En 2013, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, a través de la división de la Secretaría de Educación Pública (Emilio Chuayffet Chemor), se dio cuenta de una falla existente en el sistema educativo mexicano: la formación de docentes que ellos tienen a su cargo no ha respondido a las necesidades de la sociedad actual, por lo que consideraron necesario evaluar a los profesores para determinar quiénes poseen las características esenciales para desempeñarse dentro de un aula dando origen a la Ley del Servicio Profesional Docente.
Fue así como la Coordinación del Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se convirtieron en el órgano inquisidor y ejecutor de los docentes al anunciar que aquellos que no cuenten con las competencias establecidas en sus lineamientos tendrían que ser cesados del servicio causando la preocupación en el gremio magisterial, quienes, tras varias décadas de encontrarse bajo la sobreprotección del sindicato de la maestra Elba Esther Gordillo y los llamados democráticos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), ven de cierta forma afectados sus intereses y sus derechos.
Estos grupos han protagonizado una encarnizada lucha en la cual la principal arma o vía de ataque es el desprestigio y la descalificación de los maestros y éstos se encuentran en medio de los intereses de ambas instituciones autónomas, pues con tal de establecer e imponer su dominio se ha llegado a agresiones, destrozos, golpes e incluso muertes como las ocurridas el domingo 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca.
Lo que sucede en Oaxaca y en otros estados donde existe un rechazo, más que manifiesto, a la reforma educativa, no es más que el vivo reflejo del miedo aprovechado por algunos “líderes” que han puesto en la línea de la vida a algunos de sus seguidores. Con lo anterior no quiero decir que el Estado tiene la razón, pues la violencia nunca es el camino, sin embargo, no me imagino a los líderes de la coordinadora andando por delante.
El gobierno se queja de un “monstruo” que el sistema educativo creó: el docente. La mayoría de los profesores que actualmente se encuentra en activo fueron formados en las escuelas normales bajo programas diseñados por la misma Secretaría de Educación, entonces ¿por qué les tomó tanto tiempo darse cuenta de que sus planes y programas de formación docente no funcionan y ahora quieren corregir sus errores bajo la amenaza del despido? El problema fue creado por el Estado no por los normalistas.
Por otro lado, analizando con cabeza fría, pienso que los docentes están peleando una lucha sin sentido, pues no hay ninguna posibilidad de ganar, y no porque el gobierno tenga las armas, sino porque el Estado ha hecho que el magisterio caiga en su juego, ya que la mayoría de los medios de comunicación hacen ver que lo ocurrido en Oaxaca es culpa del gremio magisterial, cuando lo que en sucede en realidad es el asesinato de hermanos mexicanos (policías y maestros), que trabajan para el mismo patrón (gobierno), mientras que éste, desde su cúpula, observa tranquilamente su obra.
La única manera que existe para que la clase política escuche, dialogue y, sobre todo, ceda terreno es la existencia de una amenaza real de perder el poder, ¿cómo es posible que el descontento del mayor gremio, no sólo del país, sino de Latinoamérica, no haya tenido ningún peso en las elecciones de Oaxaca? La respuesta es fácil: la poca o nula participación de los docentes en los comicios fue debido a que la Coordinadora siguió el juego del Estado al mantener a los docentes en una constante “guerra” en vez de sugerir la organización de un grupo político independiente y lograr posicionarlos en gobiernos locales y estatales para así conseguir el apoyo y el diálogo desde esa instancia.
Debe cesar la cacería de brujas en los grupos magisteriales, la represión y los asesinatos, para lograr, por medio del acuerdo, del diálogo y del compromiso que los docentes comiencen a transformar sus prácticas a través del análisis de su actuar en el aula, que den a conocer su trabajo y que desarrollen propuestas fundamentadas y reales tal y como lo señala Henry Giroux: “que marquen un camino en la educación de nuestro país con base en la investigación en el aula dejando de lado el carácter punitivo de la ley logrando el desarrollo de un docente que como intelectual, busque transformar a la sociedad, que rompa con el paradigma prevaleciente en el cual solamente debe conocer y aplicar un currículo impuesto”.
El gobierno debe proporcionar las herramientas básicas para que las escuelas operen, y debe diseñar planes para que los docentes se actualicen adecuadamente y así se pueda realmente otorgar una educación de calidad. No debe reprimir a sus maestros ni mucho menos asesinarlos. ¡Sí al diálogo, pero ya! ■
