■ Dice que la propuesta “se quedó corta” porque deben considerarse sanciones a quienes resulten responsables por la omisión grave de no dictar sentencia en un plazo de un año
Aquiles González Navarro, ex procurador de Justicia de la entidad, opinó que el decreto anunciado por la Presidencia de la República, para excarcelar a adultos mayores enfermos, personas que hayan sido víctimas de tortura y reclusos aprehendidos más de 10 años sin sentencia, simplemente significa el cumplimiento de la ley, ya que ningún juicio penal debe durar más de un año.
“Estábamos acostumbrados a que, al no aplicarse la ley, pensábamos que eso era lo correcto y que así debían ser las cosas, pero no, esto que está haciendo el presidente (Andrés Manuel López Obrador) no es más que cumplir con la ley. No es algo que esté inventando, está en la ley y es lo correcto”, expresó.
Por tanto, dijo que ese decreto no es más que el cumplimiento de la ley, pues la Constitución establece que ningún juicio penal puede tener una duración mayor de un año, pero hay asuntos de 5, 10 o más años sin llegar a sentencia.
En estos casos, señaló que inmediatamente después de detectarse la irregularidad, deben quedar en libertad, pero con consecuencias legales para los responsables de que el proceso no llegara a sentencia en un año.
González Navarro puso como ejemplo a una persona que lleva aprehendida 10 años y el juicio ordinario arrojó una sanción de uno o dos años de prisión, lo que indica que hubiese estado 8 años secuestrado en una cárcel. En consecuencia, situaciones como esta deben derivar en consecuencias para los responsables.
Entonces, “el planteamiento del presidente de dejarlos en libertad en realidad es una obligación del Estado, pero debe sancionarse a quienes tengan la responsabilidad de esa irregularidad en los procesos penales, porque es un delito que comete la misma autoridad al no dictar sentencia”.
En ese sentido, consideró que el decreto “se quedó corto” porque deben contemplarse sanciones a quienes resulten responsables por la omisión grave de no dictar sentencia en un plazo de un año.
En el caso de las personas aprehendidas que fueron torturadas, afirmó que es correcto que se les deje en libertad porque las confesiones obtenidas mediante ese mecanismo no tienen validez legalmente.
Asimismo, González Navarro indicó que la libertad de las personas de edad avanzadas y enfermas “es un asunto de imputabilidad. La edad hace al ser humano inimputable porque desarrolla alguna forma de incapacidad, por lo que es totalmente correcto y es lo que debieron hacer hace mucho tiempo los presidentes y los gobernadores”.
“La gente se asusta porque está dejando en libertad a los delincuentes, pero está cumpliendo con la ley y tiene la obligación de hacerlo de acuerdo con la Teoría del Delito”, dijo.
Por último, manifestó que el gobernador Alejandro Tello debería iniciar con la revisión de los casos que ameritan excarcelación y, en caso de no alcanzar, David Monreal “debe hacerlo inmediatamente cuando llegue con todos los casos no de 10 años sin sentencia, sino de más de un año”.
