Una de las acepciones de “racionalidad” que se predica de las acciones es la adecuación de los medios a los fines propuestos; es decir, si alguien afirma que tiene como finalidad convertirse en maratonista, y lo vemos fumando y comiendo comida chatarra, decimos que esas acciones son irracionales, porque no hay adecuación con el objetivo que declaró. Sin embargo, puede no tratarse de acciones irracionales, sino de fines ocultos; esto es, los medios pueden ser adecuados, pero no a los fines declarados, sino a finalidades deliberadamente veladas. Pues bien, esto es lo que ocurre en la UAZ, a muchos docentes les parecen acciones irracionales las emprendidas por los sindicatos, pero lo que ocurre no es la irracionalidad de las acciones, sino que los fines están escondidos. Nos referimos a las acciones que se han emprendido con el fin declarado de enfrentar el tema de la crisis financiera de la institución.
Pues bien, al interior del sindicato hay voces promoviendo una demanda penal a la administración central anterior, con el argumento del desvío de los recursos de la seguridad social de los profesores universitarios. Esta iniciativa merece las siguientes reflexiones. El objetivo de la demanda (se dice) es recuperar los recursos para pagar al ISSSTE. Aquí entra lo que afirmábamos arriba sobre la adecuación medios-fines. Resulta que una demanda de este tipo no sirve absolutamente para resolver el problema de la insuficiencia financiera de la Universidad, es decir, no trae como consecuencia que se recuperen los recursos, ni la generación de dinero fresco. La única posible consecuencia es el encarcelamiento de ex-funcionarios. Por tanto, si el objetivo es resolver el problema financiero, esta medida no es adecuada para ello. ¿Entonces? Pues el objetivo es otro, pero no-dicho de manera expresa: la persecución política de un grupo de universitarios. Y toda finalidad no-dicha, conlleva en sí misma un acto de engaño. En la reunión de coordinadora de delegados (a la que se hizo una invitación focalizada, garantizando que todos los que no compartimos esa medida estuviéramos ausentes, cosa que explica el acuerdo unánime que ahí se emitió), se dijo que era para todas las administraciones, y en el texto de demanda aparece sólo una. Lo grave del asunto es que se están usando instancias gremiales para llevar a cabo ataques de grupos políticos. La pregunta interesante es ¿por qué quieren hacer ‘limpieza’ política? ¿Con qué objetivo? Porque el argumento gremial ha caído por los suelos: de todos es conocido que el modelo de financiamiento que tiene la SEP para las universidades es distinto al que las universidades estatales tenemos en el uso de la autonomía, de tal manera que en ese modelo no están contempladas el pago de cláusulas como las primas de antigüedad, o la existencia de comedores o casas del estudiante, y muchos rubros más; por tanto, del subsidio obtenido para ciertos rubros, se tiene que tomar para los renglones no cubiertos. Esta diferencia de modelos implica un proceso de “traducción” de recursos. Si nos atuviéramos a las plazas docentes avaladas por la SEP no podríamos ejercer más de mil 200. Además el ejercicio se hace en la insuficiencia monumental, el año pasado se solicitaron 2 mil cien millones de pesos, y se autorizaron mil 200, es decir, 900 millones menos. Y en esa necesaria reestructuración de los rubros de gasto, las cuatro últimas administraciones han tomado diferentes decisiones, unos pagan a hacienda y no pagan seguridad social; otros han pagado a hacienda y no cubren seguridad social. Pero todas las opciones de abrir oferta educativa ocurren en este proceso de reasignación de gasto. La demanda penal mencionada supone que no deben realizarse reasignaciones, porque todas ellas se tipificarían como ‘desvíos’. Y se incurre en una serie de contradicciones que enfrenta a los miembros del sindicato, como el caso de los profesores a los que invitan a firmar dicha demanda, pero que fueron contratados gracias a las reasignaciones mencionadas. Y dudas de gran calado que no aclaran, si prosperara la demanda, ¿qué ocurre con los actos jurídicos posteriores a los ‘desvíos’ (entre los que están las contrataciones y basificaciones); quedan sin efecto o no?
Pero el gran autogol consiste también en que la demanda supone que el problema financiero es por causas de la administración interna, y no por falta de subsidio. Es decir, no pone el foco del problema en la obligación del Estado en aumentar el gasto en educación superior, sino en los manejos internos. Y en este asunto es altamente notorio que no se haya hecho ningún llamado a movilizarse o de arrancar alguna estrategia para solicitar el aumento del subsidio (que si resuelve el problema financiero), sino a perseguir a un grupo político (que no resuelve nada). Ya con anterioridad hemos tenido autogoles, como aquel documento donde el sindicato acepta que se recorten 18 millones de pesos por mes, lo cual implica necesariamente el despido de profesores, por vía directa e indirecta. Ahora tenemos no sólo otro autogol, sino algo peor que eso: inicia un proceso de enfrentamiento interno en medio de un clima enrarecido por objetivos filtrados y que se han hecho públicos, como llevar a la universidad a una junta de gobierno, disolver los contratos y la desincorporación del nivel medio superior. Otra cosa es pedir la absoluta transparencia en la administración universitaria, que debe ser cual caja de cristal; y remediar los manejos que no sean correctos. Pero es una ruta muy distinta a esta empresa persecutoria estéril a la solución de lo que a los universitarios de buena voluntad nos interesa: darle viabilidad a nuestra alma mater. ■
