Lorena Jiménez Sandoval, ex directora de la Unidad Académica de Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), fue nombrada este jueves como encargada del despacho de la Secretaría General de la máxima casa de estudios de la entidad: “la institución debe defender los derechos de los estudiantes y que la impunidad quede fuera”.
Armando Flores de la Torre, rector interino, comentó que ese espacio es importante e implica una gran responsabilidad porque en la coyuntura actual “la universidad necesita redireccionar el rumbo que ha tenido estos días y necesitamos mantener la estabilidad”.
En el nombramiento, se expone que se le ha nombrado como encargada del despacho de la Secretaría General hasta el próximo 6 de septiembre, de manera que se le convocó a que actúe conforme a la normatividad de la institución.
Destacó que la designada en ese espacio siempre ha realizado una labor basada en el diálogo y en estricto apego a la normatividad, de manera que se espera que tenga un buen desempeño en su nueva responsabilidad.
En su intervención, Jiménez Sandoval, refirió que, en efecto, la universidad se encuentra en un momento complicado, pero hay miles de personas que no han dejado de moverse y continúan con sus actividades para atender a los estudiantes.
Mencionó que los estudiantes están expresando y demandando que la universidad defienda sus derechos, que genere espacios seguros y que formalice protocolos que le garanticen un desarrollo óptimo en la universidad, por lo que es necesario atenderlos.
“Tenemos que atender ese grito de nuestra conciencia interna, de nuestros estudiantes. Yo aplaudo su valentía y me comprometo enormemente a apegarse a la legislación universitaria. No podemos aplicar la ley por nosotros mismos, pero sí podemos marcar el ritmo para que la impunidad quede fuera de la universidad y que la tolerancia cero a cualquier tipo de violencia sea una realidad”, expresó.
El año pasado, Jiménez Sandoval fue cuestionada debido a que fue la responsable de una encuesta que utilizó el gobierno del estado para legitimar la construcción del viaducto elevado, debido a que en ese ejercicio no se preguntó a las personas si estaba de acuerdo o no con el proyecto y, en su lugar, había preguntas ambiguas y tendenciosas para hacer creer que la población estaba de acuerdo.
La encuesta se aplicó luego de que el gobernador afirmara que consultaría a la población sobre el proyecto, pero en ella solamente se preguntó si estaba de acuerdo o no en mejorar la movilidad en la zona conurbada, pero dejó fuera la postura de las personas sobre el segundo piso.
