■ Gobierno Federal no ha tenido disposición para dar a conocer lo que realmente ocurrió: esposa
■ El gobierno “quiso quitársela fácil con que los quemaron y los tiraron al río; con las investigaciones de los expertos internacionales se desmintió todo”: Cuauhtémoc Padilla
A dos años y tres meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en el estado de Guerrero, el caso sigue sin esclarecerse y, mientras no se demuestre lo contrario, los jóvenes están vivos, según coincidieron familiares de los normalistas y activistas.
La resistencia de los padres y familiares de los normalistas ha perseverado desde el 27 de septiembre de 2014, fecha de los hechos en los que también fueron asesinados tres estudiantes, hasta la actualidad, cuando recién ha concluido la denominada Caravana por la Memoria y la Esperanza que transitó de Tixtla a la Ciudad de México.
Erika de la Cruz Pascual, esposa del normalista desaparecido Adán Abraján de la Cruz, denunció que el Gobierno Federal no ha tenido la disposición para dar a conocer lo que realmente ocurrió con los normalistas, ya que “la verdad histórica” fue rebasada.
Para ella, todas las versiones sobre la desaparición de los jóvenes tienden a la misma conclusión, que el gobierno fue el responsable, porque en los hechos participaron las fuerzas de seguridad que dependen de éste.
Ante esa situación, la exigencia es que el Estado informe el paradero de los alumnos normalistas, porque es probable que los hayan llevado a lugares determinados, como cuarteles militares, donde no se ha permitido el acceso durante la investigación.
“Desde el principio hubo la sospecha que los tenían en el cuartel y yo creo que están ahí, porque es un lugar donde nadie puede entrar y existen pruebas de que los tuvieron ahí. Hay pruebas, el gobierno sabe dónde los tienen”, expresó De la Cruz Pascual.
Reiteró que el Gobierno Federal no tiene intención alguna de aclarar el caso y solamente “nos dan largas para que nosotros nos desgastemos más. Le están apostando al desgaste de los papás”. No obstante, “la búsqueda sigue y no sabemos hasta cuándo habrá una respuesta”.
Según Cuauhtémoc Padilla Bernal, jubilado de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Gobierno Federal no calculó la dimensión que alcanzaría la desaparición de los jóvenes y “quiso quitársela fácil con que los quemaron y los tiraron al río, pero con las investigaciones de los expertos internacionales se desmintió todo”.
Después de dos años y tres meses, destacó la resistencia valiente de parte de los padres y familiares de los normalistas, pues se han mantenido movilizados con el apoyo de la gente en todos los estados que “cooperamos con difundir el problema y se sigue insistiendo en que tienen que aparecer”.
“Mientras no se demuestre que han muerto, entonces siguen vivos. Ésa es la idea que tenemos todos, que por ahí los están esclavizando o están en algún cuartel militar, porque es la única parte donde no han dejado entrar ni se ha permitido investigar. Por eso hay la idea que están vivos, dentro de algún cuartel”, dijo.
Padilla Bernal se refirió a la tesis que los estudiantes habían ocupado, de manera accidental, un autobús que llevaba un cargamento de droga, motivo por el cual la policía, el Ejército y el crimen organizado se movilizaron para detenerlos.
“Ahí se dice que están involucrados tanto el Ejército como la Policía Federal, y como ellos le sirven al gobierno, pues están involucradas grandes mafias y cárteles con el gobierno. Ése es el gran problema y la historia dice que el Ejecutivo federal está metido en esto”, agregó.
Manifestó la necesidad de que la ciudadanía se involucre, porque en Zacatecas también hay desaparecidos “y cuando nos toque a alguno de nuestros parientes o hijos vamos a querer que todo mundo nos unamos. Es una cuestión de prevención a estos gobiernos represores”.
Consideró que el Gobierno Federal le apuesta al desgaste y cansancio de los padres y familiares de los normalistas, pero es admirable que estos se mantengan movilizados hasta el momento, lo cual es lógico porque “ningún padre se va a cansar de buscar a sus hijos”.
Respecto a la movilización social que ha generado la desaparición de los normalistas, Padilla Bernal manifestó que hay nivel de participación, porque hay quienes constantemente realizan actividades, otros que solamente acuden a las marchas, y otros más únicamente difunden en redes sociales.
Sin embargo, “yo soy de la idea que, aunque haya solamente una persona coloque carteles en la calle y si una persona se interesa en lo que sucedió, para mí es válido. Como jubilado no puedo meterme a Catedral a rezar para que aparezcan, sino que los que tenemos conciencia de que deben aparecer, debemos actuar”.
Recordó que durante la marcha que se realizó en Zacatecas para conmemorar el segundo aniversario del suceso ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado, se inauguró simbólicamente el “Jardín de los Desaparecidos”, ubicado cerca de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
En el jardín se plantaron flores con la figura del número 43, pero semanas después fueron quitadas aparentemente por personal del municipio de Zacatecas, al igual que un cartel alusivo colocado ahí mismo.
Padilla Bernal indicó al respecto que era de esperarse que no se respetara a las plantas y flores colocadas ahí, porque el municipio “es parte de la mafia, es parte del engranaje de corrupción que hay en el gobierno”.
Reiteró la necesidad de insistir en la exigencia de que aparezcan los estudiantes que se encuentran desaparecidos, o bien que se informe realmente lo que sucedió con ellos, ya que la versión que dio el Gobierno Federal quedó totalmente rebasada por su falsedad, la cual ya fue desmentida científicamente.
El pasado 16 de diciembre, el New York Times dio a conocer un informe interno en el que sostiene que funcionarios de varias instancias afectaron la investigación sobre los estudiantes desaparecidos.
Según la investigación, “investigadores que participaron en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos violaron la ley en sus procedimientos, una conclusión que amenaza los cimientos legales del caso que ha perturbado al país”.
El informe, que lleva el nombre de “Acuerdo de Conclusión” y que fue elaborado por la Dirección de Asuntos Internos de la Procuraduría General de la República (PGR), encontró que algunos sospechosos clave en el caso fueron arrestados y trasladados ilegalmente, lo cual pone en duda cualquier evidencia que se haya podido obtener de ellos. La conducta de los investigadores, señala este documento, violó “el derecho a la verdad” y perjudicó el derecho al acceso a la justicia de las víctimas.
Según el New York Times, “el documento describe una serie de graves irregularidades en la investigación, como el hecho de que el principal investigador del gobierno llevó a un sospechoso a identificar la supuesta escena del crimen sin un abogado defensor presente.
Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró, luego de realizar una investigación sobre la desaparición de los jóvenes, que esos no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo afirmó el Gobierno Federal en la denominada “verdad histórica”.
En su informe final, los expertos aseguraron que las autoridades no han seguido líneas de investigación claves, se ha manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales que habrían participado en la desaparición, y torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la versión gubernamental.
Además, el documento señala que el sistema de justicia mexicano sólo investiga y castiga a los autores materiales del delito, pero es omiso con los intelectuales, mientras que la investigación a la cadena de mando no existe.
Plantearon también que un elemento clave para las investigaciones era obtener de manera directa el testimonio de los militares que estuvieron presentes en varias de la escenas de los hechos violentos en Iguala, lo cual fue reiteradamente rechazado por la administración de Enrique Peña Nieto.
El GIEI concluyó que existe certeza de que en el ataque contra los normalistas hubo perfecta coordinación durante más de 10 horas entre diferentes corporaciones policiacas y presuntos integrantes del crimen organizado, ello con la finalidad de crear un círculo de control que abarcaba hasta 80 kilómetros, para evitar la salida de los autobuses tomados por los estudiantes en Iguala.
En contraparte, diversas policías, entre ellas la federal, habrían dejado pasar el llamado quinto autobús (que de acuerdo con la hipótesis del GIEI y posteriormente corroborado y detallado por la periodista Anabel Hernández en el libro La verdadera noche de Iguala, es clave para la investigación, ya que podría estar relacionado con el trasiego de estupefacientes de Iguala a Chicago, Estados Unidos). Esta unidad ni siquiera se había incorporado al expediente inicial del caso.
Con relación a “La verdad histórica”, el GIEI evidenció la falsedad en que incurrió el Gobierno Federal, pues halló registro de la actividad de los teléfonos móviles de cuando menos siete de los estudiantes hoy desaparecidos, varias horas e incluso días después del 26 y 27 de septiembre.
Por ejemplo, uno de ellos hizo una llamada a la 1:26 de la madrugada del 27, con registro en la carretera Huitzuco-Tenango. En la versión oficial, para esa hora los estudiantes ya habrían sido asesinados y sus celulares destruidos.
Un elemento más que no fue investigado pese a la solicitud de familiares y del GIEI, es que desde el celular de Jorge Aníbal Cruz Mendoza se envió un mensaje de texto a su madre pidiéndole que le pusiera saldo. Ese teléfono siguió activo incluso meses después de los hechos de Iguala.
El informe del GIEI muestra que un presunto integrante de la organización criminal Guerreros Unidos, identificado como El Caminante, y que hasta ahora las autoridades desconocen de quién se trata, habló en las horas críticas con al menos siete policías municipales ubicados en lugares claves, como Cocula e Iguala.
Diversos testimonios obtenidos por el GIEI arrojan la hipótesis de que los 43 estudiantes habrían sido separados y conducidos a lugares distintos. Varios testigos afirmaron que entre 10 y 14 de ellos fueron vistos en el patio de la comandancia de la policía municipal de Iguala, donde habrían pasado la noche del 26 al 27 de septiembre. Otros más indican que otro grupo fue llevado a Huitzuco.
Asimismo, los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acreditaron actos de tortura contra al menos 17 de los detenidos por el caso, entre ellos los cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos que aportaron declaraciones en torno a la incineración de los cuerpos de los 43 en el basurero de Cocula.
Este 22 de diciembre, padres de los normalistas iniciaron en Tixtla, Guerrero, la Caravana por la Memoria y la Esperanza, misma que arribó a la Ciudad de México este domingo, con el objetivo de exigir que a la brevedad posible se resuelva la investigación interna que habla de múltiples irregularidades, de manipulación de evidencias y de la creación de una tesis que se elevó a rango de verdad, y que no tiene sustento legal alguno.
