■ Grupo de choque fue contratado por Alfonso Cepeda Salas, coordinador de finanzas del CEN
■ Trabaja equipo de seguridad en antros de Torreón; es dirigido por Jaime del Prado: testigos
El grupo de choque que agredió a los maestros disidentes en el Congreso Extraordinario de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue contratado por Alfonso Cepeda Salas, coordinador del Colegiado Nacional de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), quien fungió además como presidente en dicho evento.
Según el testimonio anónimo de docentes cercanos al SNTE, Cepeda Salas fue el responsable de contratar a ese “grupo de seguridad” para disolver el congreso en caso de que fuera necesario, es decir, si estuviese en riesgo la elección de una persona afín a la fracción institucional.
El equipo de seguridad contratado para el Congreso Extraordinario de la sección 34 trabaja en antros de Torreón y es coordinado por Jaime del Prado Hoyos, maestro de la escuela primaria anexa a la Normal de Torreón, Coahuila, quien aparece en fotografías y videos tomados en el evento realizado en el hotel Hacienda Baruk.
Maestros que atestiguaron el incidente del jueves pasado confirmaron que Del Prado Hoyos fue uno de los agresores, e incluso aparece quitándose el saco y camisa en uno de los videos que se difundieron en las redes sociales.
Del Prado Hoyos tiene antecedentes de violencia en el sistema educativo, al grado que fue exhibido en septiembre de 2013, en el portal de noticias Código Rojo Laguna, por haber golpeado severamente a un padre de familia, lo que generó inconformidad en los lectores.
Otro individuo identificado en los hechos violentos que se presentaron en el congreso de la sección 34 es Héctor Vladimir Barraza González, también originario de Torreón, quien tiene antecedentes de robo.
El Siglo de Torreón, en su edición del 10 de julio de 2015, publicó una nota informativa sobre la aprehensión de Barraza González en el momento en el que intentaba robar una agencia de turismo en Ciudad Acuña.
Posteriormente, el 12 de julio, el diario Zócalo de Saltillo publicó que la situación legal del consignado estaba por definirse y hasta ese momento solamente se había presentado una denuncia en su contra por parte de la encargada de la agencia.
El vínculo entre el equipo de seguridad encabezado por Del Prado Hoyos y Cepeda Salas, data de años atrás, cuando el funcionario del CEN del SNTE fue integrante del Comité Ejecutivo de la sección 38 de ese sindicato cuya sede es precisamente la ciudad de Torreón.
Al ser nombrado como presidente del Congreso Extraordinario de la sección 34 del SNTE, Cepeda Salas contrató a ese grupo para resguardar el evento, vigilar el acceso de los delegados y finalmente para agredir con sillas, golpes y pistolas eléctricas a los docentes.
La participación de ese funcionario en el evento se constata en el comunicado de prensa que emitió el SNTE el jueves pasado, en el que expone: “mientras se realizaban los trabajos del XXV Congreso Seccional, integrantes de la Coordinadora interrumpieron el acto democrático, efectuado conforme a lo que dicta el Estatuto, motivo por lo que el Presidente del Congreso, Alfonso Cepeda Salas, declaró la suspensión de los trabajos, toda vez que no había condiciones para continuarlos”.
El jueves 14 de julio, el equipo de seguridad contratado por el SNTE se posicionó en el acceso principal del hotel Hacienda Baruk para vigilar el acceso de los delegados. El resto de los accesos estuvieron resguardados por la Policía Estatal y Metropol.
Vestían traje color negro y camisa blanca e impidieron el acceso de los medios de comunicación, con el argumento que esa era la instrucción.
A los delegados les asignaron gafetes con cordón color blanco para los clasificados como “institucionales”, beige para los “democráticos” y negro para los “indecisos”.
Más tarde, al interior del salón Fenicia, comenzó la votación para elegir a quienes presidirían las mesas de debate. Los representantes del CEN contabilizaron más votos a favor de la fracción institucional, pero la disidencia exigió que los votos se contabilizaran uno por uno porque habían omitido muchos a su favor.
Víctor Hugo Montoya Gómez, dirigente del Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ), pretendió acercarse al presídium para exigir que los votos fueran contados otra vez, porque había la certeza que del total de los 378 delegados, 174 eran oficialistas y 204 disidentes.
Individuos de ese equipo de seguridad le cerraron el paso y más docentes se sumaron al intento de acceder al presídium, pero fueron repelidos con golpes y posteriormente con sillas y pistolas eléctricas. El saldo fue de 15 maestros lesionados, seis de ellos trasladados a hospitales cercanos.
Entonces Cepeda Salas suspendió el congreso y después, en la madrugada del viernes 15 de julio, fue reinstalado en un salón ubicado en el municipio de Villa de Cos, sólo con la presencia de 24 delegados efectivos y personal de logística del CEN del SNTE. Así, Soralla Bañuelos tomó protesta como secretaria general de la sección 34.
En tanto, Crescenciano Sánchez Pérez, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), afirmó que los sucesos violentos durante el Congreso Extraordinario de la sección 34 del SNTE fueron planeados para evitar que ganara la oposición.
“La parte oficial ya sabía lo que iba a hacer. Sabían que estaban a punto de que se los enchorizaran los democráticos, tenían el pulso de cómo estaba el sindicato, sabían que la tenían perdida y por eso lo planearon así”, expresó.Aquiles González Navarro, ex procurador de Justicia del estado, aseguró que los individuos que agredieron a los maestros eran paramilitares, es decir, personas con adiestramiento militar que pueden ser parte o no de un organismo de seguridad pública.
“Por la forma en que actuaron, fue un grupo paramilitar con el distintivo de la vestimenta. Está claro que fue un grupo de choque preparado para agredir con instrucción paramilitar y esa solamente la tienen los militares o ciudadanos que tienen adiestramiento militar”, dijo.
Asimismo, puntualizó que los elementos de la Policía Estatal y de la Metropol que resguardaban el hotel en ese momento incurrieron en el delito de omisión, pues no intervinieron en el altercado.
Al respecto, Marco Vargas, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que, al realizarse el evento en propiedad privada, la Policía Estatal no podía intervenir en la riña a menos que hubiese la petición formal del hotel.
“Cuando sucede el hecho, para que la policía estatal pudiera ingresar a una propiedad privada, requeríamos en ese momento que la propia dirigencia de la sección 34 solicitara a la gerencia del hotel que ingresara la Policía Estatal, ya que es quien tiene la posesión legal de esa instalación privada”, indicó.
Según expuso, ninguna autoridad puede ingresar a una propiedad privada si no hay una petición expresa y se puede entrar únicamente cuando se da la persecución de un delito, por ejemplo, cuando un delincuente ingresa a un domicilio.
Sobre la investigación del caso, la procuradora de Justicia, Leticia Soto Acosta, informó que la seguridad privada para el Congreso Extraordinario de la sección 34 del SNTE había sido contratada por el hotel Hacienda Baruk.
“La información que tenemos es que fue el propio hotel que le dio un servicio contratado al sindicato; en el contrato, según lo que hemos logrado investigar, se dice precisamente que la seguridad iba a correr a cargo de una seguridad privada contratada por el propio hotel”, dijo.
Sin embargo, en el documento que entregó la sección 34 del SNTE a la SSP, para solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad en el congreso, se establece que solamente sería para vigilar que en el exterior del inmueble no hubiese algún hecho que pusiera en riesgo la realización del evento, y que para la seguridad interior el sindicato se haría responsable con personal de seguridad privada.
De igual forma, el hotel Hacienda Baruk desmintió que haya sido el responsable de contratar personal de seguridad privada, como lo informó la procuradora, y precisó que fue el SNTE el que se hizo responsable de ello, sin que la empresa hotelera tuviera injerencia alguna.
