el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 con el Índice Global de Impunidad 2015, podemos observar que en todos los países la relación corrupción-impunidad es casi nula, pero en México estas dos tienen una conexión directa, ocupa posiciones prácticamente correspondientes una con la otra.
Del análisis podemos determinar que los mecanismos que recientemente han surgido –más por cuestiones electoreras que por simple justicia- como la eliminación del fuero, la revocación de mandato y el Sistema Nacional Anticorrupción, son precedentes importantes para mejorar nuestros trágicos niveles de corrupción e impunidad, pero los fenómenos resultan ser más profundos por el hecho de haber permeado en todos los sectores de la sociedad; seria bueno que en México nos pusiéramos a pensar si la estrategia adecuada para erradicar este binomio es el combate a la impunidad y no a la corrupción, o bien, una estrategia que al mismo tiempo haga frente ambas.
En el corto plazo hace falta solucionar problemas concretos. Crear un sistema judicial sólido, valiente e independiente que se atreva a sancionar a los peces gordos; mejorar las leyes existentes y tener voluntad de aplicarlas y a largo plazo podríamos pensar en la creación de un Sistema Nacional contra la Impunidad, misma que con los datos y el análisis realizado en este texto, no es una idea tan descabellada.
Hace 2,000 años Tácito nos decía que no hay nada tan eficaz para combatir la corrupción como la aplicación de las leyes contra las altas personalidades. Cuando los mexicanos veamos a los destacados políticos, empresarios o dirigentes sindicales tras las rejas porque se les comprobó un acto de corrupción y no por una venganza política, México habrá dado el gran paso para combatir la corrupción y la impunidad. Todo lo anterior sin dejar de lado la responsabilidad activa que todos como ciudadanos tenemos ante este peligroso binomio. ■
*Estudiante de Derecho
Universidad Panamericana
