Académicos y actores políticos de la entidad acusaron al gobernador David Monreal Ávila de no cumplir con su compromiso de consultar a la ciudadanía sobre el proyecto de construcción del viaducto elevado o segundo piso con una longitud de más de tres kilómetros en el bulevar Adolfo López Mateos, en la capital del estado.
A través del pronunciamiento, docentes-investigadores como Rodolfo García Zamora y Francisco Valerio Quintero, entre otros recordaron que en enero pasado dieron a conocer una solicitud al Gobierno del Estado para que este proyecto fuese sometido a un proceso de consulta de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas.
Señalaron que la participación ciudadana “es el derecho de los ciudadanos para emitir su voto en los procesos de Referéndum o Plebiscito; así como para proponer iniciativas de leyes o reglamentos municipales”, mientras que los procesos de consulta “son los mecanismos de participación ciudadana ordenados por la Constitución y la presente ley, efectuados por la autoridad electoral y los ciudadanos para la realización de un Referéndum o Plebiscito”
Asimismo, manifestaron que el pasado 30 de enero el gobernador declaró, a través de medios de comunicación, que estaba de acuerdo con realizar un “debate social” sobre el proyecto, pero eso no ha sucedido y tampoco ha creado las condiciones para exponerle la postura que tienen al respecto.
Por otra parte, indicaron que un “debate social” no es adecuado porque los resultados de un debate “carecen de efectos vinculatorios, es decir, nadie estaría obligado a respetar el resultado. Además, en un “debate” no hay evidencia democrática del resultado, sino que este queda a la apreciación subjetiva o ideológica de quien juzga”. Por el contrario, en un Referéndum se cuentan los votos y se recurre a la regla de mayoría.
Detallaron que en esa declaración Monreal Ávila refirió que llevaría a cabo una agenda de trabajo con las cámaras de comercio y de la construcción, así como con la sociedad, pero “nada sabemos a nivel de la sociedad civil sobre dicha agenda ni, tampoco, estamos informados si en este lapso, las diversas cámaras han sido invitadas a proceso de análisis alguno. Pero, lo más importante para nosotros, lo reiteramos, es el contradictorio proceso que se ha seguido hasta ahora”.
“Al día de hoy es imposible sostener que la sociedad está informada. A mayor abundamiento, se debe señalar que, al momento de emitir estas declaraciones, el proyecto ya estaba licitado y asignado, es decir, se estableció un compromiso legal -y quizá hasta se anticiparon recursos- antes de haber convencido a la sociedad, como usted mismo expresó”, agregaron.
Sobre el proyecto, expusieron que los problemas y posibles beneficios del paso elevado tendrán un impacto directo no solamente en términos de facilitar la movilidad -o trasladar sus puntos álgidos a los puntos de entrada y salida del segundo piso, sino que alterará negativamente la movilidad peatonal, creará sitios en los niveles bajos que, la experiencia mundial lo demuestra, son proclives a la acumulación de basura e, incluso, asiento de delincuentes.
Por tanto, reiteraron que, si se toma una decisión responsable, el proyecto no puede dar inicio sin el aval de la sociedad pues, de otra manera, los efectos positivos no aportarían lo necesario para cubrir los negativos. “Hay tiempo, pues, para reponer el procedimiento y emprender la ruta correcta, que no es otra que la de evaluar alternativas posibles, el impacto integral del paso elevado y sus consecuencias sobre la calidad de la vida urbana como un todo».
Finalmente, propusieron la realización de un foro de expertos en todos los aspectos que involucra el proyecto, mismo que deberá hacerse de cara a la sociedad y ser difundidos por todos los medios posibles, a fin de que ponga a la sociedad en condiciones de emitir un voto informado y responsables.
Además de los firmantes mencionados, también está Gilberto del Real Rueda, Javier Calzada Vázquez, Rafael Laredo Picazo, Rubén Méndez, Roberto Mendoza Calderón, y Pedro Padilla González.
