Armando de la Cruz Arteaga, presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) denunció que, de manera irregular, se le pretende desplazar de su cargo y nombrar a otra persona por acuerdo entre grupos políticos al interior de la institución, situación que podría derivar en usurpación de funciones.
Según expuso, el problema surgió cuando Adriana Guadalupe Rivero Garza presentó su renuncia al cargo de defensora titular ante el Consejo Universitario; en consecuencia, como presidente de la Defensoría solicitó iniciar el procedimiento para llamar al suplente, en este caso, Luis Ernesto Hernández Martínez, sin recibir respuesta alguna.
El 24 de mayo pasado, relató, Rafael Rodríguez Rodríguez notificó que asumiría sus funciones como defensor universitario. El mismo día, el propio Luis Ernesto Hernández Martínez informó mediante escrito que asumiría la titularidad del cargo de defensor a partir del 24 de mayo de 2024, solicitando dar continuidad al procedimiento iniciado con anterioridad ante el Consejo Universitario.
Días después, el 28 de mayo, mencionó que el secretario general de la universidad, Ángel Román Gutiérrez, y Rafael Rodríguez Rodríguez, acudieron a la Defensoría Universitaria, en donde se formalizó la toma de posesión como defensor titular a Luis Ernesto Hernández Martínez, acto del cual se levantó el acta correspondiente.
Posteriormente, el 30 de mayo, De la Cruz Arteaga expuso que convocó a sesión ordinaria de la Defensoría Universitaria, pero en esa misma fecha, Rodríguez Rodríguez y Hernández Martínez solicitaron someter a votación la designación de Presidente de la Defensoría Universitaria.
En la sesión ordinaria realizada el 31 de mayo, comentó, se determinó improcedente el escrito del 30 de mayo, a pesar de que “el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Universidad, la Defensoría se instala una vez calificado el proceso electoral ordinario convocado por el Consejo Universitario, y tras este ejercicio democrático se me asigna como Presidente de la Defensoría para el periodo 2021-2025. Por lo tanto, la presidencia está en funciones y no vacante”.
No obstante, en esa sesión se determinó la imposibilidad de continuar con el orden del día, dando por terminada la reunión quedando a salvo los derechos de los defensores para que los hagan valer ante la instancia competente.
Es decir, manifestó que en la sesión Rodríguez Rodríguez y Hernández Martínez le violentaron los procedimientos de destitución al frente de la Defensoría Universitaria, ello mediante “una supuesta votación en donde se designa al Dr. Rafael Rodríguez como supuesto presidente”.
De la Cruz Arteaga informó que se notificó de los hechos al Consejo Universitario el 3 de julio pasado, en cuyo oficio describió la actitud amenazante y agresiva hacia el personal y hacia él por parte de Rodríguez Rodríguez, por lo que solicitó la intervención del Consejo, respuesta que hasta la fecha no le ha sido recibida.
Finalmente, el 24 de junio, reiteró al Consejo Universitario la necesidad de intervenir para que Rodríguez Rodríguez deje de usurpar funciones propias de la Presidencia de la Defensoría, puesto que es un cargo que ocupa tras un proceso democrático universitario, a la vez de que solicitó también un pronunciamiento sobre la situación de la Defensoría, pues el Consejo Universitario es la única instancia interna que puede resolver cuestiones referentes a la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Indicó que, al interior de la Defensoría Universitaria se rumoran supuestos acuerdos políticos por parte de líderes de grupos universitarios a favor del Rafael Rodríguez Rodríguez como presidente de este organismo
No obstante, aseguró que “dichos acuerdos no pueden ni deben prevalecer sobre las normas universitarias, pues se violentan los derechos y la democracia de toda la comunidad, pues el cargo se vota y designa por todos los sectores de la Universidad”.
De la Cruz Arteaga recordó que la defensoría Universitaria es un órgano garante del respeto a los derechos de los universitarios y del cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa, de tal manera que estos actos sobrepasan la razón de ser de la oficina en cuestión.
En ese contexto, informó que seguirá su continuidad en el ejercicio de la función de Presidente de la Defensoría Universitaria hasta que se realice el procedimiento respectivo de remoción del cargo, apagado a la legislación universitaria y en la instancia competente, pero mientras eso no ocurra, los actos del Rodríguez Rodríguez se podrán considerar como usurpación de funciones.
