Integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y Partido Verde Ecologista de México propondrán en próximas horas una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Zacatecas, con el objetivo de aumentar las penas y sanciones hasta con 4 años de prisión “a quien provoque, incite y apoye a difundir acciones basadas en odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupo de personas”, esto debido a lo acontecido recientemente con “Le Magistrade” Jesús Ociel Baena Saucedo.
Dicha propuesta, de acuerdo con los impulsores, busca evitar que se atente contra la dignidad humana de la persona o grupo de personas, y que no se anule o menoscaben libertades o derechos como la vida, por actos motivados por odio o discriminación. Para ello, se pretende reformar la fracción quinta del Artículo 182 Bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas y se establezca que habrá una sanción de 2 a 4 años de prisión o de 200 a 400 días de trabajo a la comunidad y multa de 100 hasta 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometió el delito.
Esto, cuando el delito sea motivado por razones de origen étnico, raza, color de piel, idioma, identidad de género, sexo, preferencia y orientación sexual, religión, edad, estado civil, origen nacional o social, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas, apariencia física, discapacidad, modificaciones estéticas corporales o de cualquier otra índole.
Dicha iniciativa se presentará luego de que el pasado 13 de noviembre de 2023 fue noticia nacional e internacional el hecho de que se encontrara sin vida a Jesús Ociel Baena Saucedo, a quien públicamente se le conocía como “Le Magistrade”, presuntamente por heridas de armas punzocortantes junto a otro cuerpo sin vida que presentaba similares signos de violencia a los de Jesús Ociel, y quien aparentemente era pareja de él.
Las autoridades ministeriales de Aguascalientes se pronunciaron al respecto y externaron su versión de los hechos y el posible móvil del crimen, previo a ello, algunos medios de comunicación publicaron que había indignación nacional e internacional debido a que posiblemente se había tratado de un crimen de odio, pues él había sido un promotor de los derechos de la comunicad LGBTTTQ+, e incluso, por el mismo motivo otros activistas manifestaron su temor de que la violencia y crímenes aumentaran contra otros promotores de los derechos de la mencionada comunidad.
“Aunque pareciera una problemática invisible a los ojos de muchos, se trata de una preocupante realidad en nuestro país y en nuestro estado, donde los patrones de violencia se dan en función de la identidad sexual o de género de las víctimas y contra integrantes de la comunidad LGBTTTQ+, principalmente. Sin embargo, los móviles para cometer este tipo de crímenes no sólo se agotan en las dos hipótesis mencionadas, también pueden entrar otros supuestos y otras motivaciones”, señalan las impulsoras y el impulsor de la iniciativa.
En ese sentido, han considerado que es urgente revertir esta problemática y responder a las exigencias de las personas que son parte de ella y la padecen, mediante su protección jurídica y con normas que procuren la inhibición de conductas discriminadoras y tipifiquen con penas más severas los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia e identidad genérica, de raza, procedencia étnica y religión, entre otras. Ello, para castigar de manera implacable y revertir los efectos perniciosos del estigma que existe sobre conductas juzgadas como indeseables, al percibirse como amenazas para la sociedad, o por desprecio a las personas que se aprecian como diferentes o desvalorizadas.
