La acusación del Ministerio Público refiere que ambos estarían relacionados con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos obtenidos mediante contratos asignados de manera directa que fueron utilizados con empresas fachada que operaron durante la pasada administración federal y presuntamente prestaron servicios a la Secretaría de Gobernación.
El mandamiento fue otorgado por un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Funcionarios federales señalaron que auditorías realizadas a la Secretaría de Gobernación revelaron que la institución entregó los recursos a través de contratos que fueron otorgados a empresas dedicadas a realizar facturas por servicios o productos no entregados.
Supuestamente el despacho de Víctor Manuel Álvarez Puga sirvió de enlace para que los recursos se transfirieran a las empresas fachada e Inés Gómez Mont habría incurrido en defraudación fiscal también relacionada con las actividades de su cónyuge, sumando alrededor de 14 millones de pesos en adeudos fiscales.
Los cargos imputados no permiten la libertad bajo fianza, por lo que en caso de ser detenidos enfrentarán prisión preventiva oficiosa.
