Afirman sin evidencias, por que es falso, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con él la 4T, ha destruido a México. También se atreven a preguntar si ya revisamos el bolsillo de los mexicanos, para enterarnos que supuestamente ahora tenemos menos que en los gobiernos que recién nos hemos sacudido. ¿No que no debemos mirar al pasado? ¿O sólo cuando se le manipula para sostener una falacia? Peor, vociferan que las estadísticas nada tienen que ver con los seres de carne y hueso. Insisten: “¿Ya le preguntaste al pueblo?”. Que pretendan se les explique cómo se obtienen las estadísticas y su correspondencia con la realidad, salvo que sean falsas, es una cortina de humo.
Reiteran que la 4T y AMLO destruyen al país y atentan contra los intereses del pueblo. Que gobierna sin consultar a nadie, contradictoriamente arrecian contra las consultas ciudadanas. Y más si son a mano alzada. Entonces no debe quedar duda: para la derecha no todos formamos parte del pueblo. Las estadísticas de encuestadoras nacionales y extranjeras arrojan que López Obrador mantiene niveles muy altos de popularidad y respaldo social. Pero si esas estadísticas son criticadas porque, en su opinión, “el pueblo dice otra cosa”; entonces, la gran mayoría de los mexicanos no cabemos en su concepto de pueblo.
Otro tema es la acusación ridícula de que el presidente, y su gobierno, violentan el Estado de Derecho. Incluso, la afirmación mentirosa de que no respeta la división de poderes. Que curioso que, si eso fuera verdad, el presidente ha respetado todas resoluciones contrarias al ejercicio de su gobierno del INE, el llamado TRIFE, la SCJN; sin mencionar los atracos contra el partido MORENA (del que es dirigente fundador) y sus candidatos. Ha dicho el presidente que ha respetado todos esos resolutivos porque no desea darle pretextos al conservadurismo. Ni siquiera mete las manos en las actuaciones de la FGR organismo que, aunque autónomo, forma parte del Poder Ejecutivo.
Tema también relevante es el de las libertades sociales, en especial las políticas y de expresión. No existe caso alguno de persecución política. Aunque quienes se dicen “pueblo” alegan persecución política, como el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, quien tiene denuncias de corrupción al recibir millones de pesos de empresas extranjeras por apoyar cambios al Estado de Derecho que permitieran la destrucción de las paraestatales CFE y PEMEX para que la empresa extranjera adquiriera el monopolio sobre servicios estratégicos del pueblo mexicano.
Misma cantaleta han formulado otros criminales como Cesar Duarte, Javier Duarte, Francisco García Cabeza de Vaca, Alejandro Moreno Cárdenas, Rosario Robles, etc.; entre muchos otros que, desde la política, han delinquido y obtienen la protección de jueces, magistrados y ministros. A ellos no se les persigue por sus ideas o posturas políticas, se les siguen procesos legales por rateros, corruptos, por ser parte del crimen organizado de cuello blanco y del que no tiene cuello. Y ni siquiera está en la decisión del jefe del Ejecutivo Federal, es un proceso judicial que actúa con autonomía. En todo caso, una autonomía que le permite a funcionarios de la procuración y administración de la justicia confabularse con los criminales, hasta fundirse y ser parte de las causas del clima de inseguridad nacional, en la que participan muchos antes privados, como los abogados prostituidos.
Quienes hemos ejercido el periodismo por décadas, y hemos tenido encomiendas de cubrir eventos de los jefes del ejecutivo federal y del estado, sabemos que la libertad de expresión se mantuvo restringida, por no decir que nulificada. Acercarse al presidente de la República era casi imposible, salvo las distancias marcadas por los agentes del Estado Mayor Presidencial. Preguntar y cuestionar al presidente resultaba un pecada que se pagaba con golpes, torturas y, en algunos casos, con cárcel y desapariciones. Hoy eso parece exagerado, pero hay muchos casos documentados. Y Yo viví esos tiempos.
Los propietarios de los medios monopólicos de la comunicación, y sus directivos jerárquicos nos hacían saber, hasta el cansancio, que estaba prohibido hablar en contra del presidente de la República, del Ejército, del Papa y de la religión católica. Si alguien lo hacía no solo era castigado por el medio, porque ponía en problemas al monopolio, sino que se prestaba a ser perseguido por cualesquiera de esos tres poderes.
La derecha corrupta pretende regresarnos a esos tiempos, donde “el pueblo” está formado por los oligarcas de la economía, la política, la religión. Y puede contarse como parte de ellos, a sus peones ideológicos. A los medios monopólicos, a traficantes de influencias, trepadores políticos, corruptos que colaboran con ellos, leguleyos prostituidos, el crimen organizado de cuello blanco y la prensa vendida. Y, con todo eso, la derecha destruye la genuina expresión del pueblo mexicano.
