El debate sobre la reforma la Poder Judicial de la Federación que propuso el Presidente López Obrador, se ha intensificado durante las últimas semanas y las acciones en torno a la misma han subido de nivel, por una parte, trabajadores de dicho poder se han manifestado al grado que se han ido a huelga por tiempo indefinido, parando labores con excepción de casos urgentes y aquellos que no pueden frenarse por su naturaleza, por otra parte, medios de comunicación han intensificado sus posturas e incluso el embajador de Estados Unidos en México ha violentado nuestra soberanía nacional al fijar postura en torno al tema.
Sin embargo, ni trabajadores del Poder Judicial, ni Jueces ni los grandes medios, han profundizado su análisis respecto de la reforma, en lo personal, he recibido comentarios de abogados y trabajadores de dicho poder, enfocados a minimizar el conocimiento que un servidor pueda sostener respecto de la materia jurídica o de la abogacía, tratando de enaltecer el suyo sobre diversas materias, hecho que no está a discusión con la reforma judicial.
La propuesta de Reforma no busca enaltecer o hacer menos los conocimientos jurídicos en diversas materias o incluso en cuanto a la impartición de justicia de los trabajadores del Poder Judicial, es un hecho notorio y reconocido que la gran mayoría de estos, son los más preparados y capacitados respecto de las materias que se resuelven en los tribunales federales, sin embargo, lo que está a discusión es que existen jueces federales, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte, coludidos con intereses particulares, trátese de intereses de grandes empresarios, criminales e incluso de grupos políticos mexicanos y extranjeros.
En ningún momento se ha puesto a discusión la capacidad de juzgadores de dicho poder, al menos a nivel federal no, lo que se discute es que el método de selección de estos, no es el más transparente, a pesar de que uno de los argumentos de defensa sea que la carrera judicial permite llegar a los más capaces de dicho poder a los encargos de impartición de justicia, sólo el 11% de los jueces federales, llegaron por examen de oposición, es decir, el 89% de quienes hoy ostentan un cargo de juez, magistrado o ministro, tuvo acceso al mismo gracias a las relaciones políticas y personales que han tejido durante su vida.
Es decir, que un gran porcentaje de juzgadores se deben a las relaciones que tejieron durante su trayectoria profesional, fueron electos por unos cuantos y en un gran porcentaje, han servido a dichos intereses, no es gratuito que el embajador de Estados Unidos en México opine contra dicha reforma a pesar de que su propio presidente impulsa una en la misma materia en su país, pues muchos intereses de grandes empresas norteamericanas han corrompido a Presidentes, legisladores federales, locales y a muchos jueces y ministros para que sean aprobadas reformas estructurales que les beneficien, a ejecutivos para que se les condonen millones en impuestos y juzgadores para que fallen a favor de sus intereses, incluso empresarios mexicanos lo han fomentado, tenemos casos como el de Salinas Pliego en el que debe impuestos desde el sexenio de Vicente Fox y hoy se le ha beneficiado desde la Corte.
Muchos mitos se han impulsado en torno a la reforma judicial, pero la realidad es que 8 de cada 10 mexicanos perciben a dicho poder como corrupto, quizás equivocadamente, pues la gran mayoría de trabajadores del mismo, son personas honestas que dedican su vida a la impartición de justicia, pero que se ve opacado su esfuerzo por unos cuantos que se han coludido con grupos criminales, empresarios y políticos corruptos.
La mayor oposición se ha centrado en la elección de Juzgadores mediante voto popular, el mecanismo de selección establece candados para evitar que cualquiera pueda ser electo, pero el voto popular permite que el mexicano se mantenga informado sobre quiénes lo van a representar en dicho poder y permite que los juzgadores sean visibles al momento de dictar resoluciones para liberar criminales, condonar impuestos o frenar obras que benefician a la gran mayoría de los mexicanos por servir a intereses particulares.
No se puede negar la existencia de corrupción al interior de dicho poder cuando existen pruebas de que 65 miembros de una misma familia trabajan para dicho poder, cuando se frena el pago de impuestos por cientos de millones de pesos de empresarios y cuando se liberan criminales de manera impune, muchos otros mecanismos deben impulsarse para logar la protección de juzgadores que permite el libre ejercicio de sus funciones y otros candados para evitar que cualquiera aspire al cargo, incluso deben reformarse las fiscalías y el sistema partidista y electoral en el país.
