Ejidatarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, municipio de Jiménez del Teul, acudieron a la Procuraduría Agraria para entregar documentación en la que reiteran su postura de rechazo a la presa Milpillas; en ellos también proponen alternativas para atender la crisis hídrica en el estado, entre ellas tecnificar el campo, reparar la fuga de agua en zonas urbanas y revisar las concesiones de agua a los grandes corporativos.
En el documento destinado a la Procuraduría Agraria y a la presidencia de la República, señalan que en México no ha cambiado la política social, pues se siguen implementando políticas regresivas, adversas y en contra de los derechos fundamentales de los pueblos, “a quienes siempre se nos ofrecen dádivas que intentan, dicen, arreglar nuestra condición de marginalidad, discurso que ha dejado de tener impacto sobre nosotras y nosotros”.
Refieren que la Procuraduría Agraria se constituyó como una institución para proteger los derechos de quienes viven en núcleos agrarios y su obligación es garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra que es de las y los campesinos.
Sin embargo, señalan que desde 1992 su rol se ha convertido en un opositor y operador de los procesos relacionados con el despojo y el ingreso de megaproyectos y que han actuado en contubernio y colaboración con el Registro Agrario Nacional (RAN) y el TUA para entorpecer, estorbar, retardar o imponer actos ilegales de los cuales hay muchas experiencias.
Ante esa situación, indican que hay la expectativa de que haya una transformación profunda en este organismo y se espera que erradiquen sus prácticas nocivas, de forma que este es “un primer acercamiento a una institución más sensible, por lo que nuestra solicitud para usted es muy concreta: queremos que nos ayude y apoye a que se respete el pleno ejercicio de nuestros derechos como campesinas y campesinos, mismo que en el caso del proyecto que hoy nos convoca, ya lo hemos llevado y discutido en nuestras Asambleas en las que se ha determinado no a la presa Milpillas”
Asimismo, exigen que la Procuraduría Agraria no sea artífice de impulsar algún tipo de
consulta en sus territorios, ya que las referencias nacionales al respecto han contribuido a la continuidad del despojo. Por el contrario, se espera que esta instancia respete la libre determinación que como pueblos han asentado en las actas de sus Asambleas Agrarias.
Los ejidatarios refieren que tienen conocimiento sobre el grave problema de estrés hídrico en la zona conurbada que comprende a los municipios de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, pero hay estudios de especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Universidad Autónoma Metropolitana en los que han demostrado que, antes de imponer un proyecto que afectará a sus comunidades y ecosistemas que dependen de la cuenca, se deben revisar otras alternativas.
Entre las propuestas que plantean está la tecnificación del campo y la reparación del sistema de agua potable, ya que, en Zacatecas Capital, la fuga de agua se calcula entre un 40 y 60 por ciento, mientras que el déficit de agua sobrepasa el 200 por ciento, lo que significa que se necesitaría de siete presas similares a la que pretenden en Milpillas para contrarrestar este déficit de agua.
“También sabemos que hay grandes concesionarios de agua otorgadas a las empresas mineras, la cervecera, las empresas agroindustriales y a familias poderosas como la del gobernador David Monreal, que también tienen grandes concesiones, y que sólo el 11 por ciento de las concesiones de agua en México tiene un control a partir de medidores. Esto quiere decir que ni siquiera sabemos la cantidad de agua que consumen”, expone.
Por otra parte, refieren que durante los últimos 10 años los habitantes de sus comunidades han sido sometidos a en constante estrés, han violentado su derecho a vivir en condiciones de paz y tranquilidad y muchos de ellos tienen daños psicosociales relacionados con la amenaza del despojo y del desplazamiento forzado, ya que “nos han hecho saber, con ostentosos operativos policiacos, como el que recientemente encabezó el gobernador en el ejido de EI Potrero, generando miedo, incertidumbre y terror en nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos mayores”.
Finalmente, solicitan a la Procuraduría Agraria un pronunciamiento en el que deje clara su intención de favorecer a los ejidatarios en la protección de sus derechos.
