Ayer se llevó a cabo un foro entre candidaturas a magistraturas de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), como parte de las primeras elecciones judiciales en la entidad.
Griselda Manuela Blanco González (01), Arnulfo Sánchez Dovalí (03), Osvaldo Cerrillo Garza (04) y Raúl García Martínez (05), quienes aparecerán en la boleta rosa con esos números, participaron en este ejercicio transmitido en vivo por las plataformas oficiales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), tanto en Facebook como en YouTube.
Osvaldo y Raúl compiten entre sí por el primer cargo, mientras que Griselda y Arnulfo lo hacen por el segundo.
El debate se organizó en tres bloques temáticos —derecho general, justicia y derechos humanos, y derecho penal— con preguntas propuestas por ciudadanía y estudiantes de Derecho, Administración y Ciencias Políticas.
Respecto a cómo reducir la revictimización de mujeres y niñas en casos de violencia de género, Griselda Blanco (01) propuso imponer tratamientos psicoterapéuticos a agresores, como ya permite la ley estatal, y trabajar también con las víctimas para fortalecer su autonomía. Arnulfo Sánchez Dovalí (03) planteó canalizar a las personas afectadas a instancias como el DIF y la Comisión Estatal de Víctimas, y aplicar los protocolos establecidos en la Ley de Atención a Víctimas.
Ante la pregunta sobre cómo resolver una ambigüedad legal en perjuicio del imputado, Raúl García Martínez (05) explicó que, aunque la norma sea ambigua, “la decisión debe sostenerse por todas las instancias”, y que su fortaleza radica en estar debidamente fundamentada y motivada, de modo que respete principios del sistema acusatorio y no transgreda garantías procesales.
Su respuesta hizo énfasis en que la ambigüedad no exime al juez de resolver, sino que lo obliga a justificar con claridad el camino tomado.
Osvaldo Cerrillo (04) señaló que el juez debe resolver una ambigüedad legal con apego a la legalidad, garantizando una impartición de justicia imparcial y respetuosa de los derechos del imputado. Mencionó el artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales como marcos normativos aplicables, y sostuvo que toda resolución debe estar basada en el debido proceso y en la autonomía del juzgador.
Las candidaturas por el segundo cargo abordaron una pregunta sobre qué hacer ante una prueba fundamental obtenida con irregularidades. Griselda Blanco (01) afirmó que toda prueba obtenida con violación de derechos debe desecharse, y que la responsabilidad de acreditar el delito recae en la parte acusadora.
Arnulfo Sánchez (03) coincidió en excluir pruebas ilícitas, pero distinguió entre irregularidades sustantivas y procesales, señalando que estas últimas pueden ser superables si se valora adecuadamente el conjunto probatorio.
Propuso valorar el “caudal probatorio” en su conjunto y recordó que “una prueba puede contaminar otras” si incurre en lo que llamó “consecuencia del árbol envenenado”.
En el segundo bloque, se preguntó cómo aplicar el principio del interés superior de la niñez en caso de conflicto con otros derechos fundamentales. Osvaldo Cerrillo Garza (04) expresó que el principio debe aplicarse con base en el respeto a los derechos fundamentales y el desarrollo de la niñez. Destacó la existencia de leyes y secretarías orientadas a la protección de las infancias.
Raúl García (05) sostuvo que este principio debe prevalecer de forma sistemática, dado que las niñas y los niños son sujetos en situación de vulnerabilidad. Enfatizó que los tribunales deben ofrecerles un trato diferenciado respecto de las personas adultas.
“Primero debemos comenzar por el principio de creerle su versión; segundo, no podemos exigirle cosas al menor que sepa circunstancias de lugar, de tiempo, de modo”, expuso el candidato. Señaló que es responsabilidad del juzgador evitar la revictimización y garantizar una reparación integral, incluyendo el uso de espacios adecuados para su testimonio.
