Ejidatarios de Jiménez del Teul desmintieron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya emitido aún su aprobación al Manifiesto de Impacto Ambiental elaborado para la construcción de la presa Milpillas y solamente pretende simular avances y presionar a los ejidos.
Ante declaraciones en ese sentido de Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco señalaron que dio a conocer una determinación que no ha sido pública de manera oficial, lo que evidencia una intención de simular avances y presionar a los ejidos.
Además, “la funcionaria Susana Rodríguez Márquez carece de legitimidad moral y legal para hablar de transparencia en este proceso, pues ella figura como autora intelectual en las diversas denuncias que hemos interpuesto como Movimiento por las acciones de hostigamiento y presión para la realización de compraventa de terrenos privados bajo coacción”.
Por tanto, afirmaron que la funcionaria solo pretende engañar a las y los zacatecanos y violenta los derechos humanos y agrarios de las y los campesinos de la región, ya que la propia Semarnat ni ha publicado en la Gaceta Ecológica esa decisión de avalar el MIA.
En consecuencia, reiteraron que se trata de “simular avances y presionar a los ejidos en un contexto que, además, se empieza a ensuciar con las mentiras y promesas electorales”, previo a la elección del próximo año.
Asimismo, denunciaron que la SAMA ha intentado generar la falsa impresión de que existen acuerdos o permisos con las y los ejidatarios, ya que se mantienen en la postura de no otorgar permisos ni autorizaciones en los ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales.
Al hacer esas declaraciones, consideraron que la funcionaria “revela una vocación autoritaria que menosprecia la autodeterminación de los pueblos, al tiempo que privilegia los intereses de grandes corporaciones por encima del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano”.
En ese contexto, hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para que actúen con estricto apego a la legalidad y a los principios de transparencia y respeto a los derechos humanos y exigieron que la Semarnat se pronuncie de manera oficial y pública sobre el estatus del Manifiesto de Impacto Ambiental, sin filtraciones ni simulaciones.
También exigieron el cese inmediato de cualquier acto de hostigamiento, coacción o presión contra las y los ejidatarios de la región y el respeto irrestricto a la decisión de las comunidades de no aceptar la presa Milpillas, así como el inicio de un diálogo genuino que ponga en el centro la vida, el territorio y el agua.
