- Perspectiva crítica
Los recientes hechos de violencia desencadenados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y registrados en Guadalajara, Jalisco, el pasado primero de mayo, semiparalizaron esa ciudad por varias horas y mantuvieron en tensa calma a sus habitantes por varios días. Y aunque la regularización de las actividades en esta urbe ha sido presumida por el gobierno de Aristóteles Sandoval como una efectiva labor para garantizar la seguridad pública, lo cierto es que el daño ya está hecho.
El fenómeno resulta interesante y muy representativo, pues con el paso de los días ha dejado de estar reducido a los episodios de narcoviolencia y ha dejado ver que conjuga tres elementos: el poderío de un cártel relativamente nuevo; la cuestionable y sesgada actuación de las autoridades y la continuidad del negocio ilegal.
El primero de estos hechos refleja la capacidad logística y de respuesta de dicho cártel, pues ante el anuncio por parte de Gobierno Federal de la puesta en marcha de la Operación Jalisco (motivo que aparentemente generó su movilización), en la que participan elementos de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Policía Federal (PF), el cártel montó nada menos que 39 narcobloqueos en múltiples puntos de la zona metropolitana y una veintena de municipios aledaños; sostuvo enfrentamientos con las autoridades; provocó incendios en gasolineras y bancos; derribó un helicóptero de la Sedena y extendió sus acciones hasta Michoacán, Colima y Guanajuato.
Ante esto dos cosas quedan claras: este cártel, pese a tener poco tiempo activo en comparación con otros, tiene una efectiva capacidad militar de respuesta (tanto por su armamento como por su logística), y en segundo término hizo llegar un claro mensaje al Gobierno Federal sobre su poderío y la forma en que puede reaccionar en caso de inconformarse con las decisiones oficiales.
Con respecto de la actuación de las autoridades, es claro que ni las fuerzas estatales ni federales pudieron evitar la sicosis colectiva que provocó la narcoviolencia, ello en razón de que por muchas horas diversas zonas en conflicto estuvieron bajo el control del narco, no de los uniformados. Sin embargo un hecho más “oscuro” que con el paso de los días no se ha aclarado por parte del gobierno de Aristóteles, y mucho menos se le ha llamado a rendir cuentas por ello, es que es casi seguro que él sabía de la escalada de violencia que iba a desatarse en Jalisco.
Esto lo confirma la circular que Enrique Dau Flores, encargado de la Jefatura del Gabinete de Gobierno estatal, hizo llegar a funcionarios cercanos a Aristóteles y a los titulares de organismos públicos descentralizados, en la que sin explicar la razón, se les pidió no abandonar la ciudad el primero de mayo y los siguientes días. El problema de esto no es que se quiera proteger a los funcionarios, sino que no se hayan tomado medidas para prevenir a la ciudadanía, ni se haya desplegado un operativo efectivo para frenar la ola de violencia que se avecinaba. En suma, si Aristóteles sabía de los planes del Cártel Jalisco Nueva Generación, tiene responsabilidad en la pérdida de vidas y en la amplia estela de daños materiales.
El tercero de estos elementos es el más complejo y a la vez el más ignorado por las autoridades. Se trata de la red de negocios ilícitos que en buena parte son controlados por el cártel dominante en esta zona del país. Lo primero que hay que decir al respecto es que a diferencia de los dos elementos explicados previamente, estos negocios no se limitan al primero de mayo, sino que estaban, están y aparentemente estarán ahí por mucho tiempo. La rápida expansión de ese cártel lo ha llevado a tener presencia en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Zacatecas y San Luis Potosí. Sus enlaces internacionales están en Colombia, Perú, Bolivia, Centroamérica y Estados Unidos y trafican con mariguana, heroína, cocaína y drogas sintéticas, pero también ha sido vinculado a crímenes políticos, el lavado de dinero, la piratería, robo de hidrocarburos y la extorsión. La diversificación de sus actividades con el propósito de maximizar ganancias es notable, pero en Jalisco también persiste el engarce entre empresarios y narcotraficantes, y en ello incluso participan narcotraficantes de otras filiaciones.
Considérese a este respecto que de acuerdo a un análisis de Reporte Índigo basado en el Registro Público de la Propiedad de Jalisco, la familia del capo sinaloense Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, y la familia Sánchez Garza (acusada en EU por lavado de dinero), se han apoderado de terrenos ejidales y rurales en amplias zonas de Jalisco, en especial los que fueron absorbidos por la mancha urbana. Con base en argucias legales, compraventas ficticias y amenazas, en un periodo de 20 años han logrado desplazar a cientos de ejidatarios. Sólo entre 2002 y 2004 se dio un intercambio de bienes inmuebles entre los integrantes de la familia que supera los 145 millones de pesos.
Hoy, mientras buena parte de los habitantes de Jalisco considera que todo ha vuelto a la normalidad, lo cierto es que se trata de una normalidad definida implícitamente por el gobierno como la relativa calma en materia de seguridad pública, pero la continuidad del negocio ilícito en tanto no se atacan los puntos neurálgicos del negocio del crimen organizado, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los hechos de violencia registrados ayer en Tanhuato, Michoacán, en los cuales perdieron la vida al menos 50 personas en una refriega entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y elementos del Ejército, seguramente serán un nuevo episodio del fenómeno aquí descrito, en tanto las acciones del gobierno estarán enfocadas en el tema de la seguridad pública, y no en atacar los soportes de la maximización de ganancia de los cárteles, es decir, se permitirá la continuidad del negocio ilícito.■
