México, DF. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, negó que las reformas al Código Penal que aprobó la Asamblea Legislativa (ALDF) elevando las penas a diversos delitos cuando se cometan en el desarrollo de protestas y manifestaciones, signifiquen un “mecanismo indirecto de criminalización de la protesta social”, como señaló la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF).
El legislador, dijo sin embargo que se mantendrá pendiente del análisis que realicen el Gobierno de la ciudad y la Consejería Jurídica antes de su publicación.
Entrevistado al asistir al primer informe de actividades de la diputada por el distrito electoral XVII de Benito Juárez, Dinorah Pizano Osorio –quien preside además la Comisión de Derechos Humanos en el órgano legislativo y votó en contra de la iniciativa al discutirse en el pleno–, dijo que “es muy respetable” la opinión de la CDHDF y comentó que ya entabló comunicación con ese organismo para intercambiar puntos de vista.
“Lo que yo he venido reiterando es que el propio artículo 6o de la Constitución, y cualquier otra disposición constitucional, establece limitaciones y en el caso específico, hay libertad a la libre manifestación de las ideas o a la asociación política siempre y cuando no se afecten derechos de terceros o que en su ejercicio se incurra en la comisión de algún tipo penal”, señaló.
En cuanto al llamado que hizo la CDHDF a la ALDF para que establezca mecanismos alternativos de regulación con un enfoque preventivo, más que punitivo, Granados dijo que el tema, tiene que ver con el respeto a los derechos de terceros.
Antes, en su mensaje al participar como invitado al informe de la legisladora, dijo que una de las tareas fundamentales de la actividad parlamentaria “es tener leyes de vanguardia que siempre estén en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de su patrimonio”.
