Tras reunirse con diputados integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda del Congreso del Estado, alcaldes y representantes de Sombrerete, Saín Alto y Chalchihuites denunciaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pretende imponer convenios de pago “impagables”, ante el adeudo de 126 millones de pesos en el caso de Sombrerete y 20 millones en el caso de Saín Alto.
Los ediles advirtieron que el IMSS mantiene una política de presión permanente, con amenazas de embargo, que calificaron como “actos de terrorismo institucional” y solicitaron la instalación urgente de mesas de trabajo con el Congreso, el IMSS y la Secretaría de Finanzas.
El presidente municipal de Sombrerete, Ramiro Hinojoza Aguayo, expuso que a su municipio se le exige un pago inicial de 14 millones de pesos sólo para iniciar negociaciones y la firma de convenio con el IMSS, además de mensualidades de 2.5 millones, condiciones que tachó de inviables.
Además, denunció que durante la administración anterior el IMSS sustrajo de forma irregular 14 millones 962 mil 718 pesos de cuentas embargadas, sin que hasta la fecha se reconozca ese monto como parte del adeudo. A ello se suman más de 10 millones de pesos en descuentos.
“Queremos que el Seguro reconozca que dispuso malamente de este recurso y que lo tome en cuenta para este adeudo, porque nos están cobrando todo como si no hubiéramos abonado nada”, señaló el alcalde, explicando que serían entonces casi 25 millones de pesos los que se deberían reconocer en la parte inicial del convenio.
Se tienen comprometidos los recursos de las participaciones por cinco años, con un déficit mensual de entre 3 y 4 millones de pesos, explicó el tesorero municipal de Sombrerete, Juan José Frayre Dueñas, detallando que se ha venido usando hasta un 75% del recurso del Fondo 4 para cubrir las obligaciones financieras.
Ignacio Gómez Almaraz, secretario de gobierno de Saín Alto detalló que la deuda con el IMSS asciende a cerca de 20 millones de pesos, y que mensualmente se descuentan 1.48 millones de sus participaciones federales, lo que ha puesto en riesgo el pago de nómina y la ejecución de obra pública.
Denunció que el instituto está exigiendo el pago de adeudos desde 2010, a pesar de que legalmente sólo pueden cobrarse los últimos cinco años. Además, cuestionó que el IMSS no haya reclamado esos montos a las administraciones anteriores, lo que consideran una omisión grave.
Por temor a embargos de cuentas —como ya ocurrió en Saín Alto— los municipios terminan firmando convenios impagables, señaló Ignacio Gómez Almaraz. Agregó que, en el caso de ese municipio, la deuda también es por alumbrado público, impuesto sobre la renta, entre otros conceptos.
Sobre el caso de Chalchihuites, Hinojoza Aguayo mencionó que el representante jurídico promovió un amparo que derivó en una resolución judicial que prohíbe al IMSS embargar cuentas municipales.
Sin embargo, advirtió que aún podrían embargarse bienes o vehículos. “Van sobre lo que pueden”, expresó, tras reiterar que el instituto mantiene una política de hostigamiento financiero que calificó como “actos de terrorismo institucional” contra los gobiernos municipales.
