Imelda Sánchez Hernández, representante del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atengo, destacó que la lucha en defensa de los ejidos que serían afectados por el proyecto de la Presa Milpillas en Jiménez del Teul, continúa firme. Subrayó que este megaproyecto solo beneficia a las empresas, despojando a las comunidades locales y provocando una pérdida cultural y ecológica significativa. Además, señaló que la resistencia ha llevado a situaciones de violencia contra los habitantes en su esfuerzo por evitar la aprobación del proyecto.
Durante su participación en el conversatorio «Transformación hidrosocial, violencia, despojo y desplazamientos: Experiencias de los movimientos sociales» en el II Coloquio Internacional Cuencas y Territorios Hidrosociales, Sánchez Hernández, originaria de Jiménez del Teul, explicó el propósito de su visita y destacó las motivaciones detrás de su activismo. Relató que el gobierno federal y estatal propuso la construcción de la presa Milpillas, un proyecto iniciado en 2015 y estimado en seis mil millones de pesos, aunque carente de un estudio de riesgo que respalde su viabilidad.
Según Sánchez Hernández, el conflicto comenzó cuando las autoridades comenzaron a promover el proyecto sin proporcionar información transparente a las comunidades locales. “Ellos cuando llegaron allá a nuestras comunidades, nunca nos mostraron una imagen de lo que se iba a construir”, relató, refiriéndose a la falta de comunicación y a las tácticas de persuasión que incluyeron ofertas de dinero y regalos. La falta de información y conocimiento entre los habitantes facilitó la aceptación de algunos de estos incentivos, a pesar de los posibles daños del proyecto.
Uno de los puntos críticos del proyecto es la afectación a 19 ejidos por donde se planeaba la línea de conducción de agua, incluyendo áreas destinadas a la minería y embotelladoras que requieren grandes cantidades de agua. Sánchez Hernández destacó que la construcción de la presa inundaría zonas de uso común, parcelas y comunidades, poniendo en riesgo la supervivencia de comunidades ancestrales que dependen del río para su sustento. “Somos comunidades con raíces indígenas, que vivimos del río. Muchas comunidades tienen sus siembras y de ahí recogen sus productos para sobrevivir”, explicó. La afectación no solo impactaría a las personas, sino también a la flora y fauna locales, sumando una pérdida cultural y ecológica significativa.
El enfrentamiento con las autoridades y las empresas involucradas ha sido arduo. Sánchez Hernández detalló cómo, a pesar de los esfuerzos por parte de la comunidad para defender su territorio, se enfrentaron a obstáculos significativos. “La lucha que hemos llevado a cabo ha sido un proceso complicado, ya que hemos sido denostados por medios de comunicación, violentados en nuestras leyes ejidales y de manera física por policías estatales”, comentó, refiriéndose a las agresiones físicas y las intimidaciones sufridas por los ejidatarios durante las reuniones decisivas.
Entre los momentos más críticos, Sánchez Hernández mencionó la toma del salón ejidal en la comunidad del Potrero por parte de policías estatales, quienes intentaron forzar la aprobación del proyecto. Las imágenes de las protestas y bloqueos organizados por los ejidatarios para impedir el avance de las máquinas de construcción fueron contundentes, demostrando el firme rechazo de la comunidad hacia el megaproyecto. “Los ejidos se organizaron, cerrando el paso a las máquinas y haciendo guardias día y noche”, subrayó.
A pesar de los retos y de la falta de apoyo gubernamental en varios frentes, el movimiento sigue activo. La comunidad ha recurrido a diversas instancias para buscar justicia y visibilidad, incluyendo quejas ante derechos humanos y demandas ante el Tribunal Unitario Agrario y la Procuraduría Agraria. “Queremos que se sepa que estamos en pie de lucha y que no vamos a dar un paso atrás”, afirmó Sánchez Hernández, destacando la determinación de su comunidad para proteger su tierra y su agua.
