El cuatro de julio de 2024 se suspendió el desahogo de pruebas en el juicio llevado a cabo en el Tribunal de la región centro sur en contra del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) (Véase “Surgen “terceros interesados” en demanda del SPAUAZ POR Comisión mixta” La Jornada Zacatecas 05/07/24). Varios sindicalizados que luchan por la democracia consideran anti democrático, y carente de fundamento en el contrato, los estatutos o el reglamento bilateral de la Comisión mixta de Admisión, Adscripción y Promoción UAZ-SPAUAZ el auto nombramiento que la secretaria general del SPAUAZ se extendió a sí misma, y los nombramientos que ofreció a dos de sus amigas en la citada comisión. La razón fue la supuesta existencia de “terceros interesados” que podrían resultar afectados si la sentencia resulta favorable a los sindicalizados democráticos. Sin embargo, la sesión de desahogo de pruebas se celebró, finalmente, el día 17 de julio de 2024. ¿Qué pasó con los “terceros interesados”? Al parecer no existía la posibilidad de afectación alguna de sus intereses. En particular porque: los demócratas del SPAUAZ retiraron la petición de anular los nombramientos emitidos por la mixta, el rector aseguro que no habría problema en cuanto a volver a emitir los documentos, pues lo que se debate no son los derechos de los docentes, sino un conflicto intrasindical (véase “Fallo del Tribunal sobre Comisión Mixta no afectará derechos adquiridos por trabajadores: Ibarra” La Jornada Zacatecas, 04/07/24). Por ende, no hay “terceros interesados” en el caso, pues es una cuestión de democracia sindical y conculcación de derechos sindicales estatutarios, no de derechos laborales adquiridos vía contractual. Esto no gustó al grupo que apoya a la dra. Jenny González Arenas en su intento de destruir la democracia sindical, pues hicieron una conferencia de prensa para denunciar las “anomalías” habidas en el juicio (Véase “Advierte SPAUAZ riesgos en promociones” NTR Zacatecas 19/07/24). Tal disgustó pudo surgir de los errores de interpretación cometidos por la dirigente respecto a los supuestos “terceros interesados” o a la actuación de sus testigos en el juicio. No debemos dejar pasar que a quienes los líderes del SPAUAZ consideran sus “defensores” contra la democracia son precisamente quienes hicieron todo lo posible por derruirla. El Ing. Crescenciano Sánchez Pérez en contubernio con el Dr. Antonio Guzmán Fernández modificaron el contrato en contra de la voluntad de los agremiados. Y ahora son los testigos de la Dra. González Arenas. Guzmán Fernández intentó argumentar que “al sindicato lo quiere controlar el patrón” pero cuando se le preguntó si él lo había controlado contestó que no lo recordaba. De la misma manera insistió que el Ing. José Juan Martínez Pardo le remitió un oficio donde “nombraba” a los integrantes de la mixta. Mas cuando se le solcito la lectura del oficio su dicho no se confirmó. Crescenciano Sánchez declaró, a pregunta expresa, tener un “especial y personal interés en el caso” y que además era y es amigo de las partes en conflicto. La sentencia saldrá el 5 de agosto. Entretanto, el grupo que domina el SPAUAZ desarrolla otro flanco de ataque a la rectoría. ¿Por qué esa actitud? Pues para posicionar a su candidata a la rectoría, la dra. Jenny González Arenas. Pretenden que el Consejo Universitario sesione de nuevo para tratar el asunto de la prolongación. Ante esto queda mencionar lo siguiente. De acuerdo al Estatuto general (art. 31) el Consejo Universitario tiene dos periodos de sesiones ordinarias. Uno del 15 de agosto al último día hábil del mes de octubre y el otro los días hábiles de marzo. La solicitud de discusión de la decisión de prolongación de mandato se interpuso en mayo, fuera del periodo de sesiones ordinarias, por lo que solicitaban sesión extraordinaria. Según el art. 32 del Estatuto estas las convoca la presidencia colegiada, tres sus miembros o el 20 % de los consejeros universitarios (i.e. un total de 20 consejeros). ¿Siguieron las vías legales para citar a sesión extraordinaria? Al parecer consideran que, en algún artículo de la ley orgánica o el estatuto, sin citar cuál, se establece que deberá citarse al Consejo cuando lo soliciten 10 docentes que dicen tener 2500 firmas (no las mostraron, se presume no existen). ¿Por qué no seguir las vías legales y hablar con 20 consejeros? ¿no creen poder convencerlos? ¿es preferible una “manifestación de fuerza”? Como se sabe, intentaron romper la autonomía universitaria al acudir al poder legislativo. ¿Por qué no acuden al judicial? Al parecer, así como no creen poder convencer a 20 consejeros, tampoco ven viable argumentar en un juzgado, donde la posición de fuerza y el secuestro de instalaciones universitarias tendría menor efecto. ¿Qué buscan entonces los compañeros? Posicionar a su candidata, por todos los medios lograr manejar el presupuesto de 3500 millones de la UAZ para más “estafas maestras” o negocios en ese estilo. Porque, por lo que se ve, la ley ni se la saben ni les importa, pues su objetivo no es la democracia sino el dinero. Para ello ya instrumentaron el SPAUAZ como “ariete” contra docentes y autoridades, ahora, ante los reiterados fracasos, pretenden tirar al rector desde el SPAUAZ.
El SPAUAZ en su laberinto. La búsqueda del dinero, la ignorancia de la ley.
