Tras la frustrada inauguración del Museo de la Corrupción en las instalaciones del Centro Cultural Toma de Zacatecas, el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, considera ha quedado exhibido el miedo que tiene la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a que se hagan del conocimiento de la sociedad documentos y actos de corrupción de gobiernos priístas en perjuicio de la entidad.
González Romo califica de “prudente” la forma en que actúo el gobierno estatal en el confrontamiento del pasado viernes, cuando hombres y mujeres con rostros cubiertos impidieron la inauguración de la exposición programada para exhibirse en temporada de vacaciones, tras un acuerdo con los padres de familia del Bachillerato General Militarizado.
El secretario puntualizó que los mismos padres de familia se han deslindado de dicha manifestación, la cual afortunadamente no produjo lesiones, pese a la violencia con la que se condujeron las personas no identificadas.
Sobre los costos de transferir la instalación a una plataforma digital, explicó que el único gasto consistiría en 10 mil o 12 mil pesos para adquirir una cámara GoPro necesaria para el proceso. Añadió que el trabajo será realizado por el personal de la Secretaría de la Función Pública, especializado en sistemas y altamente capacitado.
Reiteró que el dictamen técnico elaborado durante el sexenio de Alejandro Tello, determinó que el edificio fue construido sin los estudios estructurales necesarios, sin contar “ni siquiera con las memorias de cálculo que garantizaran la solidez del edificio y determinaran la estructura adecuada para soportarlo”.
Señaló que durante la construcción del edificio se cometieron graves errores, como la falta de soldaduras, herrería incompleta y piezas de fierro que no se instalaron, además de que la columna principal de la techumbre fue partida en dos «para ahorrar recursos en grúas,» lo que ha provocado que la estructura esté cediendo, con un descenso de más de 10 centímetros.
El Bachillerato Militarizado, sin embargo, opera en una zona distinta y cuenta con su propia estructura independiente, lo que ofrece mayor seguridad, además de que las y los estudiantes tienen prohibido el tránsito por algunas zonas, indica el secretario.
A futuro, la Secretaría de la Función Pública (SFP) busca gestionar la entrega completa del terreno al bachillerato para demoler el Centro Cultural del Centenario y construir instalaciones adecuadas que permitan a los estudiantes «contar con un espacio digno», indica González Romo.
