En la actualidad el tema de la niñez es transcendental, toda vez que el futuro de la humanidad estará en sus manos; por ende, es indispensable el cumplimiento, aplicación y respeto irrestricto de sus derechos humanos.
Es importante destacar que, a pesar de los numerosos debates que se han suscitado respecto a la forma de asegurar los derechos de esta población vulnerable, innegable es que, durante los últimos años, aun cuando se dirime la elaboración de nuevas leyes, no hay mucho que celebrar, pues miles de infantes se encuentran en estado de desamparo, pobreza, desigualdad y prohibición de sus derechos.
Por ello, la realidad pone en evidencia que el camino hacia la protección de la niñez mexicana aún es largo, pues persisten una serie de barreras en el acceso efectivo a la justicia, lo que se agudiza con las desigualdades económicas, sociales, migratorias, étnicas, de filiación religiosa o el vivir con una discapacidad.
Durante los últimos años, a nivel internacional, se han realizado innumerables esfuerzos por avanzar en materia de leyes en favor de las infancias. Respecto a ese tópico, México al ser parte de los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos de la niñez ha constituido un marco jurídico que busca eliminar las brechas que impiden o limitan el acceso a sus derechos a la población en cita, como ejemplo de ello encontramos la prohibición del matrimonio infantil, así como el castigo corporal y humillante contra la niñez.
No obstante, los esfuerzos por avanzar en la creación de leyes en favor de las infancias se han visto obstaculizados por diversos factores, siendo dos de los más importantes: el fenómeno de la pobreza y el trabajo infantil. Respecto al primero de los mencionados, en los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se indica que en México habitan alrededor de cuarenta millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales más de la mitad se encuentran en situación de pobreza; mientras que, aproximadamente cuatro millones viven en pobreza extrema.
En cuanto a lo concerniente al trabajo infantil tenemos que, de acuerdo al comunicado de prensa emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el doce de junio de dos mil veinticuatro, se puntualizó que en el año dos mil veintidós un total de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se encontraba en condición de trabajo infantil, siendo que, de ellos, 2.1 millones realizaba ocupaciones no permitidas.
Las cifras anteriores son alarmantes por sí solas; sin embargo, el difícil escenario se profundiza en las infancias que se hallan inmersas en una problemática jurídica, puesto que aún y cuando existe todo un conglomerado de normas que deben ser observadas por toda autoridad pública, preponderadamente por los órganos jurisdiccionales al momento de aplicar la ley, la realidad social no permite que la letra del legislador encuentre una aplicación favorable en el entorno cotidiano de las familias mexicanas.
Con lo anterior, pareciese que en nuestro país se vive una paradoja respecto a los derechos de nuestra niñez, en un mundo en donde se ha escrito tanto, pero se respeta poco, considerando que socialmente no logran ser escuchados ni atendidos para la toma de decisiones. No cabe duda que, la existencia de datos alarmantes nos invita a no declinar en la búsqueda de estrategias que permitan a la infancia mexicana el acceso a una vida digna, pues históricamente se les ha colocado en un nivel de inferioridad, invisibilizando sus pensamientos y opiniones; de ahí que, surja la necesidad de que la letra se convierta en realidad y que la constitución no sea únicamente una teoría, no debemos olvidar que al final del día el texto no es el que protege.
Es por ello que, más que la creación de nuevas leyes, se hace necesario para el Estado implementar políticas públicas que impacten en la calidad de vida, en donde se proteja, se brinde seguridad y certeza jurídica a los infantes, en vista de que, sin la transformación real del entorno social, la realización de nuevos instrumentos jurídicos supone una encrucijada para su real consumación.
Bajo ese contexto, el Estado Mexicano tiene la obligación constitucional de generar mecanismos que reconozcan y garanticen una protección real y efectiva a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que trascienda en su realidad diaria. Un ejemplo de ello es la implementación de espacios seguros en donde se les permita tomar sus propias decisiones, creando áreas especializadas en instancias administrativas y jurisdiccionales, con los mecanismos adecuados que auxilien a los servidores públicos y en particular a los juzgadores a efecto de que se les allegue de manera tangible al derecho de acceso a la justicia.
Y, en vísperas de la implementación de una reforma judicial que promete la cercanía entre los impartidores de justicia y la ciudadanía, la interrogante es:
¿La transformación de un sistema legal escuchará a quienes sólo por el hecho de no votar, históricamente no han sido escuchados?
