Ni las instituciones de gobiernos, ni las normas jurídicas en que se sustentan y regulan su funcionamiento, pueden explicarse por sí mismas, ni por ser obra de algo parecido al espíritu santo. Tampoco son eternas ni tienen un origen “natural”. Son creación histórica de la sociedad. Lo demás es una entelequia enajenante que, desde siglos, arrastran los grupos reaccionarios y conservadores en su afán de mantener el poder económico, político y los privilegios sociales. Es, en suma, un discurso de clase que pretende encubrir y justificar relaciones sociales de sometimiento y explotación.
Lo anterior viene al caso a propósito del debate que se está presentando en México sobre la autonomía de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y la extralimitación jurídica del actual Poder Judicial sobre los otros dos poderes, acompañada de la toma de postura política y de clase en sus más recientes resoluciones.
Para algunos, el problema se centra en el respeto o violación flagrante al llamado Estado de Derecho. A partir de ello, se esgrime la falsedad de un presidente autoritario y de conductas dictatoriales o, por el contrario, de un Poder Judicial que encabeza la defensa de un estado de cosas que empiezan a ser parte del pasado. Que el Poder Judicial violenta el actual Estado de Derecho, siendo el obligado a garantizarlo, no me merece más entretención por cuanto la simple revisión de las facultades y limitaciones constitucionales no deja lugar a dudas y, además, hay muchas y valiosas contribuciones, empezando por el debate legislativo.
En todo caso lo importante es entender las motivaciones que tiene el Poder Judicial, como institución, para violentar el Estado de Derecho. Y las propias de los ministros. En el primer caso se trata de defender la permanencia de un modelo social ya agotado, del que la SCJN (como directriz del Poder Judicial) es fiel expresión y que, por lo mismo, explica una conducta jurídico-política y jurídico-social congruente con las oligarquías económicas y políticas de México. En el segundo caso, los ministros simplemente defienden su propio Statu Quo, basado en la abundancia y el despilfarro, en una burbuja de privilegios económicos y sociales sin precedentes y que sucede en un país de escasez y pobreza. Su motivación es sanguijuelera y abiertamente corrupta.
La tradicional oligarquía económica-política de México ha perdido terreno sobre la conducción nacional. Primero se desmoronaron sus tradicionales partidos políticos (PRI-PAN-PRD), de los que, durante el sexenio de Peña Nieto, sus dirigencias formalizaron la coincidencia de objetivos y prácticas evidenciadas en el llamado Pacto por México. Un maridaje fundado en la defensa de cupulares privilegios y corrupción que permitió cobrar una mayor conciencia social sobre la transformación de México.
Lo anterior derivó en un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo más progresistas, ambos empujando hacia un nuevo modelo social (el presidente AMLO le denomina Humanismo Mexicano). Otras instituciones que emergieron con el Modelo de Crecimiento Económico Neoliberal, como el INE de Córdova y Murayama, se han ido alejando de la oligarquía económica y política tradicional; ya no son instrumentos seguros e incondicionales de la reproducción social en retirada, ahora se encuadran en el nuevo rumbo nacional.
Es así que, a las clases sociales económicas y políticas que defienden el modelo neoliberal, les queda el Poder Judicial y, en particular, la SCJN, como uno de los poderosos aparatos públicos que obstaculizan la transformación y cuyo requerimiento de opositor lo arrincona, frente a la sociedad, como un ente obligado a ser reformado para que esté a tono con la nueva marcha que ha emprendido el país, tendencia a cristalizarse con los resultados electorales de la sucesión presidencial 2024, en la que una mayoría calificada del Poder Legislativo pueda retirar a los actuales ministros y modificar las normas que rigen al actual Poder Judicial.
Otros aparatos, aunque del poder privado, que han perdido fortaleza para crear hegemonía y consenso a favor del modelo neoliberal, son los denominados Mass Media (en este último escenario destacan las redes sociales, donde el debate es plural y sin límite de tiempo ha ayudado mucho a elevar los niveles de conciencia social). Esa debilidad no sólo se muestra en la capacidad de impacto en las conciencias, sino también en la capacidad de ser buen negocio empresarial. El quebranto de la revista Proceso es un ejemplo y no un hecho aislado. Otro tanto ha sucedido con los intelectuales e ideólogos de neoliberalismo en México como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Carmen Aristegui, Jesús Silva Herzog Márquez, Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda y otros.
Lo que muchos no han entendido es que el poder público dimana del pueblo. No sólo porque, en materia de soberanía, así lo señale nuestra Constitución, sino porque sociológicamente esa es una realidad racionalmente incuestionable.
