Las reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución, en materia de bienestar de adultos mayores, personas con discapacidad y campesinos representan un acto de justicia social para acceder a una mejor calidad de vida para los grupos y personas más vulnerables, históricamente olvidados en el país.
Estas reformas son de gran trascendencia, si consideramos que actualmente en México existen 6.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad (4.9% de la población); los adultos mayores de 65 años y más ascienden a 10.3 millones de personas (INEGI, 2023). Muchos de ellos sufren de pobreza o de pobreza extrema al no tener un ingreso propio, del gobierno o de algún familiar; los gobiernos de la Cuarta Transformación del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum han creado programas en beneficio de estos grupos vulnerables; se han entregado apoyos económicos a 1. 5 millones de personas con discapacidad permanente, quienes reciben una pensión no contributiva bimestral de 3 mil 100 pesos bimestrales; de igual manera, 13.5 millones de adultos mayores reciben una pensión vitalicia de 6 mil 250 pesos bimestrales; estas políticas sociales del gobierno han disminuido la pobreza y pobreza extrema en personas con discapacidad y adultos mayores de 49.9 % a 37.5% y de 15.6% a 8.8%, respectivamente.
Así mismo, 1 millón de campesinos que cultivan sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas reciben un jornal justo y permanente equivalente a 6 mil 250 pesos mensuales a través del programa “Sembrando Vida”; los productores de pequeña escala reciben un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos; además se creó el programa de Precios de Garantía para el maíz, frijol, leche, arroz, trigo harinero, lo cual le da certeza de comercialización y de precios justos a los productores de bajos ingresos.
La presidenta Claudia Sheinbaum, además de continuar y mejorar estos programas de bienestar, los ampliará en 2025 con la pensión bimestral a las mujeres de 60 a 64 años de edad y con las becas a niños, niñas y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria. Programas que se aplicarán en forma gradual de 2025 a 2027 hasta llegar a ser universales.
Cabe mencionar que las pensiones y apoyos económicos serán crecientes en términos reales, respecto al año anterior. Como vemos estos programas y apoyos ya existen, el propósito de las actuales reformas es llevarlos a la Constitución para convertirlos en derechos constitucionales permanentes para que ningún gobierno futuro los elimine o disminuya sus montos.
En el caso de la pensión de adultos mayores se hace una modificación para que este beneficio quede plasmado en nuestra Carta Magna a partir de los 65 años (como se entrega actualmente) y no a los 68 como está en la Constitución. En la pensión de personas con discapacidad, la modificación consiste en la universalidad, es decir, para que todas las personas con discapacidad menores de 65 años reciban el apoyo y no se circunscriba de manera prioritaria a los menores de 18 años, indígenas y afro mexicanos; también se amplía su alcance para que el Estado garantice la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad permanente con prioridad a menores de 18 años de edad.
Levar a la Constitución los precios de garantía de alimentos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz y leche) beneficia a los pequeños y medianos productores con precios más justos de sus productos, disminuye el intermediarismo, el “coyotaje”, quienes en muchas ocasiones se aprovechan de los compromisos económicos de los campesinos y les arrebatan sus cosechas a precios de hambre, incluso por debajo de sus costos de producción; lo cual desincentiva las actividades agropecuarias y provoca el abandono del campo, la migración e impacta negativamente en la autosuficiencia alimentaria e incrementa la dependencia agroalimentaria del exterior. Los precios de garantía desempeñan una función reguladora en el mercado de estos productos, promueve que los comercializadores paguen precios más justos de los granos.
En Zacatecas los precios de garantía para el frijol son muy importantes, nuestro estado produce del 35 al 40% de la producción nacional, se dedican a este cultivo más de 70 mil familias campesinas; sin embargo se sufre de un alto intermediarismo, los comercializadores actualmente pagan en promedio 17 pesos por kilogramo, lo cual está por debajo de los costos de producción, al oficializarse un precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, los productores se verán beneficiadas por las toneladas entregadas al programa de Segalmex, y a la vez, el resto de las cosechas no entregadas al programa serán pagadas a un mejor precio por parte de los comercializadores “un buen precio de Segalmex repunta los precios pagados al productor en los mercados”. Es un ganar-ganar, gana el productor, gana el consumidor al adquirir el frijol a un mejor precio en las tiendas Diconsa y los comercializadores también tendrán ganancias razonables.
La Política social basada en las necesidades reales de la población han disminuido la pobreza al pasar de 55.7 millones de personas en 2020 a 46.8 millones en 2022, es decir 9 millones de personas salieron de la condición de pobreza en gran parte por los beneficios de los programas sociales.
*Diputado Federal por el Tercer Distrito de Zacatecas.
