Este miércoles los diputados locales exhortaron a los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para que esta instancia “cumpla con las garantías de legalidad y de seguridad jurídica” en la designación del Comité de Participación Ciudadana.
Este llamado, que fue planteado por los legisladores que integran la Comisión de Seguridad Pública y Justicia y posteriormente considerado por el resto como un asunto de urgente y obvia resolución, ocurre días después de que los encargados de elegir a los ciudadanos que representarán a los zacatecanos al interior del SEA protagonizaran una discusión en el vestíbulo del Congreso local.
El motivo del choque fue la falta de cumplimiento a los requisitos de ley de una de las personas seleccionadas para conformar el Comité de Participación Ciudadana, Liliana Candelario Cardoso, quien no tiene la edad mínima necesaria para ocupar este cargo.
Debido a estos señalamientos, el diputado Luis Medina Lizalde leyó el punto de acuerdo elaborado por los integrantes de la comisión legislativa que propuso el exhorto y señaló en la exposición de motivos que este llamado se hace porque el SEA “debe funcionar, desde sus inicios, con total transparencia”.
Los legisladores añadieron que el Comité “debe estar conformado por ciudadanos y ciudadanas con probidad y prestigio, ya que indefectiblemente sus miembros formarán parte del Comité Coordinador y más aún, éste deberá estar presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana”, que es la cabeza del Sistema Anticorrupción.
De ahí la importancia, destacaron en su propuesta, de que todo el proceso de designación de los integrantes de este comité esté apegado a los principios de “legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, ello salvaguardando los derechos humanos de quienes hubieren participado”.
No obstante, en el momento en el que se aprobaba este exhorto en el Congreso del estado, los integrantes de la Comisión de Selección se encontraban tomando protesta a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, no en el recinto legislativo, sino en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey.
A través de un comunicado que fue entregado en forma impresa a los medios de comunicación presentes en la Legislatura, los comisionados informaron que se llevó a cabo la toma de protesta a Martha Joanna Corral Peralta por el periodo de un año y quien estará como presidenta de esta instancia; Bulmaro Alvarado Almanza por dos años, Antonio Sánchez González por tres años, Liliana Candelario Cardoso por cuatro años y Jesús González Ramírez por cinco años.
En el texto entregado señalaron que, tras la controversia surgida por la falta de cumplimiento a un requisito legal por parte de Candelario Cardoso, llegaron a un acuerdo en el que retoman los argumentos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que expone que “las habilidades y aptitudes no se pueden generalizar a partir de un rango de edad, sino que dependerán de pruebas individuales”. En este sentido concluyeron que, “por lo tanto, no podemos incurrir en un acto de discriminación”.
Asimismo, indicaron que la facultad que se les otorgó en la legislación del SEA es la de nombrar a los miembros del Comité, pero no la de destituirlos.
Ésta no es la primera ocasión en la que alguna de las etapas de conformación del Sistema Estatal Anticorrupción recibe críticas.
Antes de concluir el año, los diputados locales fueron señalados de opacidad debido a que no se dieron a conocer los criterios específicos usados para la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Entre ellos quedó, por ejemplo, Uriel Márquez Cristerna, familiar del gobernador Alejandro Tello Cristerna, quien además participó en su nombramiento.
