En su libro The Economic Crisis and American Society Princeton University Press 1980, Manuel Castells abre su discurso con una imagen evocadora:
“Fábricas cerradas, oficinas vacías, millones de personas sin empleo, días de hambre, ciudades deterioradas, hospitales abarrotados, administraciones achacosas, explosiones de violencia, ideologías de austeridad, discursos fatuos, revueltas populares, nuevas estrategias políticas, esperanzas, temores, promesas, amenazas, manipulación, movilización, represión…tantas imágenes que nos habían dicho que se fueron para siempre, que se fueron con el viento del capitalismo postindustrial…Y ahora han vuelto otra vez, traídas por el viento de la crisis capitalista”.
Castells se refiere a los Estados Unidos de principios de los 80 cuando las tasas de desempleo se mantenían alrededor de 2 dígitos (de 14% en 1975) y todavía no comenzaba el despliegue de la reaganomics, o, como le decían sus apasionados defensores, “economía de libre mercado”. Sin embargo las imágenes no pierden su eficacia si las pensamos en otro contexto, por ejemplo, el México de la segunda década del siglo 21. Un México que, en lo económico, mantiene la aplicación de las recetas de Reagan para controlar la inflación y sostener el estancamiento de la economía en medio de recortes al gasto público. Donde la ideología imperante es la austeridad predicada mediante discursos insustanciales pletóricos de veladas amenazas de represión. Y en el que, junto a la represión justificada por una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, se dijo que con las “reformas estructurales” la economía crecería y habría empleos. Hasta el día de hoy eso sigue siendo una promesa.
Pero esas imágenes que son, hasta cierto punto, descriptivas de la situación del país conllevan también un recordatorio de la situación del estado de Zacatecas. El estado atraviesa una situación tal que ni siquiera la abundancia de oro sirve de algo más que pretexto para contaminar las tierras, explotar a la población y enriquecer a los gobernantes. Ante ello la educación, por más que llene los discursos de los dirigentes, luce muy endeble ante una realidad atroz. Sobre todo porque esas autoridades, y muchos universitarios, mantienen un discurso funcional de la educación, desde el que la piensan como reproductora de la sociedad en la que vivimos; i.e. ligada al Estado y parte de la construcción de la hegemonía necesaria para la estabilidad de la sociedad realmente existente. Y si el conjunto de relaciones sociales de la sociedad zacatecana sostienen en la miseria a gran parte de la población, alienan a otra y enriquecen a una cúpula la concepción de la educación como reproducción es parte del andamiaje que preserva esa situación.
Por supuesto, los discursos críticos sobre la educación hace mucho que dejaron de concebirla como meramente reproductora, introduciendo elementos de antagonismo que complejizan la situación y hacen ver que en el aula no todo está predeterminado por el profesor y los contenidos que disemina. Pero esos discursos críticos pretenden describir una realidad, cuando lo que las autoridades educativas lo que quieren es controlarla y enderezarla a los fines que les establece el Estado.
El problema, visto desde el ángulo de la autoridad, consiste en cómo controlar a las instituciones, desvirtuando sus pretensiones críticas y ahogando sus posibilidades de desarrollo autónomo. La solución aparece, a veces, como resultado de las dinámicas internas de las mismas instituciones, sin que el aparato estatal tenga más que hacer que aprovechar las oportunidades abiertas.
Es el caso de la UAZ, que en algún momento, conducida por los ciegos intereses personales de dirigentes miopes, hipotecó sus capacidades a cambio de incrementar el peculio político de grupos aviesos. El resultado de tales liderazgos se puede resumir en una imagen: “Aulas deterioradas, derechos reducidos, prestaciones económicas anuladas, enriquecimiento de funcionarios, discursos pueriles, indefensión ante el abuso de directores, robo constante del salario, austeridad para los más y abundancia para los menos, tomas de las instalaciones universitarias, huelgas fallidas, manipulación descarada de los académicos, desvíos del presupuesto universitario, gestiones nebulosas o inexistentes, sindicato subordinado a la Rectoría, apoyo mínimo o nulo de gobierno del Estado”.
Y como remate, también ha habido promesas de que los errores del pasado, una vez hechas dos o tres cesiones –como el cambio en los años de edad de jubilación- serán corregidos, las deudas pagadas y todo marchará muy bien. Promesas que fueron incumplidas bajo la ideología de que el crecimiento de la universidad, con cargo al salario de los universitarios, iba a ser absorbido por el Estado porque “ésa es su obligación”. Sin duda una ideología que encuentra eco entre muchos universitarios que creen que el Estado pagará de manera incondicional las facturas de las contrataciones por fuera del presupuesto y de la corrupción. Pero que convenientemente omiten que en los hechos el Estado no paga sin imponer condiciones, y que esas condiciones serán de inmediato aceptadas por los dirigentes, en un acto de claudicación que no cuentan entre sus logros.
O quizás es un error considerar que esos dirigentes claudican, ya que nunca tuvieron otra idea que lograr una negociación con el Estado que les resultase beneficiosa en lo personal sin consideración alguna por el bienestar colectivo. Siendo así, el error fue, y será votar por ellos. ■
