- Perspectiva crítica
En el marco de la Guerra contra el narco desatada por el ex presidente Felipe Calderón en 2006, los estados de Tamaulipas y Michoacán comparten una aguda escalada de violencia, pero pese a ello, las medidas por parte de Gobierno Federal para contrarrestar el fenómeno en cada una de estas entidades son muy distintas.
Asaltos, extorsiones, amenazas y asesinatos vertebran la comisión de delitos que afectan a la población de estos lugares, pero también tienen el común denominador de que sus esferas política, económica y social están profundamente penetradas por el Cártel de los Zetas y el Cártel del Golfo para el caso de Tamaulipas, y el Cártel de los Caballeros Templarios para el caso de Michoacán.
Tamaulipas cuenta con una larga tradición de trasiego de sustancias ilegales –en especial hacia el norte- en razón de su posición geográfica, y la cual se remonta hasta el siglo 19 con la salida de algodón desde el puerto de Matamoros debido a que no podía salir por los puertos estadunidenses por la Guerra de Secesión. En los albores del siglo 20 el alcohol fue el principal contrabando a raíz de la “Ley Volstead” impuesta en Estados Unidos, y desde la década de los 30 el Cártel del Golfo asentó sus reales en la región, como ha explicado la investigadora Cirila Quintero. Por su parte Michoacán ha estado penetrado por el narco al menos desde mediados del siglo 20, y ha sido centro de producción y envío de amapola y mariguana debido a sus extensas tierras de cultivo y a los nutridos bosques que sirven para ocultar las operaciones ilegales. Además el Puerto de Lázaro Cárdenas ha sido un espacio clave para las operaciones de Los Caballeros Templarios, como demuestran sus millonarios envíos de hierro a China.
Pese a este largo historial, no fue sino hasta el inicio de la Guerra contra el narco que la escalada criminal en ambas entidades se agudizó al menos por tres motivos: el reforzamiento de los cárteles en respuesta a la salida del Ejército y la Marina a las calles; el embate de los grupos criminales contra la población, y los abusos de autoridades – en especial fuerzas armadas- contra los civiles.
Considérese por ejemplo que en Tamaulipas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido denuncias contra militares adscritos a la Octava Zona Militar por delitos que van desde el allanamiento injustificado y el robo, hasta la violación de menores de edad. Tamaulipas es la segunda entidad de la República con más quejas por abuso de autoridad, en tanto Michoacán es el cuarto debido a detenciones arbitrarias y actos violatorios de los derechos humanos, de acuerdo a la CNDH. Sólo durante abril de este año aumentó 453 por ciento el número de homicidios relacionados con el crimen organizado en Tamaulipas, y en Michoacán, desde el inicio de la Guerra contra el narco los homicidios han ido a la alza, alcanzando los 2 mil 368 durante los primeros 11 meses de 2013, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pese a todo esto en Michoacán se ha desplegado una estrategia que incluye la interlocución de los grupos de autodefensa con el Gobierno Federal y en Tamaulipas no, hecho del que se desprenden dos consideraciones. La primera es que es equivocado creer que en Tamaulipas la situación está controlada por las fuerzas del orden y que no existe un alto grado de inconformidad social por los altos niveles de violencia criminal, pues a pesar de que no se han tomado las armas como en Michoacán, las marchas multitudinarias y los grupos civiles que informan en las redes sociales (en sustitución de medios de comunicación acallados a la fuerza por los cárteles) representan un sector poblacional que demanda ser escuchado. No obstante, la estrategia de mano dura articulada por el reforzamiento de las bases militares y los operativos de seguridad es la única respuesta que han recibido.
La segunda consideración es que tanto la estrategia que dirige el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, como la estrategia de mano dura que han avalado para Tamaulipas el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, han resultado ineficientes para restar fuerza a Los Zetas o “golfos” en Tamaulipas, o para socavar el poderío y en especial la amenaza del ingreso de nuevos cárteles a la plaza de Michoacán.
Los hilos finos de esta coyuntura radican no en las decisiones oficiales para contrarrestar a los cárteles o la violencia que estos ejercen contra la población o entre ellos mismos, como actualmente ocurre en Tamaulipas, sino en las medidas que Gobierno Federal despliega para atender la inconformidad y desesperación de la sociedad. Desde esta perspectiva el reclamo ciudadano tamaulipeco estaría siendo prácticamente ignorado en tanto se sigue la estrategia iniciada por Calderón en 2006 y no un esquema que incluya a la sociedad civil de forma sustancial. Por su parte el caso de las autodefensas michoacanas es más complejo, pues la transición a las policías rurales se está dando en medio de una campaña de desprestigio en contra de Manuel Mireles y células de autodefensas que pretenden mantener su autonomía, lo cual a todas luces es modulado de acuerdo al alineamiento o ruptura de estos con la propuesta de Gobierno Federal. La situación es muy delicada para ambas entidades, y su población civil movilizada vive un momento muy importante en virtud de que puede marcar una positiva diferencia si logra resistir el embate de los grupos criminales y las ambiguas medidas que en materia de seguridad lleva a cabo el gobierno peñanietista. ■
