El fin de semana pasado a través de las redes sociales me enteré de la reunión bilateral entre el ejecutivo del estado de Zacatecas y el jefe de la Oficina contra la Droga y el Delito en México (UNODC). El gobernador de Zacatecas escribió en sus redes sociales lo siguiente: “me reuní con el Sr. Kristian Holge, representante de la UNODC en México. Compartimos la visión de reforzar las estrategias de prevención del delito a través de acciones transversales e integrales”. Por su parte la UNODC, días después de la visita a Zacatecas posteo: “apoyaremos el desarrollo de conocimientos, el diseño y la puesta en práctica de iniciativas de prevención que hagan frente a las causas más profundas de la delincuencia y la violencia”. Particularmente, me parece una buena noticia entre tanas malas noticias que surgen de Zacatecas desafortunadamente. Antes de explicar los alcances de esta posible alianza, es necesario entender de que va esto de la gobernanza integral y de la gobernanza integrada. Recordemos que el fin de los regímenes militares-autoritarios en América Latina, propiciaron planteamientos en esferas internacionales sobre el papel del Estado. En este contexto surgieron conceptos como el de gobernanza, entendida como: “los dispositivos de negociación y de cooperación entre una pluralidad de actores, tanto de la sociedad civil, del sector económico y del mercado, como del Estado (…)” para orientar la definición y gestión de las políticas públicas (Le Galés, 1995). Así como “(…) los procesos colectivos que determinan una sociedad, cómo se toman decisiones y se elaboran normas sociales con relación a asuntos públicos” (Hufty, 2006). A su vez, la integración entre los actores se lleva a cabo a través de políticas y normas. Para el caso de Zacatecas existen la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. En el marco legal se establece, de hecho, la gobernanza integral como el camino a seguir en el diseño de la política pública de prevención, el paso uno de la receta internacional ya está hecho. Entonces es necesario, de acuerdo con esta visión que el gobierno de las problemáticas de seguridad, en el que se involucran y cooperan todos los actores institucionales, superando el aislacionismo y las parcelas de decisión y, al mismo tiempo, se superan las fronteras administrativas y se integran los niveles municipales en la elaboración de políticas públicas. Hablamos de una gobernanza integral cuando ponemos el conocimiento y la evidencia al servicio de las soluciones, desde múltiples disciplinas y experiencias. Implementar una política de estas características es indispensable un buen diagnóstico local, municipal, inclusive por barrio; esto por una parte, pero la tarea más dificil es ejercer el liderazgo sobre las agencias gubernamentales que deben de participar, entre ellas: la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial, la Secretaría de Economía, el Instituto de la Juventud, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de de las Mujeres; todas lideradas por la Secretaría General de Gobierno con el apoyo técnico de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito. El proceso tiene un grado de expertise en gestión pública, seguridad pública y justicia importante que en muchas ocasiones es carente en las instituciones de gobierno porque hay más perfiles políticos que técnicos, un poco de equilobrio de estos ayudaría mucho a resolver algunos problemas públicos. Cuando se encuentran este tipo de carencias institucionales es necesario transitar hacia la gobernanza integral entendida como la integración de actores internacioneles a los procesos de gobernanza integral. Es decir, la alianza con UNODC, haciendo una analogía, es tomar la vía rápida hacia los objetivos de la política pública local de prevención desde esta perspectiva que es la de reducir las causas más profundas de la violencia y la delincuencia. Las experiencias de la UNODC pueden contribuir al diseño y a la instrumentalización de una política en esta materia con los ensayos y errores que puede haber; esto definitivamente es oro para una administración a la que le faltan cuatro años de gestión, aún hay tiempo. Otra ventaja para la actual administración es que existen herramientas que se construyeron en la gestión estatal previa, la continuidad es clave en este tipo de políticas muy bien por esta visión del gobernador David Monreal. La UNODC y el gobierno del estado de Zacatecas tienen a la mano: a) el diagnóstico estatal sobre factores de riesgo; b) el sistema de identificación de polígonos prioritrios a partir de las causas criminógenas en nueve municipios del estado: Trancoso, Guadalupe, Zacatecas, Calera, Enrique Estrada, Fresnillo, Pinos y Loreto; por supuesto que se tiene que actualizar constatemente y agregar territorios como Jerez o Valparaiso; c)cuentan con la estrategia de prevención de delitos cometidos por razones de género, la cual recogió las ideas de las diferentes colectivas de la entidad; d) capañas mediáticas sobre: trata de personas, migración ilegal, delitos cibernéticos y extorsión y e)capacitación y certificaciones en prevención social de las violencias a las y los funcionarios. La continuida de esta política pública es trascendatal.
@armandogn_zac
