La Universidad Nacional Autónoma de México no puede dejar de reconocer que es una institución del Estado, por lo que debe mantener una buena relación con el gobierno y coordinación con las demás instituciones. Coordinación sin subordinación
, aseveró Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho y uno de los 17 aspirantes a la rectoría.
En sus 51 años de trayectoria, desde su ingreso como alumno a la Escuela Nacional Preparatoria 6 y hasta su actual cargo que está por concluir, el doctor en derecho y presidente de la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario considera que sus 34 años como académico y experiencia en cargos administrativos del gobierno federal representan una combinación perfecta para ser el próximo rector.
En una oficina en la que resalta un estandarte bordado a mano de la universidad nacional, regalo de la poeta Gabriela Mistral al entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, en 1922, el ex funcionario y notario con licencia conversó con La Jornada acerca de las cualidades que debe tener el siguiente rector, la Ley Orgánica de esta institución y su plan de trabajo en caso de suceder a Enrique Graue.
–¿Es momento de que un abogado regrese a la Rectoría?
–Los abogados siempre hemos estado cercanos a la transformación de la universidad. Comparto la opinión del rector Enrique Graue de que la persona que ocupe la Rectoría para los próximos cuatro años no depende de profesiones ni tampoco de género. La Junta de Gobierno tendrá que elegir el perfil de la persona que sea más adecuada para el momento que vive la universidad y el país.
–¿Qué cualidades tiene que le den ventaja sobre el resto de los aspirantes?
–Tengo una trayectoria universitaria de 51 años. Entré a la prepa 6 en 1972, tengo 51 años de ser universitario, el único abogado en este proceso de sucesión y tengo una formación profesional muy intensa en la vida de la universidad y también en responsabilidades en el gobierno federal, en gobiernos estatales y el Poder Legislativo, así como de carácter sindical y notario con licencia.
–¿Qué haría para tener una mejor relación con el gobierno federal?
–Ser un administrador de una institución de educación superior que respete la pluralidad, así como mantener una buena relación con el gobierno porque la universidad no puede dejar de reconocer que somos una institución del Estado y debemos tener una buena coordinación con las demás instituciones del Estado. Coordinación sin subordinación.
Somos una institución que opera con el financiamiento del pueblo y genera conocimiento a través de la investigación y la difusión de la cultura, que está al servicio de las causas nacionales y trata de ayudar a que se resuelvan los problemas nacionales.
–¿Mejorará la relación con el nuevo gobierno, independientemente del partido que gane?
–La persona que ocupe la Rectoría tiene tres grandes retos de carácter político: evitar que la universidad sea un campo de batalla durante los procesos electorales del próximo año o una plataforma política; mantener una relación armónica con el gobierno que termina, y luego, establecer relación con el nuevo.
–¿Cómo atendería el tema de los maestros de asignatura?
–En mi programa de trabajo expongo que es necesario analizar si efectivamente quien está contratado para impartir una materia recibe una mala remuneración y hacer un análisis comparativo con otras instituciones de educación superior públicas y privadas.
–¿Usted cree que hay grupos de poder y de élite que controlan a la universidad?
–Son leyendas urbanas. No percibo esos grupos que por antaño existieron y se han venido diluyendo con el paso del tiempo. Ahora la Junta de Gobierno tiene una amplia gama de opciones para poder elegir y esperemos que lo haga con toda la libertad que requiere esta responsabilidad.
–¿Existen injerencias que pongan en riesgo la autonomía?
–A lo largo de la historia de la universidad siempre ha habido tentaciones externas por tratar de influir. Parte de la normalidad política es que grupos quieran ponerla a su servicio, pero la autonomía la hemos conquistado y mantenido, y la seguiremos defendiendo para que esto no ocurra.
–¿El rector debe tener más peso político o fortaleza académica?
–Ambas. Debe ser un académico respetado por una comunidad, pero también demostrar liderazgo, además de experiencia administrativa y política que le permita dirigir una institución de 343 mil alumnos, 42 mil profesores y 25 mil trabajadores.
–¿La Ley Orgánica amerita actualizarse?
–En los años 70 se le preguntó lo mismo al rector Javier Barrios Sierra y él contestó que la actualización de la ley no es la prioridad. Es una ley que tiene que pasar por el Congreso, pero siempre habrá el riesgo y la tentación de que se pudiera alterar su contenido y resulte contrario a las necesidades de la universidad.
Piso parejo
–¿Existe piso parejo en la presente competencia?
–Las normas las creó la Junta de Gobierno y todos los que se inscribieron en el proceso las conocemos. En esta ocasión participamos tres directores y eso da la impresión de que se mueve más un aspirante que otro, porque atrás hay una comunidad que lo impulsa. A veces se ve disparidad, pero no es porque haya reglas que favorezcan más a unos que a otros.
–En su proyecto habla de mejorar las condiciones para los alumnos ¿cómo lo haría?
–Mi proyecto dice que hay que poner al alumnado en el centro de la atención. Tenemos evidencia de que la gratuidad no es suficiente, se requiere de un tratamiento adicional para que pueda haber equidad y tengan un mejor proceso de aprendizaje.
–¿La matrícula aún puede crecer?
–La universidad no puede resolver todo el problema de educación superior al gobierno. Hemos demostrado que se puede seguir dando educación masiva, sin demérito de la calidad y de excelencia, pero eso tiene un límite.
La pandemia nos enseñó muchas cosas. Dimos más de dos años clases en Zoom; entonces, se podría pensar que, quizá, algunas carreras se podrían concursar en línea o de manera híbrida y eso podría ampliar la oferta sin necesidad de construir aulas y baños, sólo con financiamiento para completar profesores.
–¿Qué acciones concretas aplicaría para agilizar la atención a los casos de violencia de género?
–Aquí en la Facultad de Derecho hemos tomado medidas basadas en emitir medidas cautelares, hemos llegado al grado de separar de su encargo a un consejero técnico, que era el decano y el presidente del Tribunal Universitario.
Esto requiere de una reforma legislativa para que los directores puedan tener facultades legales para emitir medidas cautelares, así como de la actualizar la legislación y revisar los contratos colectivos para que no sean tan proteccionistas los procesos cuando los académicos o los trabajadores estén denunciados por violencia de género.
De los 17 aspirantes
a la Rectoría de la UNAM,
La Jornada entrevistó a 14; declinaron a hablar con este medio:
• Sergio Alcocer Martínez de Castro
• Germán Fajardo Dolci
• María Esperanza Martínez Romero
