En la primera sesión del 2023, el pleno de la SCJN eligió a la ministra Norma Lucia Piña como la primera mujer que desempeñaría la presidencia de ese poder de la República. Atrás había quedado una terrible campaña de linchamiento mediático contra la ministra Jazmín Esquivel, única contendiente de Piña, orquestada por la oposición que ha venido utilizando al Poder Judicial para obstaculizar al gobierno de AMLO, con la acusación de que había plagiado su tesis con la que obtuvo su licenciatura en la UNAM cuatro décadas antes, acusación que a la postre quedó sin sustento cuando la persona plagiada confesó que, en realidad, él había sido el plagiador, hecho que hasta la fecha es poco conocido. Una consecuencia inesperada de aquel linchamiento fue que alguien se puso a curiosear en la tesis de Xóchitl Gálvez, coordinadora del frente electoral del PRIANRD, obteniendo información que llegó hasta medios como El País, dado que el informe de la futura candidata presidencial contenía un buen número de párrafos copiados de un trabajo ajeno, por lo que un buen número de “distinguidos” intelectuales y comentaristas que se sumaron al linchamiento de finales del año pasado, se vieron obligados a criticar, así sea levemente, a su engendro, quien no tuvo más remedio que decir públicamente: “la pendejié”. Así pues, la saña del linchamiento se revirtió contra Xóchitl.
Por otra parte, resulta muy extraño que el frente formado por el PRIANRD guarde silencio sobre sus decisiones en relación con las próximas elecciones de gobernadores en nueve estados de la república, ni sobre los criterios que utilizarán para integrar a sus bases para la campaña. La hipótesis de que están inmersos en problemas internos adquiere más plausibilidad si recordamos los esfuerzos que hicieron para no quedarse atrás de Morena, logrando que la designación de Xóchitl apareciera unos días antes del anuncio de los resultados del partido en el poder. Es muy probable que muy pronto observaremos señales claras de la naturaleza de sus problemas.
En el nivel local, llaman la atención los esfuerzos de varios integrantes de la expresión política de la familia Monreal, para difundir un presunto acuerdo en torno de las personas que se desempeñarán como candidatos de la coalición que impulsa la continuidad de la 4ª T, y su adhesión entusiasta a la coordinación de Claudia Sheimbaum, aunque contravienen sus lineamientos haciendo propaganda adelantada a favor de sus aspirantes a un escaño en el senado. No parecen asumir el significado político de los resultados de las encuestas nacionales y de la local aplicadas a fines de agosto, para dirimir la competencia nacional en las que a su expresión no le fue nada bien, ni el de la decisión de AMLO de entregar el bastón de mando de la 4ª T a Claudia, y se comportan como si todavía existieran las condiciones que les permitieron la exclusión de la mayoría de los fundadores de Morena. Es probable que lo único que lograrán con esas conductas prepotentes es que la aplicación de las encuestas anunciadas para resolver el resto de las candidaturas, se convierta en un plebiscito sobre su desempeño como corriente hegemónica en Zacatecas. Pronto llegarán las avanzadas de Claudia para preparar el evento en el que se firmará el acuerdo estatal de unidad, que sin duda contendrá la prohibición a la utilización de la utilización facciosa de los recursos públicos, y decisiones organizativas para incorporar a todos los equipos a la estructura de la campaña electoral, cuyo inicio está cada vez más cerca. Es poco probable que Claudia Sheimbaum avale procedimientos y reglas que excluyan no solo al equipo que le apoyó en la competencia, sino a todos los equipos del resto de los competidores.
Por último pero no menos importante. Recordemos que en abril de 20022, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró validos los artículos más importantes de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de la energía electrica, lo que implicó que la norma impugnada a través de acción de inconstitucionalidad por senadores de oposición siguiera vigente, lo que ha permitido fortalecer a la CFE y limitar la participación de los productores privados al 46 % del mercado. Pues bien, uno de los ministros más neoliberales, Javier Laynez vuelve a la carga y propone un fallo a favor de las seis empresas de energías renovables que tramitaron el amparo. Señala que los argumentos a favor de los artículos que privilegian el despacho de energía generada por CFE por encima de la generada por privados, así como los argumentos a favor del artículo que excluye a empresas de energía eólica y solar “son infundados”, dice el proyecto del ministro Laynez. “El sistema normativo impugnado sí atenta contra el modelo de mercado eléctrico previsto en el diseño constitucional”, interpretando que la constitución establece que el principio de sustentabilidad, de competencia económica y libre concurrencia están por encima de la soberanía nacional y de la primacía de la empresa pública, por lo que las disposiciones vigentes no se justifican y deben derogarse, dando la razón a las empresas beneficiadas por Felipe Calderón y Peña Nieto. La SCJN ha programado el debate del tema para el día 27 de este mes. Veremos hasta donde llegan.
