En una sesión marcada por interrupciones, protestas y un debate polarizado, la 65 Legislatura aprobó con 17 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el dictamen para reformar la Ley de Salud del Estado y reconocer la interrupción legal del embarazo como un servicio de salud pública que debe ser garantizado por las instituciones estatales.
La reforma aprobada modifica diversos artículos de la Ley de Salud estatal para establecer, con claridad, las condiciones en las que las instituciones públicas deben prestar el servicio de interrupción del embarazo. Se garantiza la atención médica sin discriminación y con respeto a los derechos tanto de quienes solicitan el procedimiento como del personal médico, al reconocer la objeción de conciencia, siempre y cuando se garantice la atención mediante personal no objetor.
Un grupo de manifestantes autodenominados “provida” realizó diversas acciones de protesta antes y durante la sesión. En la explanada del Congreso llevaron a cabo un ultrasonido en vivo a una mujer embarazada que decidió libremente maternar y ofrecieron una conferencia de prensa. Dentro del recinto, en la zona de Galerías, colocaron ropa de bebé en las butacas y lanzaron consignas durante toda la sesión.
Durante su participación, la diputada Renata Ávila sostuvo que legislar en este tema no es un acto de improvisación, sino el resultado de un proceso riguroso iniciado desde septiembre de 2024. Recalcó que la reforma es “una necesidad jurídica y de salud pública”, y subrayó que la interrupción voluntaria del embarazo ya se practica en instituciones como el IMSS, ISSSTE y los Servicios de Salud, por lo que se requiere un marco normativo sólido que dé certeza y evite discriminación. “No podemos seguir legislando a partir del miedo ni ceder ante presiones externas que buscan frenar el avance de los derechos de las mujeres”, expresó. También insistió en que se respeta la objeción de conciencia, pero advirtió que ningún derecho —ni siquiera este— puede estar por encima de otros como el acceso a la salud, la igualdad o la no discriminación.
En la misma línea, la diputada Isadora Santivañez afirmó que el debate ya no gira en torno a estar a favor o en contra del aborto, pues este ya fue despenalizado. “Quien venga aquí a hablar en esos términos está desfasado”, dijo. Enfatizó que la reforma no obliga a ningún profesional a actuar contra sus principios, pero sí impone la obligación institucional de garantizar atención médica. “El respeto a las diferentes decisiones es fundamental para construir una sociedad justa e inclusiva”, puntualizó. Además, defendió que en casos de urgencia médica se debe priorizar la vida y salud de la paciente, sin dilación alguna.
Por su parte, la diputada Imelda Mauricio argumentó que el dictamen es “justo, proporcional y constitucional”. Recalcó que la objeción de conciencia no es un derecho absoluto, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe acotarse cuando su ejercicio obstaculiza derechos de terceros. Sostuvo que esta reforma armoniza la libertad de convicciones del personal médico con la obligación del Estado de garantizar servicios de salud reproductiva, y que el marco normativo aprobado “establece mecanismos claros para asegurar que el servicio no sea negado a quien lo requiera”.
En contraste, las diputadas Ma. Teresa López y Dayanne Cruz se manifestaron en contra del dictamen. Ma. Teresa López cuestionó la constitucionalidad de la reforma, alegando que el Congreso local ya no tiene competencia sobre el sistema de salud estatal debido a la transferencia al IMSS-Bienestar. Denunció que se está imponiendo una visión que vulnera el derecho a la objeción de conciencia, y afirmó que la iniciativa “no garantiza la autonomía del personal médico”, además de que podría convertirse en una herramienta para perseguir a quienes se nieguen a realizar el procedimiento. Propuso que se abrieran nuevamente espacios de Parlamento Abierto.
Dayanne Cruz calificó el dictamen como “una reforma injusta” que “legisla a favor de la muerte”. Sostuvo que no existe un análisis serio de impacto presupuestal y que se está cargando al sistema estatal de salud con obligaciones que no puede cumplir. “Votamos hace días un exhorto porque los hospitales no tienen insumos ni personal, y ahora se dice que no hay impacto económico. Es absurdo”, denunció. También señaló que mientras el aborto será gratuito, a las mujeres que deciden parir se les siguen cobrando cuotas de recuperación, lo que consideró un trato desigual e injusto.
En el área de Galerías, los manifestantes intensificaron sus gritos durante las intervenciones de Renata, Isadora e Imelda, dirigiéndose especialmente contra la primera con el grito reiterado de “¡No me representas!”. El presidente de la Mesa Directiva, diputado David González Hernández, debió llamar en varias ocasiones al orden. Se decretó un receso para que la Junta de Coordinación Política evaluara un posible cambio de sede. Aunque la diputada Isadora propuso formalmente cancelar la discusión, la moción no prosperó y la sesión continuó entre gritos e interrupciones.En redes sociales, algunos comentarios celebraron que la reforma busque poner fin a la práctica de negar servicios de aborto en instituciones públicas bajo el argumento de objeción de conciencia, mientras se ofrecen —previo pago— en clínicas privadas. “A los médicos que alegan objeción de conciencia en los centros de salud, bien que se les olvida (cuando) cobran en sus consultorios particulares y realizarlos en el San Abortín”, expresaba un comentario aludiendo al Hospital San Agustín, un nosocomio privado.
La sesión también incluyó la aprobación unánime de una minuta constitucional enviada por el Congreso de la Unión. Con 28 votos a favor, se reformó el artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución para establecer la obligación de las autoridades en todos los niveles de gobierno de aplicar políticas de simplificación administrativa y digitalización de trámites. La medida busca facilitar el acceso de la población a servicios y procesos gubernamentales de forma más ágil y eficiente.
